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El Gobierno requiere con urgencia la aprobación de una nueva reforma tributaria para atender las urgentes necesidades de la población, comenzar a cerrar los faltantes que tiene en sus cuentas y recuperar el grado de inversión con Standard & Poor’s. También, para que las otras calificadoras no lo rajen.
El ministro Restrepo está hablando con los sectores dirigentes de varias regiones para lograr un consenso, pero lo único que se conoce es que el monto que busca recaudar es modesto, de solo $14 billones, $10 billones menos que la reforma que intentó Carrasquilla y lo tumbó. El equivalente es de 1,4 % del PIB, que resulta insuficiente para las necesidades de gasto. El ministro espera poder presentar su propuesta al Congreso después de que inicie sesiones el 20 de julio.
La propuesta tributaria de la ANDI de abril pasado era por menos: contemplaba aumentos temporales de impuestos y recuperar más adelante las gabelas concedidas por la reforma de 2019, o sea, se daban pasito. Incluía aplazar el cubrimiento por el Gobierno central del impuesto de industria y comercio que deben abonar a las administraciones municipales, como también la reducción de la tarifa de renta y ponerse un impuesto al patrimonio solo por dos años. Suponía que los gastos asociados a la pandemia eran temporales y por la misma razón los impuestos también podían serlo, sin querer comprender que desde antes había un faltante estructural en las finanzas públicas, agravado por la generosidad del Centro Democrático con los empresarios. Era necesario además enfrentar un servicio muy pesado de la deuda contraída (intereses más amortizaciones) que pasó del 58 % del PIB en 2019 al 72,5 % en diciembre de 2020.
El marco fiscal de mediano plazo admite que la economía se contrajo casi 7 % en 2020 pero obtendrá un repunte del 6 % en 2021, que no alcanza a retornar al nivel que tenía en 2019. Fedesarrollo controvierte esta figura pues cree que el PIB en 2021 se expandirá un 7,2 %, proyectando la gran expansión que se dio en el primer trimestre de este año. Por lo general, las economías que reciben un choque externo se resienten, pero su dinámica previa las devuelve por lo menos a su punto de partida. Sin embargo, el panorama no está despejado porque el paro pudo haber afectado 1,4 % del PIB y las reclamaciones de los marchantes no han sido atendidas sino en parte por el Gobierno, que se ha concentrado en reprimirlos causando más de 60 muertes y miles de heridos. Además, el costo de la pandemia para las empresas, según la BBC, alcanzó $64 billones (más de 6 % del PIB). Según la misma fuente, “en el Valle del Cauca, la región cuya capital, Cali, ha sido el epicentro de las protestas, el paro significó un shock a la economía mayor que la pandemia”, aunque una “conmoción” lo hubiera expresado mejor.
Por todo lo anterior, Fedesarrollo concluye: “Cabe resaltar que todavía persisten riesgos a la baja, principalmente por un eventual retorno de las manifestaciones y los bloqueos en las vías del país, así como eventuales (sic) incrementos en el nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) que generen nuevas restricciones a la movilidad y la actividad productiva”. Efectivamente, estamos en la tercera ola de la pandemia que alcanzó un pico mucho más elevado que las anteriores, con casi 600 muertes diarias, lo que ha hecho colapsar las UCI, mientras que la vacunación ha cubierto a 13,5 millones de personas hasta el 18 de junio.
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