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En un auditorio repleto de víctimas, cuatro exmandos medios del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc reconocieron en una audiencia pública los horrores que causaron a cientos de personas que fueron víctimas de sus secuestros. Lo hicieron durante dos audiencias históricas para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues es la primera vez en la historia de este sistema de justicia que exjefes que no pertenecieron a la cúpula de la guerrilla aceptaron sus responsabilidades en una política criminal que marcó las dinámicas de un conflicto armado que duró más de 50 años.
En los actos, que se realizaron en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Bucaramanga (Santander), estuvieron los comparecientes Erasmo Traslaviña, alias “Jimmy Guerrero”; Pedro Trujillo, alias “Alberto Cancharina”; Jairo Cala Suárez, alias “Jairo Mechas”, y Fabio Gil Forero, alias “Norbey Narváez”. Los cuatro aceptaron 189 plagios documentados y atribuidos a este bloque, una exigencia que las víctimas le pidieron a la JEP, pues desde el nacimiento de esa jurisdicción, solo quedó contemplado que los miembros del Secretariado serían los llamados a responder como máximos responsables. Sin embargo, la JEP evidenció que esas responsabilidades iban mucho más que solo los integrantes de la cúpula.
La magistrada Julieta Lemaitre recopiló en el caso 01 cómo se gestó la política de secuestro, creada e implementada por el Secretariado de la antigua guerrilla, no solo para financiar su movimiento armado, sino para forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población. Presidiendo esta audiencia, la magistrada señaló que esta política tuvo sus particularidades en cada bloque, pero en el de Magdalena Medio, que se asentó en Santander, zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar, se caracterizó “por el inicio temprano de la guerra con el paramilitarismo en los años 80”.
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Aunque las Farc llegaron a la región en 1967, el Bloque Magdalena Medio se conformó en 1993 y se financió del tráfico de coca, minería ilegal, tráfico ilícito de gasolina y de secuestros y extorsiones. Todas estas economías fueron disputadas con grupos paramilitares, e, incluso, un plagio de este bloque llevó a la creación de las autodefensas de Puerto Boyacá. En 1983, la guerrilla secuestró en Boyacá al ganadero Gonzalo Pérez y, como respuesta, su hijo, Henry Pérez, pidió ayuda al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, para crear su propio grupo armado y enfrentar a las Farc. Una consecuencia de las muchas que dejó este grupo en la región.
El secuestro como control territorial
En la primera jornada, del pasado 10 de diciembre, la magistrada Lemaitre centró la audiencia en los secuestros que cometió el Bloque Magdalena Medio como forma de control en los territorios. “Estas privaciones fueron usadas como una estrategia para investigar a quienes la antigua guerrilla consideraba sus enemigos por tener cercanía con el Ejército o supuestamente con los paramilitares. En la investigación encontramos que muchas veces esto no era cierto. Además, los secuestros también eran una forma de castigo, o un medio para generar el vacío de poder sacando a las autoridades locales, o una forma de vigilar a los funcionarios públicos y, a veces, con el fin de imponer trabajos forzados”, relató Lemaitre.
La primera víctima en hablar fue Adriana Cárdenas. Su esposo, Jhon Alexander Contreras, fue secuestrado por las Farc el 12 de agosto de 2002. Como homenaje, la mujer recordó a su esposo como “un hombre hermoso y con toda una vida por delante. Vida que nada ni nadie le podrá devolver. Jhon Alexander fue acusado de ser colaborador de los paramilitares y por este motivo lo secuestran”. Con su hijo de un año en brazos, Adriana, “movida por la fuerza del amor y con tan solo 19 años que tenía en ese momento”, viajó desde Barrancabermeja (Santander) hasta Yondó (Antioquia), a un campamento de las Farc, donde el comandante le dijo que su esposo estaría bajo investigación por cinco años.
“Con el paso de los años, no solo han pasado cinco, sino 23 largos años de una incertidumbre, de una angustia, de una zozobra que hoy damos fe”, señaló Adriana. El pasado 19 de noviembre, exmandos del Bloque Magdalena Medio aceptaron que lo asesinaron, pero todavía no se sabe dónde quedaron sus restos, una exigencia que mantiene firme la familia. Al testimonio de Adriana respondió el compareciente Jairo Cala, alias “Jairo Mechas”, quien reconoció el secuestro y posterior asesinato. “Asumimos nuestra responsabilidad por las afectaciones físicas, psicológicas y morales que causamos a usted y a su familia. Con esta audiencia no termina nuestro compromiso de trabajar el cuerpo de Jhon Alexander”.
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La magistrada Lemaitre también presentó la historia de Campo Elías Serrano Peña, secuestrado en 1985 por las Farc y estuvo 17 años en prisión tras ser obligado por la guerrilla a aceptar el asesinato de una persona. Un crimen que nunca cometió. Desde una silla de ruedas, tras quedar inválido por los tratos que recibió en su secuestro, Campo Elías, oriundo de Santander, contó en la audiencia que su primera arma la cargó a los 5 años y se la enseñó a manejar las Farc. Huyendo de ser reclutado por la guerrilla, Campo Elías se unió a la Fuerza Aérea Colombiana “con muchos anhelos y con ganas de vivir y lograr cosas para mi familia, pero me convertí en un objetivo militar para las Farc y me secuestraron”.
