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Tras 25 años de chavismo y 11 de administración de Nicolás Maduro, los ojos del continente están puestos sobre Venezuela. El futuro de la potencia petrolera, con las mayores reservas de crudo del mundo (que pasó de producir tres millones de barrios a menos de un millón en los últimos 10 años), país de origen de uno de los mayores éxodos globales en tiempos contemporáneos, tendrá impacto no solo en su territorio y los países vecinos, sino, por lo menos, en todo el continente.
La investidura presidencial está prevista para el 10 enero de 2025. Quien tome las riendas del país a partir de ese día deberá conducir a un país que, si bien ha experimentado una mejoría económica (con perspectivas de crecimiento que rondan el 4 % para este año), en comparación con años anteriores, aún tiene a más de la mitad de la población en situación de pobreza, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Son condiciones que en parte han expulsado a alrededor de ocho millones de nacionales que se encuentran radicados fuera del país, la mayoría de ellos, alrededor de tres millones de personas, en Colombia.
Según algunos expertos, independientemente del resultado electoral, se esperaría otro pico en el flujo migratorio, pues incluso, ante un escenario hipotético de ascenso de la oposición, los seis meses de transición, las negociaciones internas y las complejas reformas que tendrían que impulsarse en el país podrían tomar meses o años.
“Son seis meses que vamos a tener que esperar, [en los] que van a pasar muchas cosas en el contexto venezolano y después de esos seis meses va a tomar mucho tiempo para que en la situación del país podamos ver realmente cambios. Eso también puede empezar a desesperar a las personas, porque el tema económico sigue siendo dramático”, dijo a este diario Nastassja Rojas, docente y experta en migración.
Para ella, además, es preocupante que Colombia no se esté preparando institucionalmente para estos escenarios. En vísperas de elecciones, cuando Venezuela aún no informaba sobre el cierre de sus fronteras, que se esperaba que estuvieran abiertas para las votaciones, Migración Colombia se limitó a informar que tomaría las medidas necesarias si se registraba un aumento en el flujo migratorio, sin especificar cuáles. El Espectador consultó a Migración Colombia para conocer el detalle de ese plan, pero no recibió respuesta.
El que recibe el mando tras las elecciones del domingo hereda también una compleja realidad en materia de derechos humanos. Apenas hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron sobre la persecución política y otros temas que prenden alarmas en el país vecino, entre ellos los ataques a líderes opositores, las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de campañas disidentes (como Rocío San Miguel, que el pasado 9 de febrero fue arrestada por las autoridades venezolanas), los cierres de medios y negocios, hostigamientos a comités de campaña y simpatizantes (incluidas personas propietarias de empresas), además de inhabilitaciones administrativas de personas candidatas para cargos de elección popular. Esto, en el marco de lo que el mandatario venezolano dijo sobre una posible guerra civil y un eventual derramamiento de sangre si pierde los comicios.
Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2024, indicó que en Venezuela se ha pasado de una represión generalizada de manifestantes en las calles a una represión aparentemente más selectiva, que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Ahora bien, el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido la tortura y los asesinatos contra opositores y disidentes. Por su parte, al menos hasta el 22 de julio de 2024, Foro Penal, una organización no gubernamental, cuenta 305 presos políticos.
Otro gran problema que se ha venido incubando en Venezuela es la presencia de actores armados a lo largo y ancho del territorio, a raíz de la penetración incluso de grupos ilegales colombianos. Como destacó Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, a propósito de la presentación del informe “Una tragedia ignorada: la afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela”, “todos los grupos armados que operan ya no tienen necesidad de hacer reclutamiento forzoso de jóvenes porque las carencias son tan grandes que los muchachos piensan que es posible obtener una vida mejor en estas organizaciones; eso no se daba antes en Venezuela”.
Allí mismo, Bolívar destacaba la preocupación al “constatar, porque había sospechas, el carácter paramilitar de la actividad del ELN en Venezuela. Haber registrado acciones del ELN de ‘limpieza social’ en cuatro estados del país es un dato bastante alarmante”. Finalmente, además, del “silencio y la falta de atención sobre este tipo de problemas por parte de las autoridades de Venezuela y las de Colombia, así como de la oposición venezolana”, la investigadora advirtió sobre la percepción generalizada de que todo “sería el caos” respecto a estas organizaciones ilegales “en el supuesto hipotético de que la oposición ganara las elecciones presidenciales en el 2024″. Concluyó: “Incluso algunos hablaban de que esto podría llevar a un conflicto armado”.
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