Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Si algo ha quedado claro las últimas semanas al hacer el balance de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc es que, aunque ha habido avances destacables en asuntos claves, aún son múltiples los retos que persisten en la implementación de lo pactado y de cara al cumplimiento de los puntos que fueron negociados en la mesa, sobre todo en los territorios que han vivido en carne propia los rigores de la guerra.En medio de los análisis siguen surgiendo preguntas como ¿cuál será el impacto real de más de cincuenta años de conflicto armado en ese proceso de reconstrucción de sociedad? ¿Es posible construir condiciones para el desarrollo en los territorios? Y ¿cómo se pueden valorar los avances y desafíos en cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz?
Para resolver estos interrogantes, expertos e investigadores del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Róterdam, el CINEP, el Programa de Estudios para la Paz de la Universidad de Nueva York y la Universidad Externado de Colombia realizaron una investigación cuyas conclusiones fueron recopiladas en el libro Possible Peace, Unending War? Post-Agreement and Peacebuilding in Colombia.
No se trata de un balance de ejecución y logros, sino de una mirada más estructural y conceptual sobre lo que está pasando en el país con miras a recomendaciones de cómo hacer más efectiva la implementación. De ahí que el análisis tenga un especial énfasis en la importancia del territorio, planteando cuatro líneas temáticas: desarrollo rural con enfoque territorial y reforma rural integral; participación política y fin del conflicto; víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición y cuestiones transversales de consolidación de la paz.
El documento final entrega algunas claves sobre aspectos que vale la pena considerar a la hora de pensar en la reconstitución y reconfiguración social y económica del país, en la modificación de las dinámicas territoriales que han permitido la informalidad y criminalización de los territorios, y en la creación de capacidades que sostengan la paz, permitan un nuevo consenso y nuevas reglas en la sociedad.
“La idea de analizar este tema surge de una red informal de trabajo alrededor de construcción de paz en el mundo y a partir de una alianza con el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Nueva York y el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Róterdam. Venimos trabajando en temas de desarrollo territorial y conflicto, y quisimos estudiar qué pasa en Colombia después de la firma del acuerdo con un interés especial: monitorear esto que nos hace especiales como acuerdo de paz en el mundo y es lo que llamamos el enfoque territorial del Acuerdo de Paz”, explica Claudia Moreno Ojeda, una de las investigadoras y coordinadoras del proyecto.
La discusión transversal pasa por la necesidad de debatir hasta dónde el enfoque territorial se hace realmente efectivo y si está significando una forma distinta de construir paz en el país. En ese camino, la conclusión general que marca el panorama del proceso da cuenta de que hay una deficiencia del Estado en su capacidad para entender esos territorios, las consecuencias que ha dejado el conflicto y, sobre todo, en la capacidad de llenar los espacios de la economía de la guerra.
“Hay una tensión en el discurso del Estado cuando habla, por ejemplo, de paz con legalidad, pero no es capaz de copar unos espacios con legalidad. Cuando sale un actor no es capaz de asegurar cómo llega a ese territorio en donde su presencia había sido débil y no es capaz de asegurar una mirada multidimensional de esa presencia. Y no solamente con una presencia militar, sino también con la social, de educación y seguridad ciudadana”, sostiene Moreno.
En ese sentido, el informe sostiene que urgen acciones mancomunadas que representen una intervención integral en el territorio y estén encaminadas a atender las causas multidimensionales y multisectoriales del conflicto y que están relacionadas indiscutiblemente a fenómenos de desigualdad y exclusión política y social. “Se requiere una mirada de la recuperación desde la realidad local, en especial desde la ‘economía de la guerra’ persistente en los territorios del conflicto. Se trata entonces de enfrentar las causas profundas del conflicto y buscar una reconciliación a largo plazo. El desarrollo de capacidades de los actores es determinante. Gobierno, organizaciones sociales y empresas locales se constituyen en agentes de programas de desarrollo local concertados con las comunidades para el mediano y largo plazo. Se trata de implementar un plan de inversiones públicas en infraestructura económica y social, respetuosas de la participación real de las comunidades en la decisión de su desarrollo, y que involucren de manera decidida al sector privado para la creación de empleo directo a través de incentivos y servicios de apoyo tales como microfinanzas”, detalla el documento al señalar que se debe crear a nivel nacional una capacidad institucional para el desarrollo y crear un marco para diálogos sociales.
Otra de las conclusiones del estudio se basa en la hipótesis de que el país cayó en el error de creer que con la firma del acuerdo y la salida de las Farc como actor protagónico del conflicto se recuperaba la actividad social y económica. Esto desconoce las dinámicas territoriales de regiones que por años estuvieron bajo el dominio de un grupo armado y en las que las rentas ilícitas son determinantes. “Pensar que después de que se van los que hacen la guerra llega la paz es irreal. Se requiere una visión del territorio que se construya colectivamente y que todo el Estado, desde las distintas dimensiones y sectores, sea capaz de orientar qué tanto afecta esa mirada el trasfondo político de todo el acuerdo, porque no se puede desconocer que la implementación del acuerdo tuvo una oposición política muy grande y terminó golpeado y deslegitimado por el plebiscito. Es claro que la mirada de la construcción de eso es distinta cuando es un acuerdo que está políticamente no respaldado, por decirlo así, por una mayoría grande. Y eso está latente en las acciones de este Gobierno alrededor de las tareas que tiene que cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Creemos que en esa misma lógica de la deslegitimación es que no se logró la mirada de construcción de paz en el país”.
El informe también insiste en la importancia de que exista una mirada profunda de participación de las comunidades y que se den ejercicios de construcción de consensos que estén respaldados por el Estado. “Esa mirada de territorio no puede estar solamente encabezada por los líderes que están allá peleando por nuevas posibilidades, sino que en general toda la institucionalidad debe rodear esa participación y construcción de consensos. ¿Qué pasa con los actores sociales y privados que pueden dinamizar la economía legal y lícita? Echamos de menos en esa perspectiva de construcción de paz la forma en que se involucran en la lógica de desarrollo, de alternativas productivas reales, de generación de valor”, insiste Moreno.
De hecho, parte de esa discusión radica en la necesidad de hablar sobre cómo construir confianzas y generar capacidades institucionales en esos territorios que han vivido cincuenta años de guerra en los que la presencia del Estado ha sido débil o nula. En palabras de Claudia Moreno, es necesario garantizar una coordinación vertical y horizontal de la gestión pública y social de los territorios: “Aquí hay un llamado, de nuevo, al diálogo y a poder establecer proyectos de largo aliento, alternativas de generación de valor real. Eso hace falta y está muy ligado a esa mirada de corto plazo que ha tenido la implementación hasta ahora y a esa imposibilidad de construir una perspectiva de largo aliento sobre la regeneración económica y social de esos territorios. Esa visión del territorio sigue siendo muy precaria, limitada y relacionada con actividades pequeñas pensadas para la subsistencia y no para la sostenibilidad de la paz. En ese sentido, las recomendaciones del estudio están muy ligadas a que efectivamente hay que entender que la sostenibilidad de la paz pasa por esa regeneración y social del territorio y, por lo tanto, por su desarrollo económico”.
