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La política de seguridad democrática, eje del gobierno Uribe Vélez y pretexto que anima el propósito reeleccionista de los seguidores acérrimos del Primer Mandatario, ocupa hoy el centro del debate económico, político y judicial del país. Pero más allá del dilema electoral, en las últimas horas han surgido dos escenarios más de controversia: ¿quiénes deben financiarla y cuáles son los colombianos idóneos para cumplir el papel operativo de garantizar esa seguridad en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional?
En primera instancia, a raíz de una sentencia del Consejo de Estado que ordenó indemnizar a un soldado regular que resultó malherido cuando desarrollaba labores de inteligencia táctica en Caquetá, y que dispuso que este tipo de integrantes de la Fuerza Pública no está para ir a la guerra sino para cumplir tareas de beneficio social y preservación del medio ambiente, varios generales de la República expresaron su desacuerdo, en particular, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, lo calificó como “catastrófico”.
En la actualidad, el Ejército dispone de 103.616 soldados regulares y bachilleres; 25.202 soldados campesinos y 85.056 soldados profesionales. La sentencia, en la práctica, deja por fuera de acciones como la protección de carreteras, torres de energía, oleoductos o cascos urbanos de zonas de orden público a una suma superior a los 128.000 hombres, algo así como el 76,42% del Ejército y el 50% de la Armada, como lo admitió el propio Padilla de León. Razón de peso para entablar el debate sobre la conveniencia del fallo.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en apoyo al general Padilla, resumió en pocas palabras el sentir de los oficiales: “Prácticamente el Ejército y la Armada quedarían sin capacidad para combatir. Es una sentencia que trae graves repercusiones para nuestras Fuerzas Militares, que combaten a diario el narcoterrorismo”. Sin embargo, no es la primera vez que el Consejo de Estado falla en ese sentido. Desde hace dos años sostiene la misma jurisprudencia, recalcando que quienes prestan el servicio militar obligatorio no pueden ser comprometidos en labores tácticas u operativas de la guerra.
En otras palabras, no es una polémica nueva, pero se recicla ahora, en la antesala de tiempos electorales, recobrando una discusión de fondo: ¿quiénes le están poniendo el pecho a la guerra? No cabe duda de que la profesionalización de las Fuerzas Militares es el objetivo deseado, pero en un país con permanente orden público alterado, ¿puede ser suficiente con los soldados profesionales? Lo cierto es que, en buena parte, el sustento de la política de la seguridad democrática descansa en el esfuerzo de los soldados regulares y bachilleres. ¿Es justo y equitativo?
En un plano alterno de la discusión pública, el presidente del Grupo Aval, hoy el mayor consorcio financiero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, propuso que el tributo para la seguridad democrática se extienda a todos los colombianos de manera proporcional y que, además, se reglamente de una manera permanente en la legislación del país. Es decir, en palabras de Sarmiento: “Si todos contribuimos con el impuesto de educación y de salud, que el servicio de seguridad y defensa sea también con el concurso de todos”.
Desde el ascenso a la Casa de Nariño del presidente Álvaro Uribe Vélez, uno de sus lineamientos económicos ha sido estabilizar la financiación de su proyecto bandera. Por eso, en principio, sacó adelante el impuesto a la seguridad democrática, regulado por facultades de conmoción interior, y en los últimos tiempos este componente fue incorporado a la política tributaria sobre la base de que quienes posean capitales superiores a los $3.000 millones, sean quienes más aporten al sostenimiento de esta política de seguridad.
Según cálculos recientes, en 2007, por este conducto se recaudaron $1,2 billones, sólo con el pago de dos cuotas. En 2008, el recaudo alcanzó la cifra de $3,3 billones. En la actualidad, con la perspectiva de una economía pasando por los altibajos internacionales, la meta de recaudo tiene un estimativo de $2,64 billones. Sin embargo, el impuesto para financiar el programa más emblemático de esta administración tiene vigencia hasta 2010 y desde ya está claro que se requiere renovar la fórmula para garantizar tan estimado objetivo ciudadano.
En tal sentido, la propuesta del banquero Sarmiento Angulo abre otro escenario de la controversia. ¿Cuál es el modelo económico ideal para que la seguridad democrática se construya como un esfuerzo colectivo? Al igual que el tema de los soldados regulares, un aspecto que urge los puntos de vista de quienes atacan o defienden esta política. El propio Presidente, esquivando su nombre, sostiene que es la seguridad democrática la que debe ser reelegida. Si ello es así, ya hay dos componentes que reclaman propuestas y debate ciudadano.
Juan Camilo Restrepo, ex minhacienda
“No me parece acertado ni oportuno el planteamiento del doctor Sarmiento de que todos los contribuyentes colombianos soporten, con más cargas tributarias, los gastos militares. Este es el peor momento para subir los impuestos, porque estamos en plena recesión.
Los tributos para la seguridad democrática los había planteado el Gobierno como transitorios, para comprar y modernizar equipos, me parece entonces que no tiene ninguna lógica volverlos tributos permanentes. Eso contradiría gravemente el esquema que diseñó y propuso inicialmente esta administración.
