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Para el gobierno de Gustavo Petro, la cuestión de La Guajira ha sido un asunto de la más alta prioridad. Una de las decisiones más importantes en el año que lleva de mandato fue, precisamente, declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento para, según él, mitigar una calamidad pública. Lo hizo el pasado 2 de julio, con una movida política que, en palabras sencillas, le da poderes extraordinarios, como la posibilidad de promulgar decretos de ley sin necesidad de que pasen por la aprobación del Congreso. Aunque la declaración de la emergencia fue aprobada por todos los ministros, la viabilidad de esa decisión tiene una última palabra: la Corte Constitucional, que se dispone a tomar una decisión que podría cambiarle todos los planes al presidente Petro.
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El próximo martes, la Sala Plena del alto tribunal estudiará la ponencia que presentó la magistrada Natalia Ángel Cabo, para definir si el primer mandatario incurrió en un error o en una arbitrariedad al declarar la emergencia en La Guajira. El Espectador conoció detalles de la discusión que se avecina en la Corte, que promete ser un debate para tener asiento en primera fila. No solo porque sería la primera gran sentencia judicial para restringir los planes del gobierno Petro, sino porque sus efectos son claves para que la justicia deje claro hasta dónde pueden llegar los poderes de un presidente. El tema está en el primer punto del orden del día del 26 de septiembre, pues la Corte tiene hasta el próximo 5 de octubre para tomar una decisión.
La ponencia
La magistrada Ángel presentó hace unas semanas la ponencia en Sala Plena. Este diario pudo establecer que lo que propuso la ponente fue darle el visto bueno al decreto de emergencia. No solo porque el Gobierno argumentó de manera correcta la necesidad de declarar un estado de excepción en el departamento, sino porque prácticamente todos los expertos y académicos que enviaron sus conceptos a la Corte coincidieron en un asunto: la cuestión en La Guajira es, primero, de carácter extraordinario; segundo, representa una crisis humanitaria y, tercero, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la situación en la zona podría convertirse en una calamidad. Con datos científicos y de contexto a la mano, la ponente expuso la gravedad del tema.
Explicó, por ejemplo, que lo que existe en La Guajira es una crisis humanitaria por el dificilísimo acceso a los servicios públicos esenciales; un problema que podría ser catastrófico ante situaciones climáticas como el fenómeno de El Niño. ¿Por qué? Porque la sequía que caracteriza este episodio podría agravar una situación ya dramática en materia de mortalidad infantil, acceso al servicio de salud, acceso al agua, saneamiento básico y seguridad alimentaria. Por esta razón, fuentes del alto tribunal señalaron que la ponencia sostiene que lo que vive el departamento no se puede calificar como una situación común u ordinaria, sino todo lo contrario: es extraordinaria y, por eso, Ángel sostiene que el gobierno Petro no incurrió en un error ni fue arbitrario al declarar la emergencia.
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Además, las cifras respaldan no solo la decisión del Ejecutivo, sino también la propuesta de la ponente. A la Corte han llegado conceptos de académicos y expertos, así como de entidades públicas, cuyos números sirven para entender la trascendencia del asunto: 6.254 niños están en riesgo de desnutrición, 160.588 personas (el 15,4 % de los habitantes) enfrentan una alta probabilidad de verse afectadas por la sequía, pues el 73,9 % del área cultivada del departamento está en riesgo medio y alto por esa causa, y todas las personas que habitan en municipios con acueducto pueden quedarse sin agua o verse afectadas por cortes en su suministro, amenaza que es más grave en zonas rurales dispersas en las que habitan las comunidades wayuus.
La emergencia no acaba allí. Casi la mitad de la población —509.852 personas de los 1’038.397 habitantes del departamento— enfrentará graves amenazas en su ya escaso acceso al agua. Por estas razones, y otras jurídicas, fuentes cercanas a la Corte confirmaron que la ponencia de la magistrada Ángel avala el decreto de emergencia y considera que el Gobierno no cometió un error de apreciación ni en una arbitrariedad al calificar de inminente y grave la amenaza que se cierne sobre la perturbación del orden económico, ecológico y social del departamento. Aunque la Sala Plena está de acuerdo con que el tema de La Guajira es una cuestión de extrema gravedad, varios de sus miembros no están de acuerdo con la ponencia.
La alternativa
Este diario pudo establecer que hay magistrados que no van a aceptar el proyecto de fallo de Natalia Ángel y que, en cambio, encuentran más viable una alternativa que lograría consenso en el alto tribunal. ¿Cuál? Declarar inexequible el decreto de emergencia. Es decir, tumbar el estado de excepción y señalar que esa movida del gobierno Petro fue inconstitucional. Esa fórmula no es radical, pues tiene sus matices. Lo que propone el grupo de magistrados disidentes de la ponencia es que, para poder seguir con vida, la declaración de emergencia necesita un cronómetro. En otras palabras, que si el Gobierno quiere mantener el estado de excepción, tiene que hacerlo solo por un tiempo determinado. Por eso, los magistrados sugieren que sea de un año aproximadamente.
