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Este lunes el Gobierno Nacional presenta, oficialmente, el nuevo Conpes de Inteligencia Artificial (IA), con el que define las medidas que tomará el estado colombiano para impulsar y controlar el desarrollo de estas tecnologías hasta 2030. En otras palabras, define, en parte, su rumbo desde el sector público.
Como explica Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigador sobre IA, un Conpes “es una política pública en la que se priorizan acciones para lograr ciertos objetivos. En el caso de la IA, que ya está teniendo impactos positivos y negativos, el Estado definió cómo puede ser un catalizador y un promotor de un ambiente que sea propicio para su desarrollo, pero también para impedir, en cierto grado, los daños que puede causar a los ciudadanos y las empresas”.
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En el documento, el Gobierno se compromete con 106 acciones que implementarán los diferentes ministerios y entidades con el respaldo de una inversión cercana a los $450.000 millones en los próximos cinco años, a través de varias líneas de acción.
En el Conpes son claras las prioridades para repartir esa torta de inversión. Por ejemplo, más de la mitad de estos recursos, $284.148 millones, se destinarán a la infraestructura y la calidad de datos para estos sistemas. En contraste, solo se invertirán $11.000 millones en impulsar la investigación en IA y $7.000 millones en la prevención y mitigación de daños.
Para justificar este uso de los recursos del Presupuesto Nacional, los diferentes sectores del Estado detectaron algunas falencias o situaciones indeseadas que podrían empeorar en los próximos años si no se toman acciones.
Las desafíos de la IA en Colombia
Entre las falencias que se registran en el país, el documento menciona la baja capacidad de infraestructura tecnológica para el desarrollo de sistemas de IA, el potencial desplazamiento de la mano de obra por la adopción de estas tecnologías y las barreras que existen para implementarla de manera equitativa, entre otros desafíos.
Uno de los puntos clave es la brecha digital que persiste en el país. De acuerdo con las cifras más recientes del DANE, alrededor del 36,1 % de los hogares colombianos carece de acceso a internet fijo o móvil y solo el 41,4 % de los hogares localizados en centros poblados y zonas rurales dispersas cuentan con servicio de internet. Esto implica que una gran parte del territorio nacional no puede interactuar con la IA.
A esto se suma, según el Conpes, que el sistema de educación colombiano no tiene herramientas para medir las habilidades digitales de los estudiantes, y, en general, la apropiación que le están dando los ciudadanos a estas tecnologías.
Otro tema que resalta el documento es la falta de inversión tanto del sector público como privado en IA. De acuerdo con el Global AI Index, en 2023 la inversión en IA en Colombia fue USD $36,3 millones, mientras que la inversión de países como Brasil y Argentina es superior a los USD $100 millones. Lo mismo parece ocurrir a nivel empresarial: en 2022 la inversión en IA fue de USD $35 millones, ocupando el sexto puesto luego de países como Brasil (USD $769 millones), México (USD $259 millones) y Chile (USD $80 millones).
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Otro dato no se puede dejar de lado: entre 2019 y 2023 Colombia solo presentó una solicitud de patente de inteligencia artificial (IA). Brasil presentó más de 305 y México, 86.
De hecho, en el Conpes, el Gobierno admite que, si bien se ha avanzado en espacios como la Mesa Interinstitucional de IA —liderada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)—, o de articulación con la Hoja de Ruta de IA del Ministerio de Ciencia, estas no están integradas completamente en las estrategias del Estado, ni hay instrumentos para verificar su cumplimiento.
Sin embargo, Colombia se encuentra un poco por encima del promedio al ocupar el puesto 48 de 138 en el Índice global de IA Responsable 2024. Algunos de los puntos de mejora, de acuerdo con el informe, es mejorar sus capacidades de gobernanza en la materia.
Al mencionar los riesgos que implican estas tecnologías, el Conpes indica que es “importante subrayar que la generación de contenido falso usando sistemas de IA afecta particularmente a mujeres y niñas. A lo anterior, hay que sumar que alrededor del 95 % de los deepfakes en internet son de contenido sexual no consentido, lo cual afecta a las víctimas en múltiples dimensiones de su vida, según ha informado la Fundación Karisma”.
