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Las quejas de las droguerías por la demora para recoger los residuos hospitalarios o el caso del hallazgo de unos tubos llenos de sangre tirados en la calle fijaron la mirada en la empresa que recoge estos desechos en la ciudad: Ecocapital, la cual cumple 16 años ininterrumpidos prestando el servicio en la ciudad. No obstante, detrás hay una situación más compleja que arranca con los efectos de la pandemia y pasa por la incertidumbre sobre el futuro de la concesión.
Ecocapital asumió esta tarea en 2004, cuando ganó la primera concesión hasta 2012. Luego asumió otro período hasta abril de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia y a que la pasada administración (hasta donde se sabe) no dejó estructurado un proceso para renovar el contrato o buscar a un nuevo operador, la alcaldía de Claudia López tuvo que prorrogar el contrato hasta el 28 de febrero de 2021. Lo que llama la atención es que, pasados 13 meses de esta administración y a tres semanas de vencerse la prórroga, se estaría organizando una extensión al contrato y no estaría a la vista una nueva licitación.
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Dicha incertidumbre la refleja Carlos Mario Correa, gerente de Ecocapital, quien a la fecha dice no tener claro el panorama. “Toca esperar a que la Uaesp se pronuncie. Independiente de eso, la empresa se viene preparando para seguir trabajando, con contrato o sin contrato, mientras se resuelve la situación. Son 16 años de experiencia y tenemos un compromiso con la ciudad”.
Un año difícil
El panorama preocupa, especialmente si se tiene en cuenta que recoger los residuos hospitalarios no es una tarea sencilla, y menos en tiempos de pandemia, en que se recogieron 14.700 toneladas de estos desechos. Es una tarea que requiere planeación, cuidado y cumplir protocolos estrictos, debido a la peligrosidad al transportarlos. Por eso, definir al encargado de esta labor no es un tema que se pueda dejar al azar y quien lo haga debe contar con licencia ambiental.
Y así lo relatan los mismos empleados de Ecocapital que, a pesar de su experiencia, en el último año tuvieron una serie de dificultades en la operación. Para comenzar, el aumento en el volumen de los residuos (mas no peso), seguido de las cuarentenas por sectores y el riesgo de contagio por COVID-19. Si bien esto implicaba más trabajo, no representó para la compañía más ingresos, ya ellos cobran por cada kilo recogido. Todo esto derivó los retrasos en la prestación del servicio, especialmente en el día, los cuales se alertaron al comienzo de la pandemia.
“El esquema de recolección implica recoger en las noches los residuos hospitalarios y en el día los de droguerías y otros establecimientos. Con el aumento de volumen en los hospitales, se llenaban los camiones más rápido, tocaba descargar antes de tiempo y volver, retrasando la programación”, explicó Correa.
Esto, porque la recolección no solo se hace en instituciones de salud como consultorios odontológicos y farmacias, sino también en otros lugares como funerarias, cementerios, centros de pigmentación o tatuajes, servicios veterinarios y centros de investigación, así como tuvieron que atender a nuevos usuarios residenciales ante la disposición de dichos residuos en las viviendas.
A esto se sumaron los cierres de localidades, informados con pocos días de antelación, que los obligaron a recomponer rutas sobre la marcha, y los contagios por COVID-19, a buscar empleados temporales, muchos de ellos sin la misma experiencia. “Estas fueron situaciones difíciles de manejar. Sabíamos que los cierres de localidades eran necesarios, pero no dejaban de impactar la operación. Fueron situaciones que se han ido corrigiendo y estamos mejor preparados para enfrentar nuevos desafíos, pero ha sido una curva de aprendizaje bastante dolorosa”, agregó Correa.
A pesar de esto, hoy el servicio está prácticamente en el limbo, pues si bien la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) daría a conocer en las próximas dos semanas una nueva prórroga, no está claro qué pasará con el proceso de contratación. Aunque si no se extiende, la Secretaría de Salud ya ha dado lineamientos a las prestadoras de salud para contratar a gestores externos.
Sobre la posibilidad de extender el acuerdo como solución, Correa se limita a decir que ese será un gran reto para el Distrito, que no solo tiene el desafío jurídico, sino la responsabilidad con la ciudad y respetar el interés legítimo que podrían tener otras empresas de entrar al mercado.
“A nosotros nos gustaría que hubiera orden o, al menos, un pronunciamiento ante un asunto de tanta complejidad”, afirmó Correa, quien agregó que, si llegado el 28 de febrero no hay una decisión, seguirán trabajando hasta que se resuelva el asunto, incluso sin contrato. “Tenemos que ayudar a la ciudad. Es un compromiso. No obstante, la solución es trabajo en equipo, se resuelve mejorando la comunicación, logrando más sinergia entre todos los involucrados. Bogotá es una ciudad muy compleja y se debe pensar bien el siguiente paso”, concluyó Correa.
Por Mónica Rivera Rueda
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