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Es casi una realidad que Colombia tenga una nueva jurisdicción en su sistema de Justicia: la Jurisdicción Agraria y Rural. Se trata de un proyecto de reglamentación del gobierno de Gustavo Petro, impulsado por tres ministerios y pensado como una nueva vía jurídica para la defensa y resolución de conflictos en las zonas rurales del país. Se espera que, en principio, la Jurisdicción esté conformada por 64 nuevos juzgados, distribuidos en zonas críticas del país, y cinco tribunales, los cuales revisen los casos en segunda instancia. Para conocer detalles de los dos proyectos de Ley radicados por el Gobierno, la viceministra de Promoción de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado, aclaró preguntas clave y respondió a las dudas que dejan los textos presentados al Congreso.
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¿Cuáles son los problemas que esta Jurisdicción va a atender?
Aquí tenemos varios conflictos que se han desarrollado en las zonas rurales en materia de propiedad, uso y tenencia de la tierra, y aparcería (contrato en el que el dueño de un terreno le cede los derechos de explotación a un campesino a cambio de una retribución económica o material). Conflictos que, por ahora, no han tenido en su parte resolutiva una mirada desde el conflicto armado, con las circunstancias especificas que rodean a los campesinos y campesinas.
Hagamos un ejemplo para los lectores. Quizás con el problema más grande a resolver…
Pongamos el ejemplo de la aparcería. Hablemos de un campesino que se encarga de un cultivo en una determinada zona y durante mucho tiempo ha ejercicio ese tipo de labores de la tierra. Sin embargo, por los diferentes conflictos, como el desplazamiento forzado, ha tenido que estar de manera errante en el territorio, buscando cómo solucionar sus problemas. Entonces, tiene la problemática específica de si tiene o no derecho a estar en esa tierra.
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Llega entonces un juez y le dice: “no, usted no tiene derecho porque resulta que el propietario es una persona X que tiene un título, que le reconoce tales y tales derechos”, y pues que simplemente tiene un contrato de aparcería, para explotar los recursos de la tierra. Entonces, ahí es donde entrarán los jueces agrarios, quienes llegarán a analizar específicamente esta circunstancia.
El juez no solo va a valorar el título de propiedad y el contrato de aparecería, sino todo el contexto de las situaciones que han llevado a que esa persona esté efectivamente ejerciendo un contrato de aparcería. En un terreno que, si bien no es suyo, sí es el que cultiva y es en donde está generando actividades productivas para él y su familia. Ahí el juez, claramente analizando todas las circunstancias jurídicas que plantea nuestro ordenamiento, verifica las circunstancias particulares que el conflicto ha incidido sobre los campesinos y toma una decisión.
Hablemos del diagnóstico sobre el que se basan los proyectos. ¿Qué estaba saliendo mal en nuestra justicia?
Hay miles de circunstancias: que la ubicación de la cerca, que se pasó un animal a otro lado. Entonces, siempre hay conflictos en los que hay dos posiciones. En Colombia, al no tener claro las condiciones específicas al derecho agrario y rural, pues no se entendía cual era el derecho que se tenía que proteger. El ordenamiento jurídico permite que yo demande a la persona que está atentando contra mi interés, pero como estos problemas no tenían una mirada agraria y rural, pues las personas en últimas van al juez y el juez les da una respuesta netamente jurídica. La persona no entiende, pero igual sigue la ruta jurídica, hasta que en una última un órgano de cierre les diga si tienen razón.
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Esto nos lleva a que demora muchísimo tiempo el proceso. Y lo que hemos investigado es que el campesino realmente lo que quiere es que le dejen cultivar la tierra y necesita ir donde un juez que le resuelva su problema de pertenencia de manera más breve. La justicia, tal como esta hoy, resuelve este tipo de procesos en hasta 10 años. Y lo que podemos ver es que, en últimas, ante tanta demora los ciudadanos optan por otro tipo de respuestas que no son jurídicas ni institucionales, que han llevado desafortunadamente a que nuestra población campesina resuelva sus conflictos por vías de hecho. Eso es lo que queremos evitar.
