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Libres el ex gobernador del Meta Alan Jara y el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López, el pulso entre el Gobierno y las Farc en lo que tiene que ver con la posibilidad de un intercambio humanitario vuelve a lo que se podría decir fue su punto inicial: el canje de combatientes. Con un obstáculo inmediato, el diálogo de sordos que caracteriza la relación entre el gobierno Uribe y guerrilla, aferrados a sus inamovibles: el no al despeje militar defendido por el Ejecutivo y la desmilitarización de una zona del país exigida por la subversión.
Un árido panorama cuya solución quedará sujeta al protagonismo que puedan ganar los sectores que aglutinan esfuerzos de la sociedad civil. En otras palabras, ante el imperativo de saber que el Gobierno y las Farc difícilmente van a consolidar un clima de negociación propicio para avanzar hacia un cese de hostilidades o una mesa de diálogo, sin duda que serán los grupos afines a los denominados Colombianos por la Paz, quienes deban llenar el vacío en materia de discusión política. Es claro que toda guerra termina en una mesa de negociación, pero la colombiana pasa por diversos factores que la entorpecen.
Ante esa pesimista realidad frente a una conversación directa, la perspectiva inmediata regresa al escenario del canje de prisioneros, con algunas variaciones teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. No cabe duda de que el intento de la guerrilla por presionar ese canje a través del secuestro de dirigentes políticos fracasó rotundamente. Ni la comunidad internacional, ni los gobiernos amigos, ni las organizaciones humanitarias le encontraron coherencia al objetivo de convertir a los políticos en civiles objeto de intercambio, en otras palabras, en prisioneros de guerra. Nadie puso en duda que no dejaron de ser secuestrados.
Al quedar en libertad los dos últimos políticos que formaban parte del grupo de civiles definidos como canjeables por las Farc, sólo quedan en cautiverio oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, es decir, combatientes en defensa del Estado. Seguramente, con esa connotación, las Farc seguirán pretendiendo que tenerlos en su poder podrá administrarse como un botín que, tarde o temprano, puede abrirles las puertas de las cárceles a varios jefes guerrilleros que hoy purgan penas privativas de la libertad.
En este ámbito cabe preguntarse si, como parece en los últimos tiempos, el único camino sea a través de la mediación de la senadora Piedad Córdoba. Al menos, en los dos últimos años ha sido la persona que ha logrado desentrabar el nudo de los inamovibles. Ella y los denominados Colombianos por la Paz lograron un oasis humanitario en medio de la guerra. En este mismo contexto, las organizaciones civiles son las llamadas a recobrar las raíces del diálogo, no sólo porque 22 uniformados quedan cautivos en la selva, sino porque el número de secuestrados por motivos extorsivos también requiere un tratamiento de solución urgente.
Estos mismos espacios de reconciliación o de ambientación del diálogo serán determinantes para hacerles entender a las partes (Gobierno y Farc) que más allá de sus linderos ideológicos deben abrirse espacios para crear confianza. Al Gobierno no le gusta el esquema porque lo considera un falso apaciguamiento de los violentos, pero la Oficina del Alto Comisionado de Paz no puede seguir esgrimiendo como su única fórmula viable la Ley de Justicia y Paz. Ese esquema, que a marchas forzadas trata de recomponer un diálogo entre Ejecutivo y autodefensas y que ha servido para animar la deserción de decenas de guerrilleros, no va a conducir a la paz, escasamente a sacar a algunos hombres de la guerra.
La única fórmula real es la negociación directa y ésta será posible siempre y cuando la población civil asuma su papel en una democracia participativa y entienda que tarde o temprano los enemigos tendrán que debatir el futuro inmediato de la nación y, de común acuerdo, aportar soluciones para cesar la horrible noche del narcotráfico, extinguir la infame cadena de los secuestros políticos y extorsivos, y acabar con la violencia que ha desangrado a la sociedad colombiana desde hace cinco décadas.