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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien, desde una prisión en Atlanta (Estados Unidos), este año entregó información clave para develar su papel durante el conflicto armado y, asimismo, de interés para los macrocasos abiertos en la JEP. Mancuso entrará bajo la figura de “bisagra” o punto de conexión entre el paramilitarismo y fuerzas de seguridad del Estado, como el Ejército y la Policía. La información que entregó fue considerada suficiente para entrar en el órgano de justicia transicional. El Espectador da a conocer las novedades halladas por la JEP, con respecto a lo que Mancuso ya había mencionado ante la justicia ordinaria y en Justicia y Paz.
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Entre lo novedoso, según la JEP, está un señalamiento contra Álvaro Uribe Vélez, sobre un expediente por el cual el expresidente tiene una indagación abierta en la Fiscalía y, además, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la masacre de El Aro (Ituango) de 1997. Entre 150 paramilitares arrasaron el corregimiento antioqueño, quemaron 42 de las 60 casas, se robaron miles de cabezas de ganado y, con lista en mano, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros. Mancuso aseguró que los crímenes se gestaron con los militares de más alto rango en Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército, respectivamente.
Según Mancuso, el general Ramírez, cuyo sometimiento a la JEP fue rechazado, lo mandó para organizar y coordinar la operación de El Aro. La cual, a su vez, les habría pedido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez. “Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. ‘Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevo a reunirme a la finca de Uribe (…) y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro’”. Aunque en el texto no es claro si Mancuso está citando lo que recuerda escuchar de Moreno, la JEP concluyó que: “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”.
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La matriz de colaboración de Mancuso agrega que Pedro Juan Moreno habría llegado ante las fuerzas paramilitares con una “preocupación enorme, tanto en la gobernación como en la ciudadanía”, pues en el corregimiento del Aro estarían ocultando a los secuestrados de la guerrilla, que caían en la vía entre Medellín y Caucasia. “Allí en El Aro los metían y los tenían como una base carcelaria”, señaló Mancuso sobre las operaciones conjuntas con militares, en audiencia reservada. Y concluyó: “yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacté con el comandante de la Cuarta Brigada para ejecutar la operación (…) Con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos, los que él tenía allí, me mostró la ubicación, me entrego órdenes y detalles”.
Para la JEP también resultó novedoso un testimonio en el que se relata cómo, aparentemente, Mancuso entregó cerca de un millón de dólares para financiar la campaña presidencial con la que Álvaro Uribe llegó al poder para el periodo 2002-2006. «Salvatore Mancuso le entregó cerca de un millón de dólares al Comandante del Bloque Córdoba Jairo Andrés Angarita Santos, más conocido como Comandante Andrés, para apoyar la campaña de Uribe Vélez. Este apoyo no era fortuito, según afirmó Salvatore Mancuso, porque los cien puntos del Programa de Gobierno del candidato Álvaro Uribe Vélez coincidían y realizaban el proyecto de las Autodefensas Unidas de Córdoba de reinstitucionalización del Estado y los programas que estas proponían implementar en las regiones”, concluyó la JEP.
Según los relatos que tuvo en cuenta la JEP para abrirle las puertas al exjefe paramilitar, “el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez reafirmaba el de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Además, en la información que contempló esa jurisdicción está la que asegura que “Carlos Castaño Gil y otros comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá también se reunieron en la finca La 21, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá y decidieron apoyar la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez para las elecciones del año 2002 a 2006 a través de dicho proyecto (Asocomún)».
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Sobre el general Iván Ramírez Quintero, Mancuso lo retrata como un militar que “tenía conocimiento de todas las actividades ilegales en el marco del conflicto armado, pues era clave por ser el encargado de las fuerzas militares y sus relaciones para la planeación y coordinación de las operaciones”. Tal sería la información que conoce Ramírez Quintero, que habría querido que quedara en la oscuridad y, para ello, según la matriz de colaboración, presuntamente amenazó al mismo Salvatore Mancuso “unos meses antes de la contrastada audiencia”. Mancuso, incluso, señaló a Ramírez Quintero de conocer la presunta falsa desmovilización del Ejército de Liberación Popular (EPL) en 1991, cuyos guerrilleros, en realidad, engrosaron las filas de las autodefensas.
El general (r) Leonardo Barrero Gordillo aparece mencionado en el capítulo de la falsa desmovilización del EPL. Mancuso explicó que este último, no solo sabía de la estrategia, sino que “este logro lo llevo posteriormente durante toda su carrera militar, porque tuvo, de ahí en adelante, todo el apoyo nuestro por todos los territorios donde él fue pasando y estuvo en todos los lugares apoyado en operaciones por las Autodefensas, hasta que fue comandante de las Fuerzas Militares”. Para la JEP, resulta novedoso indagar en si Barrero Gordillo conoció de esta falsa desmovilización. Asimismo, que era “el nexo con Matamba”, como está indagando también la Fiscalía y como lo reveló Noticias Caracol en mayo de 2022, por lo cual lo desvincularon del Ejército.
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Otro de los testimonios tenidos en cuenta por la JEP, es uno que salpica al ganadero y negociador de paz del gobierno Petro con el ELN: José Félix Lafaurie. Salvatore Mancuso, en audiencia reservada, amplió el testimonio del exjefe del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, quien aseguró ante la JEP que Lafaurie, en 2005, le pidió a Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán para llegar a la Fiscalía. Según los documentos de la JEP, Osorio explicó que tenerlo en ese cargo sería favorable para las Autodefensas durante el proceso de desmovilización y judicialización. Osorio también señaló que “no se puede de ninguna manera separar a Fedegán de las Autodefensas”, manifestó. Sobre qué declaró Mancuso al respecto, la JEP no reveló información.
Por otra parte, Mancuso dijo ante la JEP que desde el DAS se hicieron alianzas para fingir un ataque contra Álvaro Uribe. Según el testimonio del exjefe paramilitar, el director del DAS entre 2002 y 2004, José Díaz, le pidió a Carlos Enrique Rojas Mora, alias Gato, integrante de las AUC, que “para el día de la visita de Uribe, le pusiera un artefacto explosivo en las instalaciones del DAS para que dijeran que lo estaban atacando”. Además, en esa misma audiencia, Mancuso dijo que para ese y otros ataques supuestamente simulados contra el DAS, se usaron bombas que “previamente habían sido halladas en una operación conjunta de las autodefensas” y que, “el DAS tenía conocimiento de las bombas”, porque esos elementos habrían sido usados en operaciones ordenadas por el director.
El expresidente Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie fueron contactados por este diario para conocer su versión sobre las menciones hechas en su contra por Mancuso. Desde la oficina de prensa de Uribe, manifestaron que, por ahora, el exmandatario no dirá nada adicional a lo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en la que manifestó que lo dicho por exparamilitar es mentira y que son afirmaciones hechas para que la JEP le abriera la puerta. “Nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido”, aclaró. En el caso de Lafaurie, al cierre de esta edición, este diario no obtuvo respuesta. Tal es la magnitud de las declaraciones de Mancuso, que la JEP compulsó copias a las autoridades de justicia para investigar a 300 personas, sin embargo, por ahora no se saben los nombres.
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