Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Fiscalía finalmente destapó las cartas que tiene en contra de los confesos corruptos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el caso que se lleva por la corrupción en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. Lo develado por el ente investigador, además, puso en evidencia cómo es que desde el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso habrían metido las manos para torcer los contratos que desangraron a la entidad. La más alta clase política del país ahora está bajo la lupa de la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía.
La Ungrd
Olmedo López, quien fungió como director por un año, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres en la entidad, fueron las principales fichas de la corrupción en el interior de la Unidad. Ambos, como lo han aceptado públicamente, se encargaron de, supuestamente, seguir órdenes que venían desde lo más alto cargos del Ejecutivo para usar como caja menor la Ungrd y comprar apoyos de congresistas para las iniciativas gubernamentales. Sin embargo, al estallar el escándalo que los dejó por fuera de la entidad, se encargaron también de destapar las ollas que tiene hoy al gobierno de Gustavo Petro afrontando el peor de sus escándalos en sus casi dos años de mandato.
“Solo seguimos órdenes”, es lo que sostienen ambos exdirectivos. Dichas órdenes, según dicen, se les daban en reuniones secretas del más alto nivel en la Casa de Nariño y sus alrededores. En ellas, al parecer, participaban ministros y cercanos al presidente Petro —quien según López y Pinilla nunca habría participado— y les decían qué contratos entregar, de qué valor y a qué congresistas favorecerían. Sus declaraciones y pruebas entregadas a las autoridades tienen ya en líos a ministros y congresistas. Pero, a pesar de su confesión, no aceptan cargos, porque siguen en negociaciones con el ente investigador para que les den beneficios en sus casos por delatar a otros.
El gobierno Petro
El escándalo por corrupción ha movido el tablero del Gobierno, y este fin de semana dejó por fuera a uno de sus alfiles: Carlos Ramón González, quien hasta este viernes fue el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Precisamente González es sobre quien recayeron los más duros señalamientos de López y Pinilla, así como lo expuesto por la propia Fiscalía. La fiscal Andrea Muñoz, quien lleva el caso contra los exdirectivos de la Ungrd, dijo que González, cuando fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dio la orden directa de que se repartieran $4.000 millones en coimas para los presidentes del Senado y la Cámara.
Asimismo, los testimonios de los dos exdirectivos ubican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como una pieza clave en el engranaje, pues habría liderado algunos “cónclaves” para acordar la repartición de contratos y dineros, y además fue quien adicionó $700.000 millones al presupuesto de la Ungrd en 2023. De ese aumento es que se habría sacado el dinero para gestionar el contrato de los carrotanques y otros. Esas mismas versiones señalan al exministro del Interior Luis Fernando Velasco como uno de los negociadores de votos de congresistas a cambio de coimas. Asimismo, lo ponen como uno de los altos funcionarios que decidía para quién iban las coimas y gestionaba esos acuerdos por debajo de la mesa.
En las presuntas movidas ilegales también habría sido fundamental la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. Ella, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía y dicho por Sneyder Pinilla, no solo sabía de las negociaciones de sobornos, sino que fue la intermediaria de la supuesta entrega de $3.000 millones de Pinilla a Iván Name, cuando era presidente del Senado. La Fiscalía igual tendría pruebas del conocimiento del entramado por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de la titular de la cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ambos, según información que reposa en el búnker, habría participado de un “cónclave” en la Casa de Nariño el 27 de noviembre de 2023.
El Congreso
Los protagonistas son Iván Name, presidente del Senado hasta el pasado 20 de julio, y Andrés Calle, quien era su par en la Cámara de Representantes. Entre los dos se habrían repartido $4.000 millones —$3.000 para Name y $1.000 para Calle— que les habrían entregado desde la Ungrd a cambio de que movieran las iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Además de ellos, habrían sido comprados los votos de por lo menos ocho congresistas: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís. Sus firmas apoyaron varios proyectos del Gobierno la pasada legislatura.
Todos estos nombres están ya bajo la mira de la Fiscalía, que pedirá cárcel para López y Pinilla el próximo 7 de agosto, día en que Gustavo Petro cumplirá dos años en la Presidencia de la República. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones en contra de los congresistas y espera recibir más información de los exdirectivos de la Ungrd cuando finalice su negociación con el ente investigador. Por ahora, todos los aquí mencionados están bajo la indagación previa de la Procuraduría, que se sumó a la colaboración investigativa del alto tribunal y el ente investigador.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más