‘Las multas a veces son insuficientes’

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, cree que su entidad está haciendo bien la tarea, ya que cuenta con mecanismos legales más fuertes que defienden a los consumidores y al mercado. Sin embargo le contó a este diario que el país debe adoptar criterios diferentes a la hora de imponer sanciones, es decir, porcentajes sobre las ventas de las compañías o sobre sus ganancias.

¿Cuál ha sido la labor de la SIC para proteger a los consumidores? Se han visto recientes investigaciones a McDonald’s y Dunkin’ Donuts por presunta publicidad engañosa…

La Superintendencia tiene las herramientas institucionales y la legislación que le permite actuar en la defensa de los consumidores y de los mercados. Es una entidad a la que se le triplicó el presupuesto en este gobierno; además, tenemos un nuevo Estatuto del Consumidor y una nueva ley de competencia.

Hemos logrado acercarnos a los ciudadanos y la gente ha cumplido con su deber ciudadano de poner en conocimiento de la SIC las irregularidades, en muchos casos, de publicidad engañosa. Las mayores fuentes de información son los consumidores y los propios empresarios.

Algunos de estos casos son Dunkin’ Donuts, McDonald’s, los de telefonía móvil, lo que hicimos en aceites de carros, electrodomésticos, propagandas del Mundial de Fútbol y las órdenes que hemos dado a empresarios de no usar la imagen de la selección de Colombia sin permiso de la Federación Colombiana de Fútbol. Las leyes han aumentado la capacidad sancionatoria.

 ¿Cómo va la imposición de multas?

En 2009, esta entidad era paquidérmica y puso sanciones por apenas $7.200 millones. El año pasado impusimos multas por $217.000 millones y en lo que va de 2014 ya vamos en $125.000 millones.

 Se oye decir a menudo que las sanciones que impone la SIC a grandes empresas son muy pequeñas. ¿Deberían ser más altas?

Creo que tenemos normas que son equivocadas cuando pretenden tener una suma fija como único criterio para imponer la multa. Es decir, en materia de consumidor son $1.200 millones y en libre competencia $60.000 millones por cada infracción.

Eso muchas veces es una suma considerable que podría ser adecuada, pero, a veces, creo que es insuficiente. Colombia debe migrar a un sistema con otros criterios diferentes, como un porcentaje sobre las ventas o las utilidades como lo tienen países desarrollados.

Si un empresario comete una infracción a la libre competencia y es sancionado con $60.000 millones, es posible que la autoridad diga que eso no basta. Por ende, que le puedan quitar un porcentaje del ingreso. Esto es algo que ya se hace en Europa y en otras naciones.

 ¿En qué sectores está concentrada la SIC para proteger los derechos del consumidor?

En la SIC aplicamos un criterio y es que hay que ser selectivos para ser efectivos. ¿En qué nos estamos metiendo? En los grandes casos que tienen un impacto sobre la sociedad. Nos hemos enfocado en publicidad engañosa, telecomunicaciones, electrodomésticos y efectividad de las garantías.

 ¿Cuáles son los grandes procesos que están en sus manos ahora?

Por el lado de la libre competencia, el presunto cartel que hay en el cemento; otro es el del azúcar. Estamos investigando esto, además de temas en el sector farmacéutico, para ver si hay o no carteles allí.

 También estamos metidos con regulación de precios de los medicamentos y en materia de telefonía móvil, en el cumplimiento del régimen de atención para los usuarios. Que las empresas cumplan con las normas diseñadas para relacionarse con sus usuarios; que cuando ellos reclamen, les hagan trámites con celeridad.

 ¿Cómo van las sanciones a los operadores móviles?

Este año hemos impuesto en el sector sanciones por $35.000 millones a los distintos operadores por infracción al régimen de protección de usuarios.

 ¿Qué avances hay en el tema de carteles?

Estamos concentrados en una campaña para hacer efectiva la colaboración por delación en el caso de carteles, es decir, el instrumento más efectivo que tienen las autoridades del mundo para perseguir carteles empresariales es la delación. En Colombia, después de la sanción de Claro, se ha generado por parte de los empresarios la necesidad de usar el instrumento de delación.

Tenemos cuatro procesos de delación en marcha de supuestos carteles por primera vez en la historia del país. Si alguien es el primero en delatar, puede ser exonerado totalmente de la multa.