¿Y de la corrupción qué?

Colombia no es ajena a esta tendencia de banalización de la política, bastante generalizada en muchos países, que responde, por un lado, a la creciente primacía en las contiendas electorales de la imagen, los efectos publicitarios y los efectos inmediatistas de las redes sociales sobre las ideas y la deliberación. Y por el otro, al supuesto de que las ideologías están desapareciendo y perdiendo vigencia. Si bien lo primero es evidente, lo segundo es una verdad a medias que en muchos casos refleja el temor de tomar partido y de asumir posiciones que pueden resultar incómodas para algunos sectores poderosos. Cualesquiera que sean las razones, en ningún caso son una justificación válida para que quienes aspiran a gobernar al país no presenten propuestas claras y precisas sobre asuntos fundamentales para el país y que acudan a lugares comunes y a discursos prefabricados que tienen la rara y admirable cualidad de ajustarse a prácticamente cualquier tema.

Uno de esos temas es la corrupción. A pesar de ser uno de los problemas más graves de Colombia, que directa o indirectamente afecta a millones de colombianos, que corroe las instituciones y que permea cada vez con mayor fuerza todas las esferas sociales, políticas y económicas, ningún candidato ha dado a conocer cuáles son sus propuestas concretas para combatir este flagelo. La palabra “corrupción” está presente en algunos de los discursos de los candidatos porque puede dar votos, pero hasta ahora aparece vaciada de contenido.

Hace unas semanas la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción les entregó al presidente de la República, a algunos de los congresistas recientemente elegidos, a los candidatos presidenciales y a los órganos de control su segundo informe de evaluación sobre las políticas, programas y medidas adoptadas en los últimos cuatro años para prevenir y sancionar la corrupción en Colombia y algunas recomendaciones. En este informe “se reconocen los avances logrados en los últimos años, y se hace un llamado al Congreso, al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y municipales para que se comprometan a legislar y asegurar la reglamentación e implementación de las nuevas normas, la articulación entre instancias estatales responsables de investigar y sancionar la corrupción, enfrentar de manera más decisiva los nexos entre financiamiento político, contratación pública y crimen organizado, y mostrar resultados que incluyan sanciones jurídicas, económicas y políticas ejemplarizante”.

La transparencia y la lucha contra la corrupción no pueden seguir siendo simples frases de campaña. Deben ser propósitos irrenunciables y la ciudadanía debe exigir propuestas concretas, realistas y realizables y el compromiso público de los elegidos de rendir cuentas de manera periódica sobre ellas.

**Directora ejecutiva Transparencia por Colombia.