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La investigación para desenterrar la verdad que soldados ocultaron en el cementerio del municipio de Dabeiba, Antioquia, ha sido una inédita para las víctimas, pero al mismo tiempo ha despertado el fantasma de los peores años de violencia del narcotráfico en los años 80. Hace dos semanas una camioneta blindada, que utiliza el magistrado auxiliar del caso, recibió un impacto, al parecer de arma de fuego, luego de una jornada de reuniones en Medellín con víctimas y victimarios de 47 ejecuciones extrajudiciales, en preparación a la audiencia de reconocimiento de verdad programada para este martes. El vidrio hundido quedó como evidencia para las pesquisas, pero también como la advertencia de que sus hallazgos incomodan a quienes prefieren que esa verdad siga bajo tierra.
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En esa oportunidad la víctima de la amenaza fue el magistrado Escobar. Sin embargo, no es la primera vez que él termina como blanco de intimidaciones, ni es el único involucrado en las investigaciones por estos falsos positivos que ha recibido ataques. Las cuentas van así: los magistrados, una abogada de los comparecientes y al menos 12 soldados que han contado y ayudado a ubicar fosas donde enterraron a 47 jóvenes entre 2002 y 2006. También una de las testigos claves del caso, quien fue de las primeras en identificar sitios de interés forense en donde, precisamente, fue enterrada una de las víctimas. La situación es tan grave, que la ONU está estudiando si presenta el caso ante el Consejo de Seguridad, pues ya empieza a asomarse un factor de sistematicidad cada vez que el caso de Dabeiba quiere avanzar.
En la línea del tiempo de este expediente, que arrancó en 2019, han sido más bien pocos los eventos de la investigación en los que los investigadores, o quienes participan de ella, no reciben algún tipo de intimidación. Cuando el caso apenas tomaba forma y los funcionarios hicieron las primeras visitas al cementerio Las Mercedes, hombres sin identificar se subieron a una tapia y les gritaron mensajes amenazantes, cuando todavía no se había abierto ni la primera fosa. Luego empezaron los mensajes intimidantes. “Se le acabó el reinado (…) Están esperando a que llegue el momento y darle una condecoración a su trabajo por meterse en cosas que no le importa. Le vamos a dar la medaya (SIC) de plomo en público”, dice uno de los chats que recibió el magistrado Hugo Escobar.
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Otro más tenía la advertencia: “Muerte a sapos y a magistrados lambones”. Esta última amenaza por poco se concreta. Cuando los investigadores empezaron a buscar a personas que pudieran servir de testigos de lo que soldados le estaban contando a la JEP, que en el cementerio de Las Mercedes había cuerpos de jóvenes enterrados como guerrilleros, la primera tarea fue contactar a personas que custodiaron el campo santo y la morgue. El expediente ya tenía el testimonio del sargento (r) William Capera, uno de los primeros en contarle a la Jurisdicción lo que pasó en Dabeiba entre 2002 y 2006. Él mismo reveló que enterraron a sus víctimas en bolsas plásticas que les suministró el municipio y confesó que vistieron los cuerpos con prendas de la guerrilla y hasta del propio Ejército.
Los relatos de los soldados fueron contrastados no solo con los hallazgos forenses que fueron ordenando desde la JEP, sino con testimonios. Uno de los más importantes fue el de la mujer que durante más de 20 años fue la encargada de la morgue. Ana Helena Sierra*, al principio, no se atrevió a decir ni una sílaba de lo que vio de primera mano. Pero poco a poco entendió la importancia que podía tener su testimonio. Bajo medidas extremas de protección sobre su relato, finalmente terminó contándoles a los investigadores que una noche de mayo de 2002, miembros de la Fuerza Pública fueron hasta su casa a pedirle las llaves del cementerio. Al día siguiente vio varios montículos de tierras y los cuerpos que habían llegado a la morgue el día anterior, bajo estricta custodia del Ejército, ya no estaban.
