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El presidente Álvaro Uribe arreció en su defensa de las Fuerzas Armadas ante el escándalo por los llamados falsos positivos y al participar en la conmemoración de los 100 años de la Escuela Superior de Guerra —vía teleconferencia desde Cartagena—, denunció la existencia de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos, que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública”.
Según el Primer Mandatario, así como las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional denuncian algunos casos de violación de derechos humanos que se han presentado en las instituciones del país, también se deben señalar las falsas acusaciones que hacen grupos nacionales e internacionales. “Conocemos 85 casos de acusaciones de violación de derechos humanos que han sido devueltos por la justicia ordinaria a la justicia penal militar, porque la justicia ordinaria no encontró méritos. Ya hay muchas preclusiones, abstenciones de medida de aseguramiento y sentencias absolutorias”, agregó.
Y nuevamente, retomando las palabras dichas en la clausura del Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración el miércoles pasado, el jefe de Estado instó a organizar de inmediato la defensa judicial de soldados y policías: “Así como nosotros sufrimos la pena de tener que denunciar, sancionar una violación de derechos humanos, de ver llevar a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados, asimismo nosotros tenemos que asumir, sin temor, la defensa de nuestros hombres y de nuestras instituciones contra las falsas acusaciones”.
Aunque el presidente Uribe no identificó a las organizaciones que, según él, están financiando a abogados para desprestigiar a la Fuerza Pública, las reacciones de la oposición y de algunas ONG involucradas en las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales no se hicieron esperar. El senador liberal Juan Fernando Cristo aseguró que el Primer Mandatario no puede lanzar “acusaciones al aire” y le hizo un llamado para que revele los nombres de esos supuestos abogados y organizaciones que se dedican a desprestigiar a los militares. “Así como el presidente Uribe se preocupa por ese tema, lo mismo debería hacer con las víctimas de la violencia, donde al Gobierno poco le interesa un proyecto de ley que sobre el tema cursa en el Congreso”, señaló Cristo.
Por su parte, el también senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, manifestó que las afirmaciones del jefe del Estado demuestran que no tiene confianza en la justicia colombiana. “Por respeto, Uribe debería guardar silencio y esperar el resultado de las investigaciones que se adelantan”, subrayó. Precisamente, en una reciente entrevista, el fiscal general Mario Iguarán habló de “algunos incidentes” en la labor investigativa de los falsos positivos, calificando como “grave” una especie de “sicariato moral contra los fiscales en el propósito de deslegitimar su tarea”.
El duro pronunciamiento presidencial se da en el momento en que la Fiscalía comenzó a hacer efectivas las capturas de integrantes del Ejército, presuntamente vinculados en falsos positivos. En los últimos ocho días se ordenó llevar a prisión a tres coroneles, además de otros oficiales de menor rango, suboficiales y soldados. Ya en octubre del año pasado, el Gobierno había destituido a 27 militares porque, por acción u omisión, participaron en ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en lo que tuvo que ver con los casos de Soacha. Actualmente, según Iguarán, la Fiscalía investiga los asesinatos de 1.666 personas y por lo menos 400 militares están vinculados a investigaciones penales por presuntos falsos positivos.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que además de falsos positivos ahora lo que se está viendo son falsas argumentaciones por parte del Gobierno. “No son más que sofismas de distracción. El problema grave es el de los asesinatos comprobados de civiles por fuera de combate que son mostrados por el Ejército como guerrilleros. Si hay falsas denuncias, que se investiguen, pero decir lo que dice el Presidente sin especificar nada, no contribuye a mejorar la situación de derechos humanos en el país. El corazón del Presidente no está del lado de las víctimas, sino del de los victimarios”, indicó.
Aunque hay quienes consideran que las palabras del Presidente pueden tener repercusiones más allá de las fronteras, teniendo en cuenta de que habló de organizaciones internacionales “con sesgos ideológicos” como responsables de la estrategia de desprestigio contra la Fuerza Pública y de la necesidad de organizar la defensa de ésta, para el profesor de la Universidad Javeriana Rafael Prieto Sanjuán, experto en Derecho Internacional Humanitario, “es usual que haya un equipo de defensa, incluso no ad hoc sino de manera permanente, que acompañe al Estado y a sus funcionarios”, lo cual “hace parte de la política integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa”.