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Miguel Francisco Burgos, quien fungió como juez de Sahagún, Córdoba, durante un poco más de cinco años, fue condenado a cuatro años por el delito de prevaricato. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de primera instancia luego de que el exfuncionario judicial, junto con su abogado, interpuso un recurso de apelación a la sentencia proferida en agosto de 2018 por el Tribunal Superior de Montería. En ese entonces lo encontraron responsable de adelantar trámites contrarios a la ley a favor de un grupo de trabajadores de la desaparecida empresa de comunicaciones Telecom.
Burgos, que pasó de estar en los estrados judiciales juzgando a los más peligrosos delincuentes terminó en la otra orilla por irregularidades en su labor como funcionario judicial. La puja en este caso empezó a través de una acción de tutela que interpusieron más de 20 personas, en 2009, en contra de Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas. La pretensión de los tutelantes era que se les pagaran los salarios y demás prestaciones sociales a las que afirmaron tener derecho como extrabajadores despedidos injustamente durante junio de 2003.
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Además de los pagos, los tutelantes pedían que como medida provisional se embargara las cuentas corrientes que tuviera la entidad en el territorio nacional y esto superaba los $6.000 millones. En primera instancia la justicia no estuvo a su favor, sin embargo, una vez el caso pisó el despacho del juez Burgos, el panorama para los exempleados de Telecom empezó a cambiar. El exfuncionario amparó los derechos del mínimo vital, trabajo, fuero sindical, igualdad y dignidad humana de los tutelantes.
Burgos le ordenó a Telecom que en un término de 48 horas cancelara los salarios, las prestaciones sociales y el reconocimiento económico desde 2006, así como los aportes a seguridad que dejaron de percibir los exempleados. Para cumplir con ese designio el juez decretó el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros y CDT’s que tenía la entidad. La decisión llegó a congelar hasta $4.000 millones.
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Aunque los exempleados ya daban por sentada la victoria, el caso llegó a la Corte Constitucional y la decisión de Burgos quedó desestimada en junio de 2014. Con esa negativa, las autoridades judiciales pusieron la lupa sobre el exfuncionario y sus decisiones en el expediente. En efecto, por considerar que no se encontraban las condiciones para decretar esa medida cautelar y conceder el amparo, el hoy exjuez fue denunciado por prevaricato.
Durante 2014, Burgos fue llevado ante los estrados judiciales y la Fiscalía le endilgó cargos. Para 2018, el tribunal de Montería emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exjuez aduciendo que “la Sala comparte la solicitud de la Fiscalía, pues es evidente que, a mayor preparación de un funcionario judicial, mayor capacidad de comprensión de lo legal o de la ilegalidad de su actuar, y más cuando aquí con claridad se le hizo ver la improcedencia de la presente acción, mírese como un juez de inferior jerarquía, el juez de primera instancia, con argumentos juiciosos la negó”.
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La condena, en su momento, fue de cuatro años y cinco meses porque, a juicio del tribunal, existió dolo en las determinaciones que tomó el juez. Le reprochó la experiencia en el cargo para tomar una decisión que, en primera instancia, le fue negada a los extrabajadores de Telecom. Burgos, en compañía de su abogado apeló la decisión y el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema.
En el análisis, el magistrado Diego Corredor redujo la pena a cuatro años aduciendo que se confundieron los conceptos de dolo y culpa en la decisión del tribunal debido a que el mayor grado de conocimiento o preparación profesional de Burgos podría ser un “factor definitorio del grado de culpabilidad culposa”. “En consecuencia, se corregirá el error advertido y se dispondrá como pena privativa de la libertad, la sanción correspondiente al extremo inferior del cuarto mínimo de movilidad, esto es, 48 meses de prisión”, reposa en la providencia.
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Burgos hizo parte de la larga lista de jueces que fueron investigados por la Procuraduría en la administración del entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien adelantó labores disciplinarias en Córdoba, Antioquia y Bolívar. Para la época de los hechos, el exjefe del Ministerio Público resaltó que se estaba ante un caso de “ejercicio abusivo de la acción de tutela”.
En su momento, el Ministerio Público encontró anomalías en las irregulares tutelas falladas en contra del Estado. Por ejemplo, que cinco años después de que fueran retirados los trabajadores de Telecom se instauraran las acciones de tutela, cuando existen otros mecanismos judiciales para reclamar los derechos pensionales. Pero, además, en todos los casos analizados por la Procuraduría se encontró que el Estado sí indemnizó a los trabajadores con todas sus prestaciones de ley, y aún así se interpusieron tutelas para defraudar el erario.
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