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Los principales objetivos de “Primera y última”, la exposición del Museo Nacional que ya habíamos comentado, era afinar las preguntas sobre el presente y pensar el futuro de Colombia. Usted explicó que su libro será más bien el relato de una crisis que comprometió la existencia de la primera república de Colombia entre 1821 y 1832. Hablemos del origen, de lo que el lector encontrará y de la relación de este con la exposición…
Realmente, este libro es un análisis de un proceso de crisis política que había suscitado muy poco interés por parte de los historiadores aquí y fuera del país. Una de las grandes dificultades que tuve para estudiar estos años en los que me enfoqué fue que nadie sabía qué había pasado exactamente ni dónde, etc. Somos un país que ha vivido permanentemente en crisis y me pareció interesante explorar esta: fue la de la primera Colombia, que nació en 1821 y se fracturó en 1832.
¿Por qué esa Colombia no fue posible?
Este libro es fruto del trabajo de diez años de estar explorando los archivos, buscando información, etc., y encontré que lo que realmente ocurrió no tuvo nada que ver con la narrativa tradicional que a mí me habían contado en el colegio.
¿Qué encontró?
Descubrí que la violencia fue absolutamente residual: no tuvo ningún papel en esta crisis. El relato de la violencia como un fenómeno endémico ha sido reconsiderado por la historiografía, pero, sobre todo, hay dos imágenes muy fuertes: sí hemos sido propensos a la violencia y somos un país que tiene una cultura jurídica santanderista, es decir, que tendemos a recurrir a la ley para fracturarla.
Hablemos de esta frase que menciona en el libro: “Los colombianos sabemos que el legalismo santanderista es una particular manera de acercarse a la legalidad para torcerla”. ¿Cómo se relacionó este legalismo para que la crisis se haya desatado desde adentro?
El santanderismo es esta idea de contraposición a un Bolívar militarista y un Santander muy apegado a la ley. Es un mito que hace parte del relato de la historia patria, que tiene una función (la de aquí y la de todas partes), que básicamente es crear un sentido de identidad nacional compartido, pero la historia crítica es otra: busca tomar distancia frente a esos relatos para reflexionar sobre el pasado y ayudarnos a entender el presente. Esta crisis tuvo episodios contados de violencia y se desencadenó en el marco de la Constitución; es decir, el elemento que la detonó provino de una situación enmarcada en la ley, y todos los recursos fueron jurídicos y constitucionales. Fue una hiperpolitización de la sociedad con muchísimos actores (muchos más de los que me imaginé). Desde ahí tramitaron sus demandas políticas y fue tal la polarización y movilización o participación política, que terminó reventando la república desde adentro. Ni armas ni golpe de Estado.
Y esto traducido a nuestro presente…
Es interesante para pensar el momento que estamos viviendo hoy por la polarización y la politización. Aun con la violencia, esta es una sociedad en la que permanentemente la política está presente. La forma de esas crisis y sus mecanismos tuvieron una larguísima duración a lo largo del siglo XIX e incluso algunos de ellos tienen resonancias con fenómenos que vemos hoy.
Hace unos meses, usted dijo que la frase “El que no conoce su historia está condenado a repetirla” no tenía fundamento porque la historia nunca se repetía; sin embargo, sobre este libro contó que el hecho de que la justicia no se haya separado del poder público hasta 1821 ayuda a entender nuestro presente. Sé que no es lo mismo, pero ¿para qué entender nuestro pasado, si no es para no cometer los mismos errores?
No sé de quién es la frase, pero es un lugar común. La historia no se repite: es fruto de temas estructurales que tienen que ver con la coyuntura, las contingencias, etc. El pasado no se puede reconstruir, pero sí nos deja unos indicios y, a partir de nuestro presente, los historiadores revisamos ese pasado para contestar a las preguntas que nos plantea el presente. Un historiador muy importante, fundador de Los Annales, la gran escuela francesa, lo dijo de una manera muy linda: “Los historiadores preguntamos desde la vida al mundo de la muerte”. Lo que fracturó esta primera Colombia fue que el consenso que la había hecho posible se quebró porque nació de una enorme fragmentación del poder que, guardadas las proporciones, sigue siendo un problema en este país: la fuerza del poder local es enorme y la elección de alcaldes y gobernadores profundizó aún más la fuerza del poder local con consecuencias devastadoras, porque los actores ilegítimos cooptaron muchos de esos espacios de participación democrática. La paradoja de este país es que el 70 % de la población está en las ciudades y ese es el voto de opinión que pone presidente, pero el que define la fuerza política en el Congreso se juega en las áreas rurales, que fue donde se jugó la guerra y se jugará la paz.
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Con respecto a la soprepolitización que menciona: cómo fue que la crisis se dio dentro del marco legal. Mencionó resonancias de aquel fenómeno en el presente, ¿se repetiría? Y se lo pregunto porque, desde la carta del 91, tenemos herramientas para garantizar nuestros derechos, como la tutela, pero el sistema judicial continúa con vacíos, fallas y una corrupción que nos sobrepasa… Así que hablemos de los derechos escritos en esa Constitución que no están garantizados.