Sobre el fallo que prohíbe que los soldados regulares combatan en el conflicto colombiano, me parece muy grave porque se estima que ellos representan el 50% de los contingentes que están al frente de las acciones de orden público. A primera vista me parece muy delicado”.
Guillermo Botero, presidente de Fenalco
“Discrepo del doctor Sarmiento. Me parece que uno de los grandes errores que hubo en el pasado fue el impuesto de patrimonio y volver a él es un retroceso, sería como volver a grabar los dividendos. El país dio una lucha durante muchos años para no tener doble tributación, y con esta medida perderíamos esa lucha. Diría que es altamente inconveniente, es una medida que no estimula la economía. El tema de un impuesto temporal en su momento fue una buena decisión, de cara a ello se logró la financiación de los $8,2 billones con los que se abastecieron las Fuerzas Militares colombianas, pero en este momento no es conveniente.
En cuanto al fallo del Consejo de Estado, genera preocupación, implicaría que todos los soldados se vuelvan profesionales, y mientras tanto habrá un proceso de transición. El problema no es estar de acuerdo o no con el fallo, porque se deben respetar las decisiones de los jueces. Lo importante es tomar medidas para que en el futuro no se vean perjudicadas las Fuerzas Militares”.
Jorge Molano, litigante
“El fallo del Consejo de Estado es un paso inicial para que evolucione de ser un servicio militar obligatorio a ser uno social, que construya la paz y no la guerra, y está en el marco de las tendencias mundiales. Los sectores más desfavorecidos de la población son los que se están poniendo como carne de cañón, los que están siendo llevados al campo de batalla, y al país le urgen mecanismos para alcanzar una solución negociada del conflicto.
Sobre la propuesta de Sarmiento, el punto es a quién le sirve la guerra en el país. Las cargas impositivas deben ser proporcionales a los ingresos y a los beneficios que se reciben. Pero resulta un despropósito pensar que todos deben participar en la seguridad democrática, cuando los beneficios resultan siendo particulares, cuando las actuaciones de la Fuerza Pública se han venido estructurando para proteger intereses económicos”.
Rafael Pardo, ex ministro de Defensa
“El fallo me parece equivocado. Creo que no es consecuente con la Constitución que establece un servicio militar que, por supuesto, implica riesgos. No puede ser que quienes presten ese servicio tengan menos riesgos que el resto de los ciudadanos, cuando lo único que tienen que hacer es defendernos. Me parece que es una decisión equivocada.
Considero que se debe buscar la manera jurídica de revisarlo, porque en estos momentos no tiene ni lógica constitucional ni de seguridad. Al ser obligatorio el servicio militar, implica que quienes son llamados tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.
Sobre un impuesto específico a la guerra preferiría no pronunciarme. Lo que en Colombia se necesita es una reforma que produzca equidad tributaria, la que actualmente no existe. Sería que a iguales ingresos, iguales impuestos, y habría que eliminar las exenciones”.
Senadora Marta Lucía Ramírez
“Los fallos de la justicia son de obligatorio cumplimiento. No creo que en este caso exista algún recurso, y si lo hay, sería deseable que el Gobierno y las Fuerzas Militares le explicaran al Consejo de Estado el proceso de entrenamiento de los soldados regulares.
En Colombia, que es un país que todavía no ha terminado el conflicto, todas las actividades en principio se podría decir que son riesgosas, y con esa tesis llevaríamos al desmantelamiento del Ejército, cosa que es totalmente inaceptable en un momento en el que el Estado colombiano está tomando la ventaja. Lo importante es el entrenamiento y la capacidad operacional que se tenga, porque de lo contrario estaríamos llevando prácticamente al desmantelamiento del Ejército. De otro lado, estoy de acuerdo en que todos paguen el impuesto a la guerra, porque necesitamos que el presupuesto de la Fuerza Pública esté incluido dentro del presupuesto nacional. Nosotros no podemos estar atendiendo un conflicto con ingresos extraordinarios. Hoy Colombia no puede reducir el tamaño de la Fuerza Pública”.
Harold Bedoya, general de la República
“Ese fallo es violatorio a la Constitución, porque ésta dice que todos los colombianos, sin distingo alguno, deben defender al Estado cuando las circunstancias lo ameritan. Este hecho divide al país, porque estamos hablado de soldados campesinos, regulares y bachilleres, y los colombianos somos uno y no somos más. Pensar que 45 millones de colombianos van a ser defendidos por 85 mil soldados, eso sólo cabe en las cabezas de los miembros del Consejo de Estado. Creo que esta gente no ha entendido lo que es el Ejercito, no sé si ellos prestaron el servicio militar, pero me temo que no, porque ese fallo adolece de conocimiento y sí contiene mucha ignorancia. Sobre la propuesta del doctor Sarmiento, creo que si todos los colombianos pagaran el impuesto de guerra sería un aporte importante en la defensa del Estado, y todos debemos ayudar.