Durante su cautiverio contó que vivió varias torturas, pero “hay un vejamen que, por mi hombría y por el dolor de mi cuerpo y mi alma, a mí me amarraron de mis partes íntimas y jugaron con mi cuerpo como si fuera un muñeco. ¿Ustedes les hacían eso a todos los militares que secuestraban?”, preguntó, sosteniéndole la mirada a los exmandos guerrilleros que estaban en la otra mesa en el escenario. Pedro Trujillo, alias “Alberto Cancharina”, le respondió que, “con este secuestro, empañamos su buen nombre. Tenemos que decirle, con vergüenza y con un grado grande de culpabilidad que usted no fue un sicario, que asumió un delito que no había cometido y que lo hizo por miedo a ser asesinado”.
El secuestro como financiación
Al siguiente día, el 11 de diciembre, la audiencia de reconocimiento fue por los crímenes cometidos en los secuestros en los que se condicionaron pagos millonarios para la liberación de las personas. Al Bloque Magdalena Medio, el Secretariado de las Farc le exigió una cuota de un millón de dólares cada dos años. Con esa orden, el bloque secuestró a comerciantes, ganaderos, conductores y agricultores. La directriz de la antigua guerrilla contemplaba que las víctimas debían tener un patrimonio de un millón de dólares, pero en la realidad esto no se cumplió y las Farc terminaron secuestrando personas de todo tipo, muchas de las cuales quedaron en la ruina o con grandes deudas luego de pagar su liberación.
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Una de esas historias es la de Alfonso Pinto Castellanos, secuestrado por el Bloque Magdalena Medio entre el 12 de octubre de 1983 y el 24 de febrero de 1984. Alfonso contó que, al ser su padre, Carlos Pinto, un político reconocido y ganadero, la guerrilla les exigió COP 10 millones o, de lo contrario, su hijo sería secuestrado. “Mi padre les dijo que se quedaran con la finca y que nosotros nos íbamos”, contó Pinto, pero las Farc no aceptaron y, desde ese momento, quedó en cautiverio. “Me dijeron que alistara ropa, y yo solo alisté una muda de ropa porque, si me van a matar, ¿yo para qué llevo ropa? Mi padre estaba sentado y yo no fui capaz de despedirme”, narró Alfonso Pinto sobre el día de su secuestro.
El relato que siguió fue la larga caminata hasta el lugar donde estuvo casi cinco meses secuestrado, tiempo en el cual los guerrilleros nunca le hablaron y, en una totuma, Alfonso comenzó a hacer una raya por cada día para no perder la concepción del tiempo. Al final, su familia tuvo que pagar COP cuatro millones por su liberación, porque los dos millones iniciales reunidos por su familia fueron robados por un guerrillero. El exmando Erasmo Traslaviña, alias “Jimmy Guerrero”, aceptó este crimen y pidió perdón tanto por “el daño psicológico y físico como el daño económico, y por todo esto que nos ha dicho sobre tantas tragedias y pesadillas que le tocó vivir”, expresó Traslaviña.
“Quiero traer aquí la voz de mi padre, la que la guerra silenció. Me hubiera gustado que fuera él quien estuviera acá dando el testimonio, pero estoy yo, su hijo, que heredó su voz y su verdad”, comenzó su relato Yeferson Mario Suárez. El 20 de septiembre de 1997, las Farc secuestraron a su padre, Mario Hernando Suárez, entonces candidato a la Alcaldía de Landázuri (Santander). Su cautiverio duró 36 días, pero Yeferson señaló que “el hombre que volvió ya no era el mismo, estaba emocionalmente destruido, vuelto nada”. El secuestro de Mario Suárez fue ordenado por el entonces comandante del Bloque Magdalena Medio, Pastor Alape Lascarro, alias “Pastor Alape”, exmiembro del Secretariado de las Farc.
La orden se dio en medio de la operación “Despedida de Samper”, que buscaba evidenciar que el Estado colombiano no tenía control en los territorios. Con esta operación, la guerrilla secuestró a varios candidatos y autoridades locales. La violencia contra la familia Suárez no terminó con el secuestro, pues su padre fue señalado como guerrillero y tuvieron que desplazarse por las amenazas de paramilitares. En julio de 2008, Mario Suárez fue asesinado, de acuerdo con su hijo, por miembros del Ejército por denunciar unos “falsos positivos”. Erasmo Traslaviña aceptó ser “el autor intelectual” del crimen, y reconoció, como lo pidió Yeferson Mario Suárez, que su padre “nunca tuvo vínculos con la antigua guerrilla”.
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Luego de contar cada una de estas historias, las víctimas prendieron velas que iluminaron sus rostros serios y, en algunos casos, con lágrimas. La historia de cierre fue la de Ana Ilbia Ariza, secuestrada el 14 de octubre de 2000, cuando era candidata a la Alcaldía de Jesús María (Santander). En los 17 días que duró su plagio, “fui víctima de violencia sexual, de maltrato psicológico, golpeada, aguanté hambre y tengo secuelas en mi cuerpo”. Para Ana, esas velas que iluminaron por última vez el auditorio “significan la luz que nosotros tenemos en este momento para seguir adelante. Para lograr borrar todo ese pasado que tuvimos y, con esa luz, empezar una nueva vida”. Ahora, la JEP elaborará la resolución de conclusiones para que el caso pase al Tribunal para Paz y sea esta instancia la que defina las sanciones.
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