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La estrategia de paz total del Gobierno tiene sentido y recoge aspiraciones de amplios sectores de que pongamos fin a los conflictos armados y a las violencias que aún persisten. Sin embargo, esta estrategia adolece de indefiniciones y ambigüedades preocupantes, más allá de la idea abstracta, difícil de controvertir pero que puede convertirse en un simple eslogan, de que Colombia quiere una “paz total”.
La idea de paz total tiene sentido pues, a pesar de los enormes beneficios que trajo el Acuerdo Final con las extintas Farc (AFP), subsisten en Colombia actores armados que causan enormes sufrimientos y cuya capacidad y presencia territorial se incrementó durante el gobierno de Duque, que fracasó en su estrategia de seguridad. Por eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha concluido que en el país persisten seis conflictos armados y otros tipos de violencias con graves consecuencias humanitarias. Vale la pena entonces intentar la desmovilización de esos actores, que es lo que pretende la paz total, en el entendido de que el Estado no renuncia al uso de la fuerza para conquistar la seguridad en todo el territorio si las negociaciones fracasan.
El Gobierno, además, ha hecho aclaraciones importantes. En especial, a través de la reforma de la Ley 418, conocida como Ley de Orden Público, el Gobierno ha precisado las dos vías para esa paz total: una negociación política, que debería conducir a un acuerdo de paz que podría incluir ciertas reformas sociales, para los actores armados con motivación política, como el Eln. Y otra, que llama “acercamiento o conversaciones”, con organizaciones criminales de alto impacto pero sin motivación política, como el Clan del Golfo, que no llevaría a reformas sociales sino a mecanismos para su desmantelamiento y sometimiento a la justicia.
Estas clarificaciones, junto con el restablecimiento de la mesa de diálogo con el Eln y el anuncio del comisionado de Paz de que existen avances significativos con otros grupos armados, son buenas noticias. Sin embargo, las ambigüedades de la paz total son aún enormes en ciertos puntos claves. Menciono sólo uno: ¿cuáles son los mecanismos concretos de sometimiento a la justicia de las organizaciones puramente criminales?
Estos temas son complejos y deben ser aclarados, ojalá rápidamente. Pero hay uno, para nada menor, que requiere una posición gubernamental clara desde el inicio. Es el relativo a la relación entre la paz total y los estándares de justicia y derechos de las víctimas establecidos por el AFP.
El Gobierno ha señalado que la paz total respetará los derechos de las víctimas y que habrá justicia, lo cual además está dicho en la reforma a la Ley 418. Eso es fundamental: una paz sin justicia y sin tomar en cuenta a las víctimas es hoy insostenible. Pero es aún muy abstracto, pues tenemos vigente el AFP que concretó unos estándares de justicia frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Esos estándares de justicia, fruto de esfuerzos muy difíciles en la negociación con las Farc, han tendido a ser aceptados por la comunidad internacional, pero con dificultad ante las alegaciones de que el AFP permitía impunidad frente a atrocidades. Esos estándares del AFP, junto con la condicionalidad para acceder a los beneficios penales, son entonces los mínimos de justicia y de respeto a derechos de las víctimas que deben ser honrados incluso en un acuerdo de paz. Por ello, muchos estamos convencidos de que no podemos retroceder frente a esos estándares integrales del AFP, no sólo porque esto sería una injusticia frente a las víctimas del Eln y de otros grupos armados sino, además, por cuanto cualquier acuerdo que retroceda frente a esos estándares sería muy débil tanto a nivel jurídico como político.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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