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Hace un cuarto de siglo, los Montes de María (entre Bolívar y Sucre) fueron el escenario de uno de los capítulos más sangrientos de la larga historia del conflicto armado en Colombia. Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, un grupo de 450 paramilitares se tomaron con fuego y terror la población de El Salado, en el Carmen de Bolívar. Lo que para ellos fue una fiesta macabra, para las víctimas quedó como una marca indeleble en sus memorias. Dos décadas y media después, sobrevivientes y familias de víctimas mortales han tratado de sanar y obtener justicia, pero lo que han logrado ha sido a cuenta gotas.
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Para esa época, Los Montes de María atravesaron una ola de violencia que se tradujo en por lo menos 42 masacres que dejaron 354 muertos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Una de esas decenas de masacres fue la de El Salado. Allí, los paras, con la complicidad de la fuerza pública, torturaron, violaron, robaron, desplazaron y asesinaron a los habitantes de la zona sin que interviniera el brazo armado del Estado. Esa complicidad es la que ahora trata de develar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.
En los últimos 25 años, la justicia en el caso ha llegado poco a poco y todavía no del todo. Eduard Cobos Téllez, alias Diego Vecino; y Uber Enrique Banquez, alias Juancho Dique, fueron dos de los líderes paramilitares que estuvieron detrás de las atrocidades cometidas durante cinco días ininterrumpidos en El Salado. Sus crímenes, que todavía resuenan en la violenta historia del país, fueron castigados con ocho años de prisión por delitos como homicidio agravado, desplazamiento forzado y secuestro simple, entre otros, pues se acogieron al acuerdo de paz que se adelantó entre grupos paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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Durante las últimas dos décadas y media, hubo al menos 39 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que fueron acusados y procesados por la masacre de El Salado. En su mayoría, los casi cuarenta miembros de grupos paramilitares fueron investigados, acusados y condenados por homicidio agravado múltiple, desplazamiento forzado, acceso carnal violento y hurto agravado. Dentro de las investigaciones que se han venido adelantando en estos años, se conoció que miembros del Bloque Norte de las Auc sometieron a todo tipo de vejámenes a los pobladores de El Salado.
Algunos otros responsables por el baño de sangre en El Salado respondieron más adelante a la justicia. Por ejemplo, en septiembre de 2011, Luis Francisco Robles Mendoza, alias Amaury, admitió ante la Fiscalía haber cometido siete delitos en la masacre: homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, fabricación, tráfico y porte de armas. Por esos hechos, fue condenado a 40 años de prisión. Otro de los casos fue el de Edgar Ariel Córdoba Trujillo, alias Cinco Siete, condenado en febrero de 2012 a 24 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura y acceso carnal violento. Todo esto, debido a que durante la masacre varias mujeres fueron violadas por orden suya.
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De acuerdo con los testimonios e información recaudada por la justicia en estos años, el grupo de paramilitares que se tomaron El Salado entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 mutilaron, quemaron, violaron, empalaron, robaron, golpearon, dispararon y asesinaron a 63 personas. Además, muchos de los que no fueron cruelmente asesinados fueron obligados a reunirse en la cancha de fútbol del pueblo para ver morir de la manera más violenta a sus familiares, amigos y vecinos. En algunos casos, fueron forzados a mover y apilar los cuerpos de quienes iban cayendo bajo la mano paramilitar que, como dan cuenta los relatos, gozaban con la barbarie.
La complicidad de la fuerza pública para esas atrocidades fue tal que en esa oscura semana de hace 25 años los paramilitares formaron de El Salado su lugar de fiesta en el que con cada muerto cantaban, bebían, comían y celebraban. Incluso, se peleaban para ver quién cegaría la vida de la siguiente víctima. Aunque por los hechos se han venido adelantando algunas investigaciones y en la JEP es donde más se han enfocado las pesquisas en lo relacionado con la fuerza pública, en la justicia ordinaria solo ha sido condenado el capitán de Corbeta de la Infantería de Marina Héctor Martín Pita Vásquez.
El capitán Pita Vásquez fue acusado y condenado por omisión en su deber de proteger a la población civil durante la masacre. La justicia determinó en 2017 que el uniformado tendría que pagar una pena de 13 años de prisión y no podría ejercer durante ese tiempo ninguna función pública. Además de ese caso, poco han avanzado los casos en los que se investigan las responsabilidades de la no intervención de la Infantería de Marina y Contraguerrilla que operaban en la zona pero dejaron a los paras moverse a sus anchas en El Salado durante la semana de la arremetida.
Mientras que los expedientes por la masacre de El Salado se siguen moviendo de a pocos en la justicia ordinaria, queda en manos de la JEP avanzar con buscar la verdad por parte de la fuerza pública sobre la alianza criminal que forjaron con los paramilitares. La justicia transicional por ahora ha venido abriendo sus puertas para que las víctimas hablen, cuenten su historia y, de alguna manera, puedan dar el perdón a los perpetradores de las atrocidades. Sin embargo, el camino para conocer la verdad es largo y difícil, pues los agentes del Estado en este caso siguen intentando negar su complicidad para dejar a El Salado a merced de los paras hace 25 años.
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