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Tras la intervención de las pirámides por parte del Gobierno, ahora los negocios que están en la mira del Ejecutivo son los denominados préstamos ‘gota a gota’. El mismo presidente Álvaro Uribe anunció que en las próximas horas, dentro del estado de emergencia social, se expedirá un decreto que llevará a la cárcel a quienes cobren intereses por encima del tope legal de usura.
La realidad muestra que los préstamos populares, conocidos como ‘gota a gota’, han funcionado por décadas en Colombia y en regiones como la Costa Atlántica son toda una tradición con una estrategia publicitaria muy efectiva: el voz a voz. La lucrativa actividad tiene como principales clientes a comerciantes y empleados de negocios que manejan dinero a diario, como peluquerías, panaderías, centrales de abastos, etc. Están excluidos de este servicio los asalariados.
En la actividad existen dos clases de prestamistas, que también son conocidos como ‘agiotistas’, ‘goteros’ o ‘pagadiarios’. Un primer grupo presta sumas pequeñas de dinero que no superan los $3 millones y maneja plazos de uno a dos meses. Los intereses van desde 5% hasta 20%, y entre más rápido se pague, menor es el interés. Sin embargo, en algunos casos esos intereses pueden llegar a ser hasta del 200%.
Los prestamistas de grandes ligas, en cambio, tienen como mercado objetivo a los grandes comerciantes de centrales de abastos y de Sanandresitos en el país, donde el dinero solicitado puede llegar hasta los $50 millones, y entre más significativa sea la cantidad solicitada, los intereses que se cobran son menores, porque a quienes se les otorgan estos préstamos son clientes confiables y muy bien recomendados.
En una y otra modalidad el trámite es el mismo: quien necesita el dinero acude al ‘agiotista’, y este, de acuerdo con la suma y el plazo solicitado, fija los intereses a cobrar. Si el cliente acepta, debe entregar una letra de cambio que respalde la deuda, generalmente firmada en blanco. En contraprestación recibe la suma de dinero que solicitó, una factura como constancia y la copia de una especie de talonario, que está dividido en un número de casillas que corresponden a los días que durará el préstamo. Cada vez que realice un pago se diligencia el espacio correspondiente. El original lo conserva el prestamista.
Cabe aclarar que la primera cuota se descuenta cuando se le entrega el dinero al cliente, es decir, si el préstamo es de $1 millón, por 30 días y con un interés del 20%, el usuario, de entrada, sólo recibe $960 mil. “Todas las operaciones se hacen en efectivo, jamás en cheque, y si el cliente se atrasa en una cuota, se le empiezan a cobrar intereses sobre intereses y se le retiene algún electrodoméstico o herramienta de trabajo, con el fin de ejercer mayor presión y lograr el pago cuanto antes”, asegura un ‘pagadiario’ que ejerce la actividad en Corabastos, en Bogotá.
El éxito del negocio está garantizado en un país como Colombia, donde la población bancarizada no llega al 40%; los estudios de crédito son exigentes y tardan mucho y el estar reportado en una central de riesgo cierra las puertas a un crédito otorgado por entidades financieras vigiladas. Por el lado de los ‘agiotistas’, la palabra pérdidas es prácticamente desconocida, pues si un cliente incumple con sus pagos, además de los mecanismos de presión ya mencionados, se lleva el caso ante un juez. Allí se tiene la ventaja de poder llenar la letra, que el usuario firmó en blanco, con la cifra de dinero más conveniente. Al final del proceso, descontando los honorarios que le cancelen al abogado, se puede ganar hasta tres veces o más de lo que inicialmente se prestó. En otros casos se hacen efectivos títulos de propiedad de carros, casas u otros inmuebles que el usuario entregó como prenda de garantía.
Para expertos en microfinanzas, como Beatriz Marulanda, además de las medidas penales, se debe trabajar en adecuar los servicios financieros a la población de menores ingresos (costos y procesos), así como facilitar la vinculación con información transparente y de manera responsable y hacer más asequibles las transacciones en canales no tradicionales, reduciendo así los costos para los clientes, lo mismo que incrementar el número de Corresponsales No Bancarios.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, advierte que la legislación debe darse de fondo, porque un decreto como el que pretende expedir el Gobierno para penalizar estas prácticas del ‘gota a gota’, puede ser inconstitucional, toda vez que “no es una situación directamente relacionada con el estado de emergencia que se declaró y en esa medida sería un decreto dudoso”.