Tú puedes leer una Constitución de dos maneras: coges el texto y, simplemente, lees todos los derechos allí consagrados. La otra forma es leerla teniendo en cuenta las instituciones que esa misma Constitución o su desarrollo arbitran para cumplir los derechos. Es decir, puedes consagrar el derecho al medio ambiente, pero si no hay una legislación ni mecanismos institucionales que velen por esto, ese derecho no tiene contenido así aparezca en la carta. Las constituciones recogen unos principios e ideales, pero hay que darles contenido a través de desarrollos institucionales. Lo que pasó en 1821 fue que hubo una gran preocupación por moderar la revolución. Los historiadores habíamos leído esto en clave de evitar los excesos de la Revolución francesa. Esta era una sociedad profundamente católica y su cultura jurídica se basaba en esto. Era lo que podemos llamar una cultura jurídico-política de matriz católica y esto es importante, porque la manera en la que tú lees y te apropias depende de tu propia cultura. Nadie lee el mismo libro de la misma manera. Cuando ellos hablan de moderar la revolución se refieren a que el orden debe reflejar la divinidad. En la cultura católica la idea de construir un orden está en las antípodas de su comprensión del mundo. No había forma de recomponer una monarquía, así que muy rápidamente transitaron a una república fundada en la voluntad popular o de los pueblos, pero nadie quería cambiar la naturaleza de la sociedad.
Por qué se nos ha hablado de tantas semejanzas con la Revolución francesa o la norteamericana…
Porque esa Constitución recogió muchos principios de la Revolución francesa y la norteamericana, pero los montaron sobre esa base cultural. Aquella carta tiene una norma que dice: “Se mantienen en vigor todas las leyes vigentes mientras no contravengan esta Constitución”. Los historiadores siempre pensaron que esta era una norma transitoria hasta que se configurara el imperio de la ley y los principios modernos, pero no. Por ejemplo, no hubo división de poderes: la administración estuvo pegada a la justicia. En este país, la creación de la justicia como una rama independiente del poder público fue muy difícil y lenta. Mi otra función fue revisar en archivos hasta cuándo las viejas leyes habían estado vigentes y encontré que esto sucedió hasta las primeras décadas del siglo XX, y aún hoy hay algunas.
Como por ejemplo…
La titularidad de la tierra. Para un francés o un norteamericano es imposible entender que en este país el catastro no esté actualizado. Sin esto no hay defensa de la propiedad de la tierra. Todo esto viene de allí, de una revolución política que no toca los derechos civiles y que, dicho de otra manera, nunca se planteó modificar la estructura de la sociedad. Ahí no hay diferencias entre Bolívar y Santander, porque los dos legislaron preservando el mismo esquema con autogobierno en los municipios, pluralidad de derechos, etc. Tenemos que mirar el siglo XIX de una manera distinta: sin tanto personalismo ni proyección de nuestra comprensión del mundo, sino más bien a partir de las categorías que esta sociedad tenía.
¿Por qué la construcción del Estado fue tan difícil?
Porque el Estado es incómodo: a nadie le gusta que le pongan límites en su tierra o que le digan que allí o aquí no puede parquear, y eso siempre ha sido así. Recogimos elementos de revoluciones de afuera, pero esta jamás será como la alemana, por ejemplo. Redefinimos y creamos algo que nos explica un poco del camino que hemos recorrido. El primer diagnóstico de mi generación fue que la violencia fue consecuencia de la ausencia de Estado en los territorios. Con esta mirada sobre ese modelo constitucional, empiezo a entender que aquel modelo le cierra el camino al Estado.
¿Por qué?
No solo porque mantiene en rigor todas las leyes que había antes, sino porque además ese modelo coge recursos que eran muy importantes en el orden jurídico monárquico y los incrusta en la Constitución para garantizar su cumplimiento. ¿Cuál es el elemento que montan ahí? La acusación. Es decir, en esa constitución dice: “Todos los empleados públicos son responsables por cualquier omisión o extralimitación en el cumplimiento de la Constitución”. Y eso suena fantástico, claro. Empleados, en aquella época, eran los civiles, militares y religiosos. La herramienta que el Estado les dio a los colombianos para hacer efectivo esto fue un viejo principio: la acusación.
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¿Cómo funcionó esa herramienta? ¿En qué consistió?
Una vez lo acusaban, el empleado era judicializado para responder con su patrimonio y su cuerpo. Pagar con su peculio además de estar sujeto a castigos físicos, que eran terriblemente deshonrosos. Por supuesto que hoy en día alguien denuncia una arbitrariedad, pero nadie responderá con su plata y mucho menos con su cuerpo. La contracara del carácter natural de la responsabilidad, fue, justamente, el “se obedece, pero no se cumple”, un mecanismo de garantía para esos empleados en el antiguo régimen en el que el rey dictaba una disposición y tú, siendo alcalde, por ejemplo, podrías estimar que era contraria a la justicia de Dios: era un sistema jurídico casuista donde se buscaba que se aplicara justicia en cada lugar según sus categorías; no la de hoy, que funciona para todo el mundo. Y cuando no la aplicabas y para que el rey no pensara que estabas desobedeciendo, usabas ese mecanismo y aclarabas que estabas defendiendo la justicia. El “se obedece, pero no se cumple” era la fórmula para que ese empleado se cuidara y no lo hicieran responsable.
¿El “se obedece, pero no se cumple” fue la herramienta que causó la crisis desde adentro?
Una de ellas, claro. Esto creó un caos y permitió que los colombianos judicializaran a los empleados públicos que eran sus opositores políticos. Fue una de las cosas que reventaron la Constitución desde adentro y crearon una cultura en la que hemos hecho política usando recursos judiciales desde tiempos inmemoriales. Y por eso hoy seguimos empapelando al opositor. Si no tienes una rama de justicia separada del poder público no tienes Estado. Este tipo de miradas ayudan a explicar estas cosas: no es que no nos guste la ley, es que venimos de una cultura en la que la justicia y la ley eran otra cosa. Transitar a una concepción de la misma ley para todo el mundo fue muy difícil.
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
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