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Ana Helena Sierra recordó perfectamente dónde estaban esos arrumes de tierra. En Las Mercedes, acompañada de los investigadores y funcionarios de la JEP, los señaló con el dedo. Su testimonio fue contundente. Allí no solo encontraron los restos del joven Édison Lezcano, sino que ese hallazgo le permitió a la JEP consolidar las hipótesis del caso. Una de ellas, que las víctimas fueron vestidas como guerrilleros o con uniformes militares. Precisamente, en la fosa donde estaba Lezcano y que la encargada de la morgue pudo identificar, las autoridades encontraron insignias del Ejército, pertenecientes al Batallón Contraguerrillas (BCG) 26 Arhuacos. Así, el testimonio de Ana Helena Sierra fue la piedra angular de la investigación que hoy tiene a 10 militares imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Su relato no pasó inadvertido. Después de atreverse a hablar, empezó el horror. Ya lo había sentido cuando los militares tocaron su puerta en 2002 y la obligaron a entregar las llaves, pero lo que vino después tocó los límites de lo inaceptable. Durante el segundo semestre de 2019, en la puerta de su casa, recibió un disparo que le rozó uno de sus hombros. Logró llegar sangrando a una clínica, donde la curaron y permaneció en observación varios días. La JEP no se enteró de lo sucedido sino tiempo después, cuando varios funcionarios, extrañados porque no tenían noticias de ella ni tampoco contestaba sus llamadas, decidieron ir hasta su casa en Dabeiba. Allí estaba ella, con la curación en su brazo y las manchas de sangre todavía en el piso. De inmediato reportaron el caso a las autoridades.
Sierra tuvo que salir del municipio, custodiada por un esquema de seguridad. En este y otros casos de amenazas en el marco del expediente de Dabeiba, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha puesto a andar varios planes de protección, incluyendo los de seis soldados que ya confesaron sus crímenes. En el caso del magistrado Alejandro Ramelli, su anillo de seguridad se reforzó cuando, en mayo de este año, recibió una corona fúnebre, seguida de un mensaje, supuestamente del Clan del Golfo. “Hemos declarado objetivo militar a usted y a su auxiliar Hugo Escobar, ya que han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado (…) se le advierte que tienen una próxima reunión con las víctimas y las víctimas podrán ser ustedes”, dice la amenaza. Un mes después ocurrió el hecho de la camioneta de Escobar.
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Quienes han aceptado contar la verdad han estado asesorados por abogadas que conocen la minucia de investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y han acompañado varios casos de la JEP. Una de ellas es Tania Parra, que tampoco se salvó de las amenazas que rondan el caso de Dabeiba. En este expediente, la jurista representa a uno de los miembros de la Fuerza Pública que ya aceptó su participación en los 47 falsos positivos de Dabeiba. Como se lo contó a la Fiscalía, en septiembre del año pasado recibió un paquete con un contenido estremecedor. Empacada en envoltura de papel regalo, adentro estaba la imagen de una Virgen y otro papel en el que, en lugar de escribir la amenaza con tinta o en computador, su contenido estaba recortado, letra por letra, pegadas a las malas.
“Su labor era defendernos, no ponernos como lo peor ante la JEP y la Comisión de la Verdad, se la vamos a cobrar con su familia, mamá, hijos, ermanos (sic), marido”, se lee en uno de los mensajes. En otro, la advertencia tenía más sevicia, “al compartir los sentimientos de pesar, queremos hacerle llegar con verdadero y sincero dolor las demostraciones de estimación y aprecio, unamos nuestras plegarias por su felicidad eterna”. Esta y todas las amenazas que han vivido quienes han tocado el caso Dabeiba han llegado a la Fiscalía, sin que hasta ahora haya algún avance en la investigación. Ni siquiera en las que recibió el magistrado Ramelli, una de ellas firmada por el Clan del Golfo, que ya dijo que no tiene nada que ver con el caso.
El ente investigador también sabe que Ramelli y Escobar fueron dos de los funcionarios de la JEP que, en mayo de 2021, escucharon el testimonio de quien fuera el máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, más conocido por su nombre en la guerra: Otoniel. Su relato fue clave para investigaciones que adelanta la jurisdicción, pero también para entender los pormenores de esa organización criminal, sus antecedentes y actual configuración, y por qué hoy sigue siendo una de las más temidas en el país, capaz de paralizar regiones enteras, como ya sucedió durante el paro minero. Por este antecedente, quienes conocen del caso, advirtieron que es crucial la investigación que pueda adelantar la Fiscalía para determinar quiénes son los responsables de las intimidaciones y amenazas.
Pese a que todavía no hay respuestas de quiénes están detrás de esta estrategia temeraria de intimidación y de que ahora quienes terminaron amenazados andan entre carros blindados, chalecos antibalas y la constante zozobra, que inevitablemente se contagia a sus familias, el caso sigue adelante. Esta semana, en la plaza de Dabeiba, ocho de los 10 máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales le darán la cara al país y ofrecerán disculpas por las víctimas y el horror que enterraron hace 20 años. Lo harán en el marco de la audiencia pública de reconocimiento de la verdad, que encabezará el propio magistrado Ramelli, a la que también están invitados miembros de la ONU, que ahora estudian llevar este caso de persecución y amenazas contra quienes han desenterrado la verdad en Dabeiba.
*Nombre modificado para proteger a la testigo.
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