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Enhorabuena el Consejo de Estado reconoció la legitimidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) como actor decisivo en el sector de televisión.
Después de la reforma constitucional que suprimió a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), la última ley del sector (1507 de 2012) ajustó a trancazos su institucionalidad. Las funciones del ya liquidado ente constitucional se desguazaron sin técnica ni piedad. Para unos asuntos se creó la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que conjuntamente con la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la CRC tiene la tarea de gobernar.
En extensa sentencia (172 páginas) publicada en días pasados, el Consejo de Estado resolvió en segunda instancia una acción popular instaurada hace cuatro años frente a las múltiples irregularidades en las que incurrió la CNTV en el proceso de licitación del tercer canal privado de cubrimiento nacional.
Con el fin de proteger los derechos colectivos, la sentencia le ordena a la CRC que, en el término máximo de ocho meses, expida las normas generales necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado de televisión, el acceso a las redes y los aspectos generales de la prestación del servicio.
La tradición institucional de la CRC y su conocimiento de mercados más complejos, como el de telecomunicaciones, llevan a pensar que será bastante provechosa su intervención en el cada vez más complejo mercado audiovisual y frente a realidades que parecen superar a la ANTV.
A propósito. La franja de opinión a la que le conviene hacer creer que la anterior licitación del tercer canal se hundió por la presión mediática de los actuales canales privados está obligada a leer la sentencia que comentamos. En esta providencia quedan en evidencia los gestores del fracaso, los mismos culpables de la desaparición de la CNTV, sumida en el desprestigio.
El anterior gobierno pudo haber influido de manera decisiva en el fallido proceso de adjudicación del tercer canal; en contra de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, como se declara en la sentencia que comentamos. Ese afán generó una cadena de desafueros que —otra vez— reprocha con severidad el Consejo de Estado.
@jcgomez_j
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