Buscamos que todo se resuelva en el marco de la justicia y que esta misma sea cercana a los campesinos. Son jueces distintos a los que tenemos. Y eso no quiere decir que los que ya tenemos sean malos. Solo que, por la congestión, los procesos se pierden en los anaqueles de los juzgados y eso no puede ser así. El campesino necesita una respuesta célere, cercana y certera, para que pueda seguir resolviendo sus situaciones de vida y subsistencia. Y para que haya unificación, tanto el Consejo de Estado como Corte Suprema de Justicia, como órganos de cierre, tendrán la posibilidad de revisar los casos y, en sentencias, unificar los conceptos.
Hablemos de eso, ¿cuántos juzgados y tribunales podrían abrirse?
Eso es una competencia especifica de la Rama Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura es al que le toca definirlo. En el proyecto que hemos planteado estamos hablando de una etapa inicial que incluye a 64 jueces del Circuito que estarían localizados en aquellas zonas donde precisamente el hecho de la ruralidad ha impedido que los campesinos acudan a una respuesta de justicia.
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Tendríamos la creación de cinco tribunales agrarios y rurales, que estarían regionalizados en las zonas Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y en el área Andina. Nosotros, en todo caso, hemos hablado con las Cortes, eso no es que me lo inventé yo. Hemos estado en constate conversación y mejoramiento de estos dos proyectos de Ley que radicamos en el Congreso.
¿Cuánto le va a costar al Estado?
A precios de 2023, entre $134.000 y $138.000 millones por año. Esta es una estimación que está avaluada por Hacienda, teniendo en cuenta lo que cuestan los juzgados. Ese es el costo aproximado. Pero si el Consejo Superior de la Judicatura determina que se necesita un grupo mucho más amplio, con más jueces, ellos son los que en últimas van a definirlo.
¿Cuándo haya decisión, por ejemplo, en problemas por el uso de la tierra, los juzgados emitirán títulos de propiedad?
Serán sentencias. Decisiones judiciales. Pero esto no quiere decir que, allí, un juez agrario no reconozca que claramente hay un justo título que ya ha dado, por ejemplo, un juez de restitución. Claramente habrá muchos temas que, en últimas, conocerá esta Jurisdicción. Por ejemplo, partes que estén a punto de enfrentarse en un juicio, antes de la etapa probatoria, podrán pedir el traslado de su proceso a la Jurisdicción Agraria.
¿Cómo nos aseguran que tiempos de 10 años, se van a reducir a tres o cuatro meses?
Yo no podría asegurar que sean tres o cuatro meses. Eso lo veremos cuando se comience a implementar, pero la reducción va a ser notable.
Pero, eso dice la página web…
Sí. Ese es nuestro objetivo y en lo que nosotros vamos a encaminar todo nuestro trabajo en la elaboración de este procedimiento especial agrario. Por qué creo yo que se va a demorar menos, porque los justicia está pensada para respuestas céleres y juiciosas, buscando que los jueces vayan al territorio a proteger los derechos de campesinos y campesinos. Se tiene pensado que no haya una respuesta definitiva únicamente cuando llegue al órgano de cierre, sino que la respuesta va a llegar de manera inmediata.
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Se ha demorado este tipo de procesos tanto tiempo porque hay dos intereses que se contraponen, cuyo perdedor tiene la posibilidad de llevar el caso a otras instancias. Como ahora vamos a tener jueces que sí conocen este tipo de problemas, claramente la respuesta que dé, con su equipo interdisciplinario, será acertada. Las personas van a decir: “definitivamente sí”. Además, esto va acompañado con la creación de programas que permitan el acceso a la tierra y a la productividad de esta.
Con eso, ¿quiere decirme que los fallos de primera instancia se van a materializar?
Ese es nuestro plan ideal. Eso es lo que se demora un juez en resolver una situación jurídica. Si esa respuesta, para los dos que están en conflicto, es satisfactoria, pues tendremos resolución de un conflicto que ha durado años. Los jueces rurales y agrarios van a tener una gran especificada.
¿Algo para agregar sobre el proyecto?
Este es un proyecto concertado. Sí, es una iniciativa del Interior, Justicia y Agricultura, pero al final hemos conseguido más de 60 firmas donde los congresistas que apoyan la Jurisdicción son de diversas agrupaciones: Partido Verde, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Comunes y el apoyo más fuerte es de la bancada de Gobierno. Eso, y la presencia de las Cortes en la radicación, es muy importante
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