¿Misión imposible?

En época de elecciones, la prensa hace énfasis en la captura de parte del Congreso por parte de políticos que trafican en contratos de obra y desfalcan entidades públicas. Pero el mayor desafío no es éste, que palidece en comparación con el problema que presenta la extracción masiva de recursos del sistema pensional. Los ingresos tributarios representan casi 17% del PIB y el pago de pensiones representa 4,1% del PIB. Uno de cada cuatro pesos. Entre 50% y 75% de este monto corresponde a subsidios, es decir a pensiones superiores a lo que los pensionados aportaron. Supongamos entonces que 2,5% del PIB se destina a subsidiar pensiones, en gran parte de empleados públicos de estrato 3 y 4 en Bogotá. Se trata de alrededor de casi US$10 mil millones al año en subsidios regresivos. No todos destinados a pensiones altas, pero sí una proporción inaceptable.

Desde por lo menos hace 30 años se sabe que el sistema no solo es absurdo e inequitativo, sino financieramente insostenible. Se sabe que el Estado no puede (ni debe) seguir pagando pensiones que exceden de lejos los ahorros que genera el sistema. Y, sin embargo, todos los intentos por reformarlo fracasan, porque los jueces, que están entre sus beneficiarios principales, así lo han determinado. Hace unos días, la Corte Suprema decidió impedir la eficaz aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que limitaba el pago de pensiones extravagantes.

Es incomprensible que sea imposible ponerle fin a este lamentable saqueo de las arcas del Estado por parte de altos servidores públicos. Es también incomprensible que se alegue que el sistema no se puede reformar porque sus beneficiarios gozan de legítimas expectativas y derechos adquiridos, como si un grupo privilegiado de la población tuviera el derecho de seguir recibiendo enormes subsidios, a pesar de que se sabe que el sistema va a explotar y que, mientras lo hace, sólo se sostiene a costa de dejar de invertir en la protección de gentes realmente vulnerables. En un intento fútil por detener el desangre, el Estado recurre a cuanta arbitrariedad se le ocurre para tratar de no pensionar a la gente (a la manera de las EPS con sus afiliados, en un sistema que también es insostenible).

Quizás la única explicación consistente es la que ofrecen los psicólogos sobre la violenta resistencia que opone el cerebro humano a perder posesiones. Esto es claro en el caso de las quiebras o de los divorcios. Por lo visto, también de los subsidios pensionales. La reacción patológica de los jueces ante la reforma pensional (más allá de argumentos poco convincentes sobre sus derechos y expectativas) hace que enderezar esta situación vaya a ser muy difícil. Y, frente al argumento de que el sistema es insostenible e injusto, su respuesta es la de tratar de extender el sistema a más personas. ¿Acaso esto lo hace más sostenible? No. Pero sí extiende el número de personas que resistirán cualquier intento por establecer un sistema racional en el futuro.

El pasivo pensional es de por lo menos 120% del PIB. Puede ser más alto, y sube con cada sentencia. En comparación, la deuda financiera del Estado es de alrededor de 35% del PIB. En la medida en que el pasivo pensional se hace exigible, tiende a convertirse en deuda financiera, a menos de que el Estado deje de prestar servicios básicos en otros frentes. Es claro que no se va a poder pagar. Ni hablar de extender el sistema con sus características actuales. Pero la manera como se logre frenar este descalabro, ya sea con una reforma sensata, o con la quiebra del Estado colombiano, es de vital importancia para el futuro.