Debates por TV: deber, no derecho

Desde cuando en 1960 se hizo en EE.UU. el primer enfrentamiento presidencial en TV —Kennedy vs. Nixon—, los debates fueron desplazando a la plaza pública y a los periódicos como epicentro de las decisiones estratégicas, y se convirtieron en parte de la dinámica electoral, en el momento climático de las campañas y el medio más eficiente para que los aspirantes expongan sus propuestas en vivo y en directo para una audiencia masiva.

No son los spots publicitarios o las intervenciones en solitario en recintos de poco aforo y audiencias especializadas, los medios más convenientes para la discusión de propuestas de gobierno, porque no permiten la confrontación directa. Y si bien los debates por TV no son realmente tales porque sus rígidos formatos obligan a reducir los contenidos a sus mínimos e impiden discusiones de fondo, de todo modos sirven para conocer las posiciones de los candidatos en asuntos claves que hacen la diferencia, para medir su capacidad de comunicación y reacción a preguntas imprevistas, y para conocer su talante en momentos de tensión.

Los debates son a la vez una oportunidad y un riesgo, pero ante todo —creo yo— un deber con los ciudadanos que, en especial durante la campaña, requieren mayor información sobre aquellos cuyas decisiones pueden afectar sus vidas. Si tienen o no consecuencias electorales o cambian la intención de voto, me parece de importancia menor, aunque es lo fundamental para los candidatos y sus asesores que se mueven por cálculo político. Por eso, a mayor ventaja de un candidato sobre sus rivales, menor la posibilidad de que participe en un debate que puede tener un alto costo a cambio de muy poco. Al contrario, para quienes van atrás y sobre todo si van muy atrás, el debate es una oportunidad: pierden poco y pueden ganar mucho. Y también son una oportunidad para que los aspirantes con un aparato pequeño y menor capacidad económica para la campaña y la propaganda puedan exponer sus propuestas en horario triple A.

Es muy posible, entonces, que Santos no asista a los debates, pues aunque no le va muy bien en las encuestas, al fin y al cabo las encabeza y cuenta con las ventajas que le dan el cargo y la permanente exposición en medios. Sus asesores le dirán que debatir lo expone en forma innecesaria. La mismo hizo Uribe en las elecciones de 2006: rehusó debatir con Horacio Serpa y Carlos Gaviria, pero se despachaba solo y a sus anchas en los medios. La diferencia frente a Santos —a quien los uribistas le cobran con saña lo que no le han cobrado al caudillo— es que éste gozaba de gran popularidad y su reelección contaba con amplio respaldo. En cuanto a Peñalosa, recién llegado a la contienda y de quien aún se desconoce el programa de gobierno, imposible rehuir los debates. Tendría para él un alto costo político.

Los debates por TV son positivos, pues aunque en ellos tiende a prevalecer la forma sobre el fondo, de alguna forma contribuyen a dinamizar la discusión pública. Además, los análisis posteriores en los medios y columnas de opinión amplían el debate. En países con democracias más maduras, no participar cuesta más que hacerlo, así le vaya mal a un candidato. Si con el voto somos los ciudadanos los que decidimos, por eso y para eso son importantes los debates. Deberíamos exigir que todos los candidatos participen.