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Bajo el argumento de la ampliación democrática, el Consejo Nacional Electoral viene otorgando personerías jurídicas de manera desmedida, en contra de lo establecido por la propia Constitución Política, modificada en el año 2003 para controlar la proliferación de partidos que por esa época teníamos en el país.
Pocos reconocemos los proyectos políticos de: Todos somos Colombia; La Fuerza de la Paz; Gente en Movimiento; Creemos; Liga Gobernantes Anticorrupción; Ecologista Colombiano; Demócrata Colombiano; Nueva Fuerza Democrática; Fuerza Ciudadana; Esperanza, Paz y Libertad; Independientes y En Marcha, pero sí reconocemos a Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez o Daniel Quintero, algunos de los políticos que lideran estos proyectos. Todos estos partidos políticos, sumados a siete personerías jurídicas otorgadas entre 2019 y 2022 entregaron 34.800 avales para las próximas elecciones regionales buscando consolidar su poderío político en territorios en los que nunca han tenido participación alguna.
Con las reformas políticas de 2003 y 2009, los partidos políticos únicamente pueden obtener personería jurídica si superan el umbral del 3 % de los votos para el Congreso, lo que ha llevado a una importante depuración del sistema de partidos en Colombia. Con la personería jurídica, los partidos políticos pueden: 1) otorgar avales para las elecciones, 2) recibir financiación estatal y 3) acceder a medios de comunicación.
Sin embargo, el CNE viene concediendo personerías a través de maromas jurídicas que, contrario a ampliar el sistema democrático, nos regresan a un sistema de partidos personalistas en detrimento de la democracia colombiana.
Mediante las Resoluciones 2239 y 1545 de 2023 el CNE les otorgó personería jurídica a los partidos políticos: Creemos, liderado por Federico Gutiérrez, e Independientes, liderado por Daniel Quintero, basando su decisión en tres argumentos caprichosos que favorecen “cacicazgos” y debilitan la consolidación de proyectos políticos colectivos.
Sustenta el CNE la posibilidad de adquirir la personería jurídica vía la figura de la adhesión, olvidando que ésta únicamente es aplicable a la elección de cargos uninominales y no plurinominales y que quienes se adhieren ya deben ser partidos políticos con personería jurídica. Es decir, que para los casos de Creemos e Independientes no procedía el otorgamiento de la personería jurídica.
Además, para buscar mayores argumentos, el CNE establece que: “la adhesión para el caso analizado debe entenderse con carácter electoral”, es decir, únicamente para el momento de las elecciones, a pesar de lo cual utiliza este argumento para entregarles personerías jurídicas a los mencionados partidos dándole un carácter de permanencia a la adhesión. De esta forma, se contraría uno de los principales objetivos de los partidos políticos que es establecer proyectos políticos de mediano y largo plazo.
Finalmente, las mencionadas Resoluciones del Consejo Nacional Electoral hacen un manoseo grosero del Acuerdo de Paz y de algunas de las sentencias de la Honorable Corte Constitucional.
El Acuerdo de Paz es respetuoso de los procesos y formas establecidos por la legislación colombiana. Para el caso concreto, la modificación de reglas para otorgar personerías jurídicas a los partidos políticos requiere de una modificación de la Constitución que hasta el momento no se ha llevado a cabo, por lo cual, no le corresponde al CNE vía interpretación hacer una entrega amañada de personerías jurídicas.
Bajo los anteriores argumentos, sin ningún sustento jurídico, partidos como Creemos e Independientes están participando en las elecciones regionales, entregando avales en todo el territorio nacional para las elecciones de octubre.
Según un reciente informe de la MOE, Creemos entregó 2.043 avales en todo Colombia e Independientes 2.553.
El Congreso de la República está en mora de aclarar el funcionamiento de las coaliciones electorales, la forma en que se otorgan avales por parte de estas, quiénes pueden participar y los réditos que obtendrán una vez terminen las elecciones.
Por el momento, mal hace la autoridad electoral en interpretar a su antojo las reglas para otorgar personerías jurídicas en detrimento de la consolidación de una democracia que se caracterice por tener un fuerte sistema de partidos que represente a los ciudadanos.
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