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De acuerdo con los diccionarios, la infraestructura urbana es aquella realización humana “diseñada y dirigida por profesionales”, que sirve de soporte para el “desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades”.
Usualmente la palabra infraestructura se utiliza como sinónimo de obra pública, pues es el Estado el “encargado de su construcción y mantenimiento, en razón de la utilidad pública y de los costos de ejecución, generalmente elevados”.
En los casi cuatro meses de 2014 se han reportado protestas y crisis debido a la falta y mal funcionamiento de la infraestructura de agua y energía eléctrica. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala, por ejemplo, que el 60% de los habitantes de Santa Marta no tiene acceso a agua. Se nos informa que la situación tiene que ver con la falta de infraestructura: “La sequía agrava un problema estructural relacionado con el retraso en la expansión de la red de acueducto”. Pese a que durante los últimos días la escasez ha tocado a clases medias y comerciantes, algunos barrios informales o clasificados en el estrato uno han lidiado con cortes y falta de acceso por años. Una situación parecida se ha registrado en otros municipios del norte del país con respecto al acceso a infraestructura eléctrica. En Atlántico se han realizado cortes de energía en los municipios de Palmar de Varela, Galapa y Soledad. Grandes barrios en estas tres ciudades, como Villa Primavera o Mundo Feliz, clasificados formalmente como “subnormales”, reciben un servicio con infraestructura y calidad precarias.
Los sectores más afectados, los barrios en los que no se extienden las redes de agua o luz, bregan para establecer distintos protocolos de acceso cotidianamente. Muchos trabajan para hacer correr el agua. Hay quienes buscan el agua en el puente Mamatoco, extrayéndola de la tubería del acueducto. Quienes la llevan en pimpinas y la venden. Quienes tienen que quedarse en la casa para almacenarla cuando llega sin avisar y por horas, un día a la semana. Quienes la hierven para tomarla y cocinar (o consiguen para comprarla en bolsa). Asimismo, muchos intervienen para que circule la energía. Hombres jóvenes fabrican las redes y las instalan tejiéndolas entre postes. Algunos consiguen los materiales, otros comercian financiación para la extensión de estas redes o negocian con la empresa que distribuye la energía. Todos, en la consecución de luz o agua, suplen (de alguna manera) los roles de la infraestructura. Se convierten, por momentos, en parte de la infraestructura.
Sin embargo, entre las explicaciones que se dan para justificar ambos tipos de crisis figura la falta “de cultura” de estas mismas personas. Se advierte que la distribución de agua “ha sido difícil de mantener por la cantidad de población desplazada y la gente que perfora las tuberías y se pegan de ellas de manera ilegal”. Partiendo de una sospecha (pese a que todavía no cuentan con el servicio), se las amenaza con que, una vez lo tengan, “se instalarán micromedidores para regular el ahorro de agua”. Se les informa a los habitantes que si no pagan por la energía, que ellos mismos ayudan a proveer, no se podrá construir la infraestructura: “Adelantamos algunas adecuaciones técnicas y mejoramiento de redes, pero se requiere el compromiso del pago oportuno”.
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