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Impresiona que haya tanta gente interesada en ser procurador, pero más que varios de los aspirantes hayan abierto sedes desde donde, con un batallón de lobistas, asesores y lagartos están a la tarea de promocionar las aspiraciones de cada quien.
La Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente Petro deben integrar la terna de candidatos a procurador y, aunque hay unos pocos nombres rescatables en esas listas de aspirantes que ya se han divulgado, la verdad es que la mayoría son ilustres desconocidos. De entrada, hay que decir que no le conviene a la Procuraduría designar a quien no se le conozcan ejecutorias en el servicio público, del mismo modo que tampoco resulta atractivo nombrar a alguien que haya dejado sombras después de haber ejercido un alto cargo.
Hay algunos personajillos que se han colado en varias de esas listas que no merecían ni siquiera ser incluidos como aspirantes. Por ejemplo, Wilson Ruiz, un individuo oscuro que solamente a Iván Duque se le pudo ocurrir designarlo ministro de Justicia, oficio en el que brilló por su incompetencia. Ruiz es osado y se atreve a postularse en la esperanza de que el Consejo de Estado le haga el milagrito de proponerlo como procurador. Solo falta que esta corporación incurra en el desafuero de ternar a Ruiz, en cuyo caso es inevitable reconocer que hay una crisis de valores muy severa.
En efecto, Ruiz conoció la Procuraduría como delegado ante el Consejo de Estado en las épocas siniestras y prevaricadoras de Alejandro Ordóñez, y llegó a ese empleo de la mano de los exsenadores conservadores Carlos Holguín Sardi y Luis Carlos Martínez Sinisterra. Su paso como procurador delegado fue accidentado porque varias informaciones de prensa lo vincularon a actuaciones sospechosas, por decir lo menos, por las que al parecer tuvo que renunciar en la más escandalosa impunidad sin que ninguna investigación lo tocara aun hasta hoy.
El país no tiene memoria y de ello sacan ventaja personas como Ruiz y varios de los inscritos como candidatos a procurador, quienes sin titubear se presentan como los adalides de la moral pública, porque están seguros de que nadie les ventilará sus inolvidables pecados. Para eso cuentan con el cabildeo silencioso de quienes ya se conocen como expertos en la faena de intrigar. Al caso de Ruiz se agrega una cuidadosa orquestación de almuerzos opíparos en su finca de tierra caliente, a la que este trepador social ha sabido invitar con frecuencia a numerosos magistrados, muchos de los cuales seguramente tendrán que considerar ahora su nombre en esta nueva empresa de tomarse por asalto el Ministerio Público.
Claro que Ruiz no inventó ese sistema claramente corrupto de ir tejiendo amistades, alianzas y camarillas pensando en que tarde o temprano se requerirá de los votos de esos comensales. El entramado está acuñado de tiempo atrás y es una de las reformas urgentes que reclama la estructura constitucional, porque si hay algo que debe derogarse cuanto antes son las facultades electorales de las Altas Cortes, porque con ellas sucedió todo lo contrario de lo que se esperaba con la Constitución del 91. Con la intervención de las cortes en estos procesos de selección de altos funcionarios se creyó ingenuamente que la elección de estos servidores estaría a salvo del clientelismo, pero el experimento resultó al revés, porque las Cortes y magistrados que antes no se movían por intereses y canonjías politiqueras terminaron enredados en una gigantesca red clientelista del “yo te elijo y tú me eliges”, que está causando daño severo a la justicia y por ese camino a la democracia.
Pero en esta maraña de la corruptela inveterada hay mucha hipocresía, porque hay quienes aseguran, sin sonrojarse, que escoger entre miles de candidatos hace transparente la selección, cuando a la hora de la verdad los votos ya están cantados o endosados, y casi que hasta elegido aquel que haya logrado aquerenciar más togados o congresistas.
Veremos si Ruiz y otros de su misma ralea coronan haciéndose nombrar procurador. De ocurrir esa hecatombe, le quedarían muy pocos días de vida a la Procuraduría.
Adenda. Caído Carlos Ramón González, el impresentable exdirector de la DNI y alfil de Petro, sus compañeros del alto gobierno sindicados del asalto a la Ungrd que, según la Fiscalía, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos”, también deben renunciar ya. Es indecoroso defenderse desde la cumbre del poder o parapetados en la inmoral y cínica justificación de que fueron más ladrones los del saqueo de Odebrecht.
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