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Comprar tierras para redistribuirlas y facilitarles el acceso de estos bienes a los campesinos es un componente central de la reforma agraria, que ha protagonizado los discursos del presidente Gustavo Petro desde los días de campaña. Además, es un tema central de la agenda del Gobierno y más por ser un punto esencial del Acuerdo de Paz con las extintas FARC.
Los motores detrás de esta agenda son diversos, pero se agrupan en dos grandes impulsos: saldar una deuda histórica con millones de colombianos e incrementar la producción de alimentos en un país que, pese a su potencial agrícola, registra brechas sociales críticas de pobreza y hambre en el campo. La concentración de la tierra en Colombia es tal que el coeficiente Gini es de 0,89 (siendo 1 el puntaje más alto y negativo en esta escala).
Ahora bien, el proceso para llegar a este fin ha enfrentado dificultades que están ancladas a la demora en comprar los predios (es un asunto complejo, como se verá más adelante) y los problemas que emergen de algunas de las adquisiciones.
Hay casos, como el del municipio de San Marcos (en Sucre), que ayudan a entender cuáles son las fallas en los procesos y revelan asuntos estructurales a tener en cuenta. A esto hay que sumarle un escollo más para la agenda del Gobierno con la reciente decisión de la Corte Constitucional, que tumbó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que, en pocas palabras, aceleraba los procesos de compra de tierras. El fallo fue criticado por el presidente Petro.
💰 Las compras enredadas en Sucre
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), denunció supuestas irregularidades en las compras de tierras a cargo de la anterior dirección de la entidad, a cargo de Gerardo Vega. “Son alrededor de 14 predios los incluidos en las 22 denuncias que he interpuesto ante la Fiscalía desde que soy director. Hemos suspendido cualquier tipo de pagos a estos para intentar disolver el negocio jurídico y vamos a usar todas las herramientas legales para que nos devuelvan los recursos ya entregados”, cuenta Harman en entrevista con este medio.
Los predios Cachorros, en Puerto Gaitán (Meta), y Santa Fe, en Majagual (Sucre), son algunos de los casos mencionados. A estos se les suman otros en el municipio de San Marcos, Sucre, que fueron comprados en junio de 2023 y denunciados por la ANT en mayo de 2024.
La Agencia aclara que el 30 de junio de 2023 se consolidó el negocio jurídico “con el registro de las escrituras públicas en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Marcos”. Pero a finales del año pasado comenzaron a aflorar los problemas, pues la ANT recibió una nota devolutiva emitida por la misma oficina.
En ese documento se anotaban asuntos como que existía “incongruencia en el área de los inmuebles y en los linderos generales del predio”. También se hablaba de inconsistencias en uno de los linderos o la ausencia de títulos inscritos en los antecedentes de algunas tierras.
En últimas, la Oficina le pidió en ese momento a la ANT que se revisen “algunas de las anotaciones de uno de los folios de matrícula” y “la tradición” de algunos inmuebles para evitar errores. El archivo hace parte de la querella que interpuso Harman ante la Fiscalía por este asunto. Allí consta que los predios “presentaban inconsistencias en sus linderos y al menos tres presentaban falsa tradición por falencia del título originario, afectando con ello la cadena traslaticia, la presunta propiedad adquirida por la ANT y la disposición efectiva del inmueble”, destaca la denuncia a la que pudo acceder El Espectador.
Carlos Duarte, docente y miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, explica que un predio rural con falsa tradición es cuando el título de propiedad (escritura pública) no refleja la situación real del terreno.
¿Cómo se puede ver esta disociación en la vida real? Hay dos ejemplos que ilustran la situación. En el primero un campesino lleva más de 40 años cultivando la tierra, pero no tiene el título; cuando averigua descubre que el predio había sido vendido a una empresa. El segundo es el de un terrateniente cuyo predio colinda con un baldío del Estado; se va apoderando de esa propiedad mediante documentos falsos que supuestamente acreditan su posesión y se vale de su poder económico y conexiones políticas para lograrlo.
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📄 ¿Cuáles son los predios con presuntas inconsistencias?
El Espectador tuvo acceso a información de la ANT en la que se detalla cuáles son las características de 11 de los 12 predios que están incluidos en la denuncia de Harman. Estas son las tierras cuestionadas:
- La Magdalena, antes denominado Jerusalén, tuvo un precio de compra de $322′268.838 y tiene 12,78 hectáreas.
- Jerusalén: $2.742′384.434 y 104,95 hectáreas.
- El Rocío: $762′091.733 y 27,7 hectáreas.
- Lote A: $92′892.800 y 6,03 hectáreas.
- Campo Alegre: $4.477′863.227 y 177,83 hectáreas.
- Lote A, paraje de Cayo de la Cruz: $557′115.000 y 42,85 hectáreas.
