Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en reunión privada con integrantes europeos y asiáticos de la Comisión Trilateral la semana pasada, afirmó que en el caso del conflicto israelí-palestino, Israel corre el riesgo de convertirse en un Estado de Apartheid de no lograrse la creación de dos Estados.
Aunque el funcionario tuvo que presentar excusas públicas ante las críticas aireadas del gobierno israelí, el lobby judío en EE.UU. y algunos congresistas republicanos, como ocurría en el sistema segregacionista estadounidense, prima en la “democracia” de Israel un discurso de “separados pero iguales”, que en la práctica es ficticio. He aquí algunas evidencias.
La política de desplazamiento y destierro aplicada a los palestinos, cuya población en el exilio puede ascender a 6,8 millones, contrasta con la de asentamiento y poblamiento para los judíos, sobre todo en los Territorios Ocupados. Al tiempo que el Estado ha tenido como política oficial la construcción de casas para judíos en Cisjordania, ha demolido números significativos de casas palestinas, aumentando el número de quienes no tienen hogar. Asimismo, la Ley de Retorno permite que todo judío pueda emigrar a Israel mientras que niega esa posibilidad a los palestinos exiliados.
Existen dos categorías de ciudadano en Israel que, pese al derecho igual al voto, gozan de un reconocimiento diferenciado. Mientras que los nacionales judíos, compuestos por quienes residen dentro del país y en la diáspora, ejercen una ciudadanía plena que incluye subsidios estatales de vivienda y educación, así como acceso al empleo y la tierra, los ciudadanos israelíes con “nacionalidades” distintas a la judía no gozan de dichas prerrogativas.
Hay también segregación de derechos y de movimiento. Por ejemplo, las políticas criminales que se aplican a los palestinos son distintas que para los judíos e incluyen la detención arbitraria, el uso de pruebas secretas que no pueden ser conocidas y la negación de asesoría legal hasta por 90 días. En el caso del acceso al agua existe una desigualdad similar. En la Franja de Gaza, 95% del agua ni siquiera es potable, mientras que en Cisjordania, pese a la abundancia de ese recurso, su repartición entre judíos y palestinos es asimétrica. En cuanto al movimiento, los palestinos deben transitar por carreteras distintas y pasar por retenes y bloqueos que limitan su libertad de circulación, por no hablar de la pared de 440 kilómetros que separa los habitantes de Cisjordania de Israel y del bloqueo militar de la Franja de Gaza. Además, distintos sectores del transporte público están segregados.
Aunque Israel rechaza vehementemente cualquier comparación entre ese país y el régimen del Apartheid de Sudáfrica, las similitudes son innegables y condenables. Ahora que el más reciente intento de negociar la paz ha terminado en fracaso y por primera vez en años la Organización de Liberación Palestina (PLO) y Hamás han firmado un acuerdo de reconciliación que posibilita hablar con una sola voz ante el mundo y también aumentar el reconocimiento palestino en distintos foros internacionales, Israel se acerca a una coyuntura crítica. Mantener el statu quo y arriesgar un creciente ostracismo y eventualmente una sanción y un castigo mundial, similar al que hubo en el caso sudafricano; o gestionar un cambio de paradigma en el interior del país que permita abandonar la actitud colonial que ha caracterizado hasta ahora su posición frente a la cuestión palestina.