Los nuevos compromisos de cada ministerio
Ante estos retos, el Conpes detalla los compromisos que tomarán cada una de las entidades. Por ejemplo, frente a la posibilidad de la pérdida de empleo, se le dio al Ministerio del Trabajo la responsabilidad de realizar monitoreos del mercado laboral para atender esta medida.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia se comprometió este año a sacar el Consejo Asesor Nacional de Expertos en Inteligencia Artificial (CANAI), que ya pasó por un proceso de comentarios, pero cuyo lanzamiento sigue siendo incierto pues, El Espectador le ha preguntado en numerosas ocasiones a esta cartera sobre este, y, hasta el momento, no han dado respuesta.
Para mejorar la conectividad, el Ministerio de las TIC y la Agencia del Espectro asumieron la responsabilidad de realizar algunos ajustes en el mercado para asegurar que la conectividad sea más barata en las zonas más apartadas del país. Por su parte, el DANE realizará, ahora, cada dos años, una encuesta de “pobreza digital”, para conocer cómo evoluciona la brecha en esta materia.
El Ministerio de Salud deberá realizar un estudio sobre el efecto en la salud mental del uso de IA en los colombianos y, en temas de educación, además de mejorar la oferta de equipo y programas de IA en los entornos escolar, el Ministerio de Educación elaborará en 2025 un apartado sobre estas tecnologías para el Uso Seguro de las Tecnologías de Información.
“Además del tema de la brecha, se tiene que crear una cultura digital que convierte en expertos quienes usen la IA de manera crítica y no aquellos que saben utilizarla sin ningún componente agregado. Ese tema no está muy explícito en el Conpes, pero puede ser una manera de evitar esas brechas en el uso de esta tecnología”, precisa Camilo Rocha, decano de la facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Javeriana, que agrega que la política pública no aborda el dilema ambiental que implica el uso de estas tecnologías.
Frente a las mejoras en la innovación, se lanzará un “mecanismo para financiar a través de Joint Call para proyectos de investigación y desarrollo en IA, liderados por universidades, centros de investigación y desarrollo, y empresas desde un enfoque territorial. Esta acción iniciará en 2025 y finalizará en el 2026”, según el Conpes. Además de esto, se estudiará cómo la IA puede apalancar los procesos de transición energética en el país.
Para algunas organizaciones, una de las grandes deudas del Conpes es que no aborda los riesgos que implica la IA para las democracias, si bien menciona el riesgo de la desinformación, no anunció ninguna acción en esta dirección.
Incluso IVADO, una organización internacional de investigadores que busca un desarrollo seguro de la IA, había recomendado recientemente a los Estados “actualizar las normas electorales para garantizar que los políticos, los partidos políticos, las empresas tecnológicas y los votantes sepan con precisión cómo pueden utilizarse los medios sintéticos para las actividades relacionadas con las elecciones; qué usos de los sistemas de IA están prohibidos o limitados en el contexto de las elecciones; y cómo se asigna la responsabilidad cuando se incumplen los deberes establecidos por las normas electorales”.
Otras de las preocupaciones de expertos es que el Estado no abordó el tema de la transparencia de algoritmos para la toma de decisiones en el sector público.
“Si bien es un gran inicio, algo claro es que el Gobierno no se comprometió con el tema de la regulación de la IA”, dice Gutiérrez, investigador de la IA de la Unesco. “En el Conpes pudo tomar una posición clara frente a la materia, pero lo deja un poco a la deriva y deja que el Congreso se lleve el protagonismo, con una multitud de proyectos que no siempre están bien formulados”.
A lo que se refiere Gutiérrez es que en los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso para regular a IA lo que ha habido es “una gran variedad definiciones y de enfoques, copiando por ejemplo la propuesta de la Unión Europea, que impide medidas para proteger a los usuarios”. Además, señala, otros proponen una serie de principios para el desarrollo de la tecnología, mientras que otra parte sugiere la creación de una instancia especial para regular esta tecnología.
Parece, entonces, que el Conpes es apenas el inicio de un extenso camino para que Colombia aborde la inteligencia artificial.
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Por Fernán Fortich
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