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La situación laboral del volante de Millonarios Yhonny Ramírez se sigue complicando. A la decisión de una jueza civil del circuito que determinó que los tribunales deportivos de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol sí son competentes para dirimir el conflicto del jugador con el Boyacá Chicó, se suma ahora la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor de abrir una investigación en su contra por supuesto incumplimiento de los estatutos de la FIFA, lo cual podría acelerar la suspensión de su actividad deportiva.
A través de un auto de apertura suscrito por los miembros de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, se le hizo saber a Yhonny Ramírez que sus presuntos desconocimientos de los estatutos de la FIFA, Colfútbol y el Código Disciplinario Único pueden acarrearle sanciones que, según las normas citadas, podrían pararlo entre tres meses y un año. La inusual decisión, contra la que no procede recurso alguno, fue firmada por Francisco Ochoa, Manuel Ardila y José R. Herrera Vergara.
En el documento, conocido por El Espectador, se deja ver la motivación principal de la investigación disciplinaria contra el futbolista: el hecho de que éste hubiera interpuesto una acción de tutela contra la Federación y la Dimayor, para oponerse a que la Comisión del Estatuto del Jugador sea el organismo que resuelva su conflicto con el Boyacá Chicó. En criterio de Yhonny Ramírez, la razón de su tutela es que se trata de un diferendo que debe ser conocido por la justicia laboral.
Esta pelea surgió desde principios de 2012, cuando el equipo boyacense y su dueño, Eduardo Pimentel, celebraron con Millonarios un convenio deportivo de cesión a préstamo por un año, con opción de compra, para que Yhonny Ramírez jugara en el equipo albiazul. La posibilidad de que el paisa se quedara en el club bogotano estaba supeditada al pago de $500 millones, y se acordó que cualquier diferencia debía ser resuelta por las instancias deportivas.
En desarrollo de su actividad profesional con Millonarios, y ante el incumplimiento del Chicó de varios compromisos laborales y aportes a seguridad social, Ramírez acudió a Coldeportes, Colfútbol y la Dimayor y se declaró jugador libre. En esas condiciones, bajo el entendido de que negociaba con un futbolista dueño de sus derechos, el equipo azul lo inscribió para el torneo de 2013. De inmediato, Eduardo Pimentel presentó una reclamación ante la Dimayor.
El 1º de marzo, la Comisión del Estatuto del Jugador admitió la demanda en la que Pimentel pidió $500 millones por la transferencia de Ramírez, más $100 millones a título de indemnización por los perjuicios sufridos, la suspensión del futbolista durante seis meses y la prohibición a Millonarios de inscribir jugadores durante dos temporadas. Yhonny Ramírez presentó recurso de reposición, el cual le fue negado. Fue en ese momento que acudió a la tutela.
En esencia, con el apoyo de la Asociación de Futbolistas Profesionales reclamó su derecho al trabajo y que su caso fuera resuelto por la justicia laboral y no por los tribunales privados de la Dimayor y la Colfútbol. La jueza 13 civil municipal de Bogotá, Ibeth Porras, le dio la razón y recalcó que las diferencias contractuales son asunto de la justicia ordinaria y no de los organismos del fútbol. Por eso ordenó dejar sin efectos lo obrado por la Comisión de Estatuto del Jugador.
La Dimayor y la Colfútbol apelaron la sentencia y reclamaron la autonomía disciplinaria de los entes deportivos. En fallo de segunda instancia, la jueza 43 civil, Mary Luz Roncancio, revocó la determinación de su antecesora bajo el argumento de que cuando los clubes y ligas se adhieren al estatuto del jugador se someten a las normas señaladas por la FIFA. En consecuencia, la competencia para resolver el caso Yhonny Ramírez-Chicó-Millonarios es de la Dimayor.
Lo que no estaba previsto es que, además de ganar la pelea, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor le abriera también proceso a Ramírez. La expectativa es que la Corte Constitucional acoja en revisión la tutela del jugador, aunque dos de sus miembros también pertenecen a los tribunales deportivos. La controversia se da en momentos en que los jugadores reclaman ser tenidos en cuenta para discutir el proyecto de ley de los Futbolistas que ayer presentó al Congreso el Ministerio del Trabajo.