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Fuentes consultadas por El Espectador explicaron que los juristas que sostienen esta tesis lo hacen basados en al menos dos argumentos. El primero, porque consideran que los estados de emergencia deben ser absolutamente extraordinarios e imprescindibles y, aunque coinciden en que La Guajira está en cuidados intensivos, tienen sus dudas sobre la solución que propone el Gobierno. Principalmente, porque dicen que el Ejecutivo no ha demostrado la premura de la situación, primero, porque desde febrero el país conocía que se avecinaba el fenómeno de El Niño, y segundo, porque solo en julio se declaró la emergencia y, hasta septiembre de este año, solo se han expedido 12 decretos para enfrentar la situación.
El segundo argumento de quienes no están de acuerdo con la ponencia es la separación de poderes, pues si hay un asunto crítico en una declaratoria de emergencia es que el Ejecutivo cobra funciones que no debería tener. En concreto, puede promulgar decretos con fuerza de ley sin que el Congreso intervenga. Por esa razón, que exista un estado de emergencia debe ser únicamente para casos de amenazas excepcionales e impredecibles. En este punto, los magistrados se preguntan: ¿es realmente extraordinario lo que sucede en La Guajira o estamos más bien ante una situación que responde a un problema endémico e histórico de abandono estatal? Esta pregunta, por ahora sin respuesta, tiene dividida a la Sala Plena, que buscará este martes un consenso para emitir una decisión antes del 5 de octubre.
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Aunque las fuentes cercanas a la Corte insisten en que las consecuencias del fenómeno de El Niño son graves y hay que prevenirlas, lo que preocupa en el fondo es que la declaración de emergencia en La Guajira le permita al Gobierno resolver asuntos “endémicos”, que son más bien problemas que se deben tratar mediante una política pública y no en un estado de excepción. Se trata de un debate de filigrana jurídica, pero que en el fondo tiene una premisa sencilla: hay que evitar el peligro de la concentración del poder en el Gobierno. La posición de los magistrados está basada en el análisis del decreto en estudio, pero también en la opinión de expertos que le advirtieron que en la propuesta de Gustavo Petro hay temas que no responden a una emergencia económica, social y ecológica.
Los expertos
Una de esas posturas la presentó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, más conocido como Dejusticia. Como ya lo había escrito uno de sus fundadores, el abogado Rodrigo Uprimny, el decreto de emergencia no es del todo constitucional y lo que le corresponde a la Corte es hacer una “cirugía muy cuidadosa para permitir que la emergencia en La Guajira sea enfrentada, pero sin abuso gubernamental de los estados de excepción”. En términos prácticos, lo que Dejusticia le sugirió al alto tribunal es que restrinja los poderes que adquirió el presidente con el decreto. Aunque concuerda con que El Niño podría representar un agravamiento inusitado del problema estructural de La Guajira, los expertos aclaran que hay medidas del Gobierno que podría tramitar en el Congreso.
Para llegar a esa conclusión, Dejusticia desmenuzó una a una las propuestas del decreto de emergencia y le presentó a la Corte un cuadro en el que analizó la necesidad de cada una de ellas. En total, resaltó 58 propuestas, de las cuales 23 (casi la mitad) no cumplen con el criterio de necesidad o de emergencia, por lo que, dice el centro, deben declararse inconstitucionales; otras 17 sí tendrían que ver con el estado de excepción, por lo que podrían mantenerse; y las otras ocho cumplen parcialmente con los criterios. La mayoría de las medidas que Dejusticia considera que responden a la emergencia se relacionan con el acceso al agua potable, saneamiento básico y servicios de salud; tres derechos que, en últimas, se verían gravemente afectados por El Niño.
¿Y entonces cuáles son las medidas que, según Dejusticia, el Gobierno quiere hacer pasar como soluciones a la emergencia? Las relacionadas con la reforma rural, la adquisición y titulación de tierras y la reforma al sistema de salud. Y para eso, insistieron fuentes de la Corte, se necesita una política pública y no un estado de excepción. “Los estados de emergencia no pueden servir para resolver problemas históricos y estructurales de abandono estatal”, agregó una funcionaria que conoce los pormenores de la discusión en el alto tribunal y advirtió sobre una situación adicional: “Si la Corte decide darle luz verde a este decreto de emergencia, estaría abriendo una peligrosa puerta: la de que el Gobierno resuelva hacerles frente a los problemas históricos a través de poderes que no debería tener”.
La fuente se refiere a temas como, por ejemplo, el asunto de los cultivos ilícitos, la pobreza de una región, la precariedad de la infraestructura o la delicada crisis del sistema de salud y de las cárceles. Por eso, agrega, ante el peligro que representa la concentración del poder en el Ejecutivo, el sistema judicial y, ente este caso, la Corte Constitucional desempeñan un papel crucial en su control. De esta manera, lo que decida la Sala Plena en los próximos días será transversal para los planes del Gobierno en La Guajira, por supuesto, pero también, dicen las fuentes, para evitar una innecesaria concentración de poder en cabeza del presidente.
Por ahora, la atención está puesta en el alto tribunal y en la alternativa a la ponencia de Natalia Ángel que, en últimas, restringiría los poderes del presidente.
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