El culebrón del «Burro Mocho»

Cierto es que la decisión del procurador general fue exagerada, pero en los últimos cuatro meses se han desatado una serie de hechos jurídicos y políticos que nos acercan más a una “banana republic” que a la nación con tradición jurídica que siempre habíamos creído ser. En 48 horas tuvimos tres alcaldes en nuestra capital; el juez que tomó la decisión de tutela a favor de restituir al alcalde fue un juez de tierras, ello después de fallarse más de 30 tutelas sobre el mismo asunto jurídico; hemos tenido dos cancelaciones para las elecciones de revocatoria y ahora ésta revive, pero no se sabe por cuánto tiempo, porque todo depende de una hipotética y futura decisión de fondo del Consejo de Estado respecto de la acción de nulidad instaurada por los abogados del señor Petro, entre otras perlas jurídicas. ¿Es esto, o no, digno de un acto circense?

Es necesario hacer varias reflexiones después del lamentable show de variedades en que se ha convertido Bogotá:

1. ¿Deben ser revisadas las atribuciones de la Procuraduría en cuanto a las sanciones a funcionarios de elección pública?

2. ¿Se debe revisar cómo se desarrolla la doble instancia en el caso de las decisiones del procurador cuando guarda relación con cargos de elección?

3. ¿Cuál debería ser el alcance de la tutela? ¿Se debe regular su aplicación en este tipo de circunstancias?

4. ¿Cómo armonizamos la legislación interna con la internacional en este tema? Se ha presentado un pulso innecesario con la CIDH.

En Bogotá están pasando cosas demasiado graves como para darnos el lujo de cambiar de alcalde cada 16 horas y enredarnos en temas jurídico-políticos mientras la ciudad se cae a pedazos: hay problemas serios de inseguridad (el pasado lunes atracaron un supermercado, ya habían asaltado dos más el fin de semana, a un mismo supermercado en el sur lo han atracado nueve veces en el último año), en movilidad las cosas cada vez están peor, la máquina tapahuecos ya no funciona, ni hablemos de la salud, en fin, se necesita estabilidad en la administración y eficiencia en su gestión. Se podrá cuestionarle a Petro el uso excesivo (la leguleyada) de los recursos jurídicos para mantenerse en el cargo, pero también es cierto que ellos hoy están a su disposición porque la Constitución y la ley los permiten; es necesario, y con urgencia, revisar, regular o limitar estos recursos de manera que no se repita en el futuro este culebrón digno de una tonada del “Burro Mocho”.

Nicolás Martínez. Bogotá.