- Villa Isabel: $1.661′323.263 y 63,64 hectáreas.
- La Lotería: $3.725′813.176 y 139,36 hectáreas.
- Nuevo Mundo: (denominado Lote 1 en los registros de la ANT): $2.776′972.130 y 76,06 hectáreas.
- Nueva Estrella: $3.150′376.256 y 118,02 hectáreas.
- Late (llamada Finca El Paraíso – San Francisco en los registros de la ANT): $274′385.423 y 9,94 hectáreas.
- Late (no se conoce información adicional).
Si bien la denuncia interpuesta por Harman ante la Fiscalía habla de compras por $17.695 millones para las 12 propiedades, el valor en los registros de la ANT supera los $20.543 millones solo para los 11 predios (excepto el último), cuya información detallada conoció este medio vía derecho de petición.
Las tierras fueron adquiridas en el marco de la estrategia de compra directa y la oferta voluntaria la recibió la ANT por medio de Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos). Los pagos de nueve inmuebles fueron finalizados en junio de 2023 y dos más se saldaron en octubre del mismo año.
Los beneficiarios de estas tierras son campesinos y, hasta abril de este año, la situación jurídica de los predios era de “entrega provisional”, según los registros de la ANT. Ahora los lotes son parte del Fondo de Tierras.
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⚔️ Posiciones encontradas
En su denuncia, Harman instó a la Fiscalía a que investigue los delitos de prevaricato por omisión y que acuse a los presuntos infractores. Mientras tanto, la Agencia sostiene que está adelantando los trámites administrativos correspondientes para atender la recomendación de la Oficina de Registro.
La contraparte en este caso es Gerardo Vega, director de la entidad cuando se compraron las tierras. Él responde que el proceso se hizo “sobre lo que decía el certificado de libertad y tradición, que entrega la Oficina de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notaría y Registro. Ahora la Oficina dice que los predios no coinciden. Entonces, ¿para qué expidió el certificado? Se devuelven 100 años atrás y ven que los linderos no coinciden”. Y añade que el 65 % del sector rural colombiano está sin registrar y que son “trucos” de los que se han opuesto a la reforma agraria toda la vida. “Con todas estas interpretaciones, tienen a los funcionarios bien atemorizados para adquirir los predios”, resalta Vega.
Por su parte, Duarte (de la U. Javeriana de Cali) estima que la incertidumbre sobre los títulos afecta al 50 % de los predios rurales que se encuentran inscritos en el catastro. Pero esto no exime a los funcionarios de cumplir con las leyes que están precisamente para evitar errores.
De hecho, la Procuraduría abrió una investigación a la Agencia por presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de predios, con base en observaciones hechas a 288 procesos de compra. La entidad afirmó, entre sus primeras conclusiones, que las aparentes anomalías en estos trámites representarían “un riesgo para el erario estimado en $136.000 millones”.
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🌱 El lío de la propiedad de la tierra
Para este punto hay que aclarar que el problema de la tierra en Colombia es tan extenso como complejo. El presidente Petro aseguró que “la mayoría de los predios rurales de Colombia son de falsa tradición”.
Precisamente, las denuncias en San Marcos tienen sus raíces en el problema estructural de la propiedad de la tierra en el país.
Lo que estos hechos muestran es que ponerse a tono con los problemas de concentración, redistribución y producción de las tierras representa un esfuerzo titánico, pues la sola materia prima en este asunto es tan delicada como el combustible de una nave espacial. De igual forma, la complejidad del reto no exime a las entidades de cumplir con las leyes y las condiciones que establecen para estos escenarios. Unas de ellas es comprar tierras solo cuando “estén saneadas jurídica y materialmente” y “la posesión esté en manos de sus propietarios”.
Duarte considera que se está descubriendo que intervenir el mercado de tierras de manera profunda es complejo y quizá todo esto muestra que lo primero que se necesita es adelantar los procesos de formalización de la propiedad. En ese punto coincide Mauricio Velásquez, docente asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, y agrega que es un síntoma “que las compras estén mal hechas, precisamente porque en la ruralidad hacerlo es muy difícil. Por eso se necesita una focalización territorial y presencia fortalecida del Estado para transformar la región”.
Entre las soluciones que arrojan los expertos están fortalecer la integración de las bases de datos de las entidades respecto a las propiedades, robustecer la planta profesional de la ANT y propiciar la jurisdicción agraria y al catastro multipropósito para que haya claridad en el mercado de tierras.
“No hay fórmulas perfectas, pero si se tiene un territorio con toda la presencia institucional, va a haber menos riesgos de que se presenten irregularidades”, concluye Velásquez.
Al final de cuentas, más allá de las consecuencias políticas y jurídicas (que no son poca cosa), los problemas con estos procesos terminan por recaer, una vez más, en los campesinos que ha esperado acceder a la tierra que les han prometido por décadas y décadas.
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