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Son los guerrilleros quienes están advirtiendo a los campesinos de Catatumbo que tengan cuidado al caminar por sus fincas porque el terreno tiene artefactos explosivos instalados. Los caminos de herradura, que hace más de cinco años parecían estar libres de esta amenaza, hoy siembran el terror entre los habitantes de esa región de Norte de Santander. Hace un mes exacto comenzó la crisis humanitaria que obligó a por lo menos 52.000 de ellos a desplazarse de sus viviendas. Huyeron por el miedo a quedar en medio de la confrontación armada entre la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC —conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)—.
Catatumbo atraviesa la crisis humanitaria más grande en 28 años. Los campesinos llevaban cuatro semanas exigiendo que se garantizaran las condiciones para regresar a sus casas, pero no esperaban que al volver encontrarían sus fincas rodeadas con minas antipersonales que habían sido instaladas a solo 100 metros de sus portones.
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“Para la comunidad eso genera zozobra porque ven cómo el ELN está instalando minas con la excusa de que son para detener al Estado y el accionar de las disidencias. Nosotros sabemos que en la guerra hay reglas, pero este grupo armado no las ha respetado y se ha dedicado a infringir el derecho internacional humanitario”, le dijo a este diario una fuente en el terreno.
A la instalación de estos artefactos explosivos, que han dejado 971 víctimas en la región durante las últimas décadas, se suman las denuncias de ocupación de viviendas por integrantes de los grupos armados.
“Hay gente que ha creído en la voluntad del ELN y en la posibilidad de retornar a sus territorios, pero se encontraron con la cruda realidad de que los guerrilleros estaban durmiendo en sus viviendas para evadir los controles militares que hace el Estado”, le dijo a Colombia+20 un líder social de la región, quien pidió no revelar su identidad por miedo a los señalamientos de los grupos armados.
Una vieja práctica
Jorge Mantilla, experto en temas de crimen y conflicto, explicó que la arremetida violenta del ELN estaba enfocada en consolidar una gobernanza criminal en el región, replicando modelos que ya han sido usados en otros departamentos para ejercer control sobre la población.
“Toda esta estrategia está apegada a dos patrones de violencia que son muy dicientes sobre la estrategia del ELN para reconfigurar el Catatumbo. El primero de ellos son las dimensiones del desplazamiento y de confinamiento, y el segundo es el uso de campos minados, siguiendo la misma estrategia usada en Arauca para contener el avance de las Fuerzas Militares e impedir que las personas que se desplazaron regresen a sus viviendas”, explicó el experto.
Sin embargo, un miembro la misión humanitaria que atiende temas de desminado en Catatumbo dijo a este diario que no solo es el ELN quien está sembrando minas antipersonales, sino que el Frente 33 de la disidencia EMBF también estaría recurriendo a esta práctica para marcar sus fronteras invisibles: “Acá no se puede decir que uno sí y el otro no. El minado para los dos grupos es importante como forma de protección para resguardar campamentos, caminos y zonas de control y para el desarrollo de las actividades guerrilleras en la región”.
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Colombia es uno de los países con más víctimas por minas, siendo Norte de Santander el cuarto departamento con más personas afectadas, según cifras de la Acción Integral Contra Minas Antipersonales del Gobierno nacional.
El visor público de seguimiento que hace esta entidad también muestra que los puntos con más riesgo por minas son San Calixto, Teorama y Hacarí, seguidos por los municipios Tibú, Convención, El Tarra y Sardinata.
Eso explica el grado de preocupación de los habitantes de Catatumbo de volver a sus territorios, y aún más el grado de incertidumbre al saber que los campos están minados y que los niños no sabrán las rutas seguras por las que tienen que ir a sus colegios.
“Esto ha sido lo más grave de los últimos años y más porque las afectaciones son contra la población civil. Cuando un miembro de la fuerza pública cae en un campo minado, inmediatamente llega un helicóptero a sacarlo a un hospital cercano o llevarlo hasta Bogotá. Si un campesino cae, seguramente va a morir ahí, ellos han sido históricamente los más afectados”, dijo un habitante de la región.
El miedo de los catatumberos no es menor, teniendo en cuenta que ya se registró el primer accidente por esta problemática cerca a Tibú, cuando una mula pisó un mina mientras guiaba a su familia de regreso a su vivienda y perdió una extremidad.
Las afectaciones para las comunidades
La instalación de minas antipersonales también es una forma de dominio territorial, pues aunque no haya un patrullaje constante de tropas, los grupos armados sí dan a entender que ese territorio está bajo su control.
Esto también afecta las actividades económicas de los campesinos, pues labores como la agricultura y el pastoreo estarán condicionadas a los espacios donde no hayan sido sembrados los explosivos.
Los habitantes de la región también ven con preocupación que las medida adoptadas en el estado de conmoción interior “no han servido mucho” para la región, pues los asesinatos, los secuestros y la tortura psicológica persisten tras un mes desde el inicio de la crisis.
“Hemos visto cómo los grupos llegan con sus fusiles a las viviendas y amarran a sus propietarios para que no vayan a informar sobre su presencia. Se quedan a pernoctar allá y así buscan evadir los controles de las Fuerzas Militares. Esta guerra se va a recrudecer y nosotros somos los que ponemos los muertos”, dijo uno de los líderes.
Las misiones humanitarias que se dedican al desminado en Catatumbo aún no han podido entrar a la zona de riesgo por los enfrentamientos entre los grupos armados, por lo que aseguran que aún no es posible dimensionar la gravedad de esta problemática. Aún así, dicen que se vienen tiempos difíciles para la región.
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“Esto pone una presión muy importante en el Estado porque seguramente se van a tener que hacer nuevas campañas de desminado humanitario o desminado militar, pero eso también hace que toda esta ofensiva militar en el Catatumbo sea más lenta y riesgosa para la fuerza pública. Además, complica mucho las dinámicas de retorno”, explicó Mantilla.
El experto advirtió sobre el impacto humanitario que traerá esta forma de violencia, en caso de que no se haga una estrategia de educación y retorno que impida que los accidentes por minas antipersonales aumenten tras la escalada violenta.
Por su parte, los campesinos guardan la esperanza de regresar al territorio, pero viven con el miedo de ser mutilados o asesinados por un explosivo escondido en el piso. “No queremos abandonar nuestro territorio, la casa donde hemos visto crecer a nuestros hijos y donde ya casi nos vamos a morir, pero de viejos, no queremos morir en medio del fuego cruzado”, dijo un habitante a Colombia+20.
El balance tras un mes de la peor crisis humanitaria en 28 años
La escalada violenta que cumple este sábado un mes en Catatumbo se ha considerado como una de las crisis humanitarias más difíciles de las últimas décadas en Colombia.
El balance entregado por el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander señala que 56 personas han sido asesinadas en medio de las confrontaciones entre grupos armados. Sin embargo, esta cifra puede ser un subregistro, pues organizaciones sociales han dicho que el número podría ser de hasta 80 homicidios. Seis firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC también fueron asesinados durante las últimas semanas en la región.
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Las cifras de desplazamiento también son preocupantes. Según el equipo Local de Coordinación de Norte de Santander, más de 52.200 personas han salido desplazadas de sus territorios.
Casi 47.000 niños también se han quedado sin acceso a la educación por culpa de la arremetida violenta. Según las cifras, casi 80.000 personas se han visto afectadas por la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados.
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