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El 25 de noviembre de 2003, se desmovilizaron 855 miembros del Bloque Cacique Nutibara (BCN). Periodistas de todo el mundo llegaron al Palacio de Exposiciones de Medellín a presenciar el primer acto de un proyecto cuyo propósito último era sacar del mapa del conflicto a los paramilitares. Al BCN lo siguieron las Autodefensas Campesinas de Ortega, y a éstas, el Bloque Bananero. Y así, entre 2003 y 2006, 22 grupos ‘paras’, con 31.671 integrantes en total, entregaron sus fusiles.
Los grupos paramilitares tenían lo que otras organizaciones narcotraficantes, como el cartel del norte del Valle, consideraban un tesoro: rutas para el tráfico de drogas y hombres armados para protegerlas. Por eso, desde 2006, el narcotráfico se ha convertido en el talón de Aquiles de las desmovilizaciones. “A mí me ofrecieron volver con las Águilas Negras”, aseguró un reinsertado del Bloque Resistencia Tayrona que vive en Santa Marta. “Y a muchos de mis compañeros también. Pero no quisimos”.
La Fuerza Pública, según un informe de la Policía actualizado hasta abril, ha capturado a 3.443 integrantes de bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim). De esos, 539 (el 16%) eran desmovilizados. Voceros del Gobierno, en diversas ocasiones, se han pronunciado frente al tema: refutan la expresión “rearme” y afirman que es delincuencia organizada que se enriquece con el tráfico de alucinógenos.
En febrero de 2007, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA divulgó que se identificaban situaciones de rearme en La Guajira, Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Tolima, Casanare, Caquetá y Nariño. Coincidencia o no, a excepción del Atlántico, entre 2006 y 2008 en los demás departamentos mencionados por la OEA han surgido lo que las autoridades denominan Bacrim. Pero, para otros sectores, claramente son grupos ‘paras’ de tercera generación.
En ese mismo documento, la MAPP se refiere a esos nuevos grupos armados como los que “pretenden presentarse como la denominada ‘nueva generación del paramilitarismo’ ”. Fuentes militares consideran que estas bandas se aprovechan del nombre ‘para’ por la capacidad de intimidación que éste tiene. “Es una marca registrada –expresó un general del Ejército– pero no creo que sea la misma estructura de antes”.
El general Leonardo Barrera, comandante de la Brigada 29 que opera en Cauca y Nariño, resume la posición que la Fuerza Pública mantiene frente al tema: “Dejen de hablar de ‘rearme paramilitar’ porque no hay tal rearme. Son grupos de narcotraficantes. Los de la Organización Nueva Generación se han aliado con las cuadrillas Daniel Aldana y Mariscal Sucre de las Farc, con la cuadrilla Comuneros del Sur del Eln y con otras bandas criminales sobre el río Patía para traficar droga. ¿Cómo va a ser eso paramilitarismo?”.
Hace unos tres meses, en Chocó se vivió una situación muy particular: ‘paras’ contra ‘paras’. Unas 800 personas llegaron al municipio de Istmina, desplazados forzosamente por los enfrentamientos sostenidos entre ‘Los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’. Ambos grupos se disputan el control de cultivos ilícitos y del nacimiento de los ríos Suruco y Chigorodó, ruta clave para sacar la droga de la zona. Una fuente de la localidad asevera que ambos grupos son los responsables de la mayoría de asesinatos de civiles que han ocurrido durante los últimos nueve meses en la región: “Los acusan de ser auxiliadores de la guerrilla”.
En el Catatumbo (Norte de Santander), los habitantes sienten un gran temor no sólo por lo que está sucediendo sino por lo que se puede venir. “La guerrilla está minando la región, previendo que las ‘Águilas Negras’ se vuelvan a tomar el territorio”, dijo un funcionario de una ONG que trabajaba con la comunidad indígena motilón-barí. Hace dos semanas, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por los riesgos que se presentan en la zona: “Las ‘Águilas Negras’ continúan esgrimiendo su carácter contrainsurgente para generar terror”.
El tema de las bandas emergentes es hoy una de las grandes preocupaciones de la Fuerza Pública. Con el fin de debilitarlas, surgió el Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales (CI2), liderado por la Policía. Lo conforman delegados de todas las Fuerza Militares, de la CNRR, de la Alta Consejería para la Reintegración y de la MAPP. A la fecha, este mecanismo de verificación ha determinado la existencia de 23 bandas criminales, otras 10 han sido desarticuladas o debilitadas, las conforman 2.196 personas y tienen influencia en 101 municipios de 16 departamentos. Aunque organizaciones como Indepaz calculan unos 3.900 integrantes, distribuidos en 57 grupos en 22 departamentos.
El último informe del CI2 habla de acuerdos entre las Farc y Bacrim y entre éstas con grupos convencionales de narcotráfico: “Estas alianzas no son nuevas (…) ratifican cómo el narcotráfico es el combustible de todas las formas criminales”.
Disputas y pactos de no agresión
La principal razón por la que las autoridades descartan que las nuevas bandas sean paramilitares, es la alianza de éstas con grupos guerrilleros, en ocasiones para traficar droga, en otras, como pactos de ‘no agresión’.
En el Magdalena, por ejemplo, la Bacrim Mano Negra se unió con el frente 37 de las Farc y con las Águilas Negras. En el Urabá, la organización de Don Mario se enlazó con los frentes 5, 18 y 58 de las Farc. Y Vencedores de San Jorge, con el frente 36 de este grupo guerrillero.
De igual forma, las bandas también sostienen enfrentamientos. Urabá, los Llanos Orientales y Nariño son los principales escenarios de las disputas territoriales de bandas como la de Don Mario, Los Paisas, el Ejército Popular Antiterrorista, Nueva Generación y Los Rastrojos. Los desmovilizados se han convertido en el primer blanco de estas bandas: es la presión para que regresen a la ilegalidad.
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