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La última vez que Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de renta del Gobierno, que deben ser publicadas cada año como lo indica la Ley de Bienes y Rentas, él mismo divulgó el informe de la DIAN que revelaba que hasta 2021 tenía un patrimonio bruto de $1.367 millones y deudas por $986 millones. Y aunque es un gesto de transparencia, el presidente no lo hizo únicamente por voluntad, sino porque desde 2019 quedó estipulado que la información de rentas, bienes y conflictos de intereses de funcionarios debe ser de acceso público.
Sin embargo, aunque la Ley 2013 de 2019 sigue vigente, El Espectador encontró que el Departamento Administrativo de la Función Pública -desde septiembre de este año- dejó de publicar los formularios de renta de la DIAN, aludiendo a una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que les ordenó proteger la información privada. Para el politólogo Fernando Segura, exdirector de participación y transparencia de esa entidad, y uno de los arquitectos de la plataforma de Función Pública, “una cosa es proteger la información y otra que no se publique”.
Y no es un asunto menor. La mencionada ley, de hecho, la impulsó el Partido Verde justo después de que la consulta anticorrupción de 2018 se hundiera por falta de mayorías ciudadanas. Y uno de los puntos que rescataron en el Congreso fue el artículo 3, que contempla que todos los funcionarios deben subir “copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable ante la DIAN”.
Sin embargo, para la Dirección de Protección de Datos Personales de la SIC, la información financiera como el patrimonio, los honorarios y las ganancias del alto Gobierno es “privada o semiprivada” y no debería ser de acceso libre. Pero esto contrasta con la Ley 2013 de 2019, que establece que esa información debe ser pública.
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La senadora Angélica Lozano, una de las impulsoras de la ley, dijo que “hasta ahora no hay sentencia de la Corte Constitucional que la haya derogado”. Y fue enfática en aclarar que una resolución no puede tumbar una ley.
Este diario conoció las dos resoluciones con las que se le ordenó a Función Pública “encriptar o anonimizar” esa información y que quede únicamente de consulta interna de la entidad. Por su parte, Función Pública aseguró que, aunque apelaron la decisión, la Superintendencia falló en su contra en dos ocasiones y tuvieron que empezar a bajar los datos del aplicativo. La SIC confirmó que, sin más explicaciones, “fue una orden administrativa”.
Esta es la resolución de la SIC
El mismo secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, le confirmó a El Espectador que la normativa sigue vigente y que las declaraciones pueden ser consultadas. Pero la realidad es otra y los documentos no están en la plataforma, a pesar de que los mismos ministros confirmaron que los han actualizado en el sistema.
Por eso, este diario consultó a los ministros del gabinete y a sus oficinas de prensa, incluidos otros funcionarios cercanos al Gobierno como los directores de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, y del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, para conocer los datos de su declaración de renta de 2022, que por estos días los ciudadanos están presentando ante la DIAN. Cinco de ellos accedieron a enviar el documento que presentaron en las últimas semanas: los ministros Néstor Osuna (Justicia), Ómar Andrés Camacho (Minas y Energía), Juan David Correa (Cultura) y William Camargo (Transporte). Los ministros de Vivienda, Catalina Velasco, y de las TIC, Mauricio Lizcano, respondieron que aún no la han presentado porque no se les ha cumplido el plazo.
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De ellos, el de más patrimonio bruto es Osuna, quien declaró que para 2022 tenía más de $2.550 millones. También informó de deudas por $81,3 millones y le salió un saldo a pagar de $27,5 millones en impuestos. Su declaración corresponde, en parte, a los ingresos que recibió los últimos cuatro meses de 2022 liderando la cartera de Justicia, pues es de los pocos del gabinete que no ha sido relevado.
A pesar del valor de su patrimonio, el ministro tiene apenas una propiedad a su nombre: un apartamento en el norte de Bogotá.
Diego Bernal, contador y planeador financiero, dijo que del documento se puede interpretar que “su patrimonio no depende únicamente del apartamento, sino que puede tener otras cosas susceptibles de tener valor económico como vehículos, cuentas bancarias o ahorros, que suman más de $2.500 millones”.
Otro de los casos que llamaron la atención fue el de la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social y exjefa de gabinete, Laura Sarabia. En su declaración de bienes y rentas detalló que en 2022 tenía un patrimonio de $75 millones, entre ahorros en cuentas bancarias, cesantías, rubros marcados como “otros activos” y dólares en efectivo que suman más de $21 millones.
Sus ingresos incrementaron en los últimos dos años, porque en la declaración de renta de 2020 reportó tener apenas $14,4 millones en patrimonio y deudas por apenas $8.000. De hecho, los ingresos de Sarabia en 2021 sumaron $96 millones, mientras que en 2022, cuando comenzó a integrar el gobierno Petro, sus ganancias se duplicaron y alcanzaron los $200,6 millones.
Las declaraciones de renta, como dice el contador Botero, son la hoja de vida financiera de una persona en la que se pueden analizar sus ingresos, gastos y propiedades. De hecho, es por ese documento que se pueden advertir anomalías o enriquecimientos desbordados de un año a otro que no se justifiquen.
Uno de los funcionarios que maneja una chequera gruesa y que no atendió la solicitud de revelar su declaración fue Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. En el documento de bienes y rentas reportó haber tenido ingresos por $667 millones en 2022. El año pasado, cuando comenzó el mandato de Petro, Velasco fue nombrado consejero para las Regiones. En mayo, con la salida de Alfonso Prada del Ministerio del Interior, lo relevó en el cargo.
Lo cierto es que sus ingresos no fueron únicamente por el salario que recibió estando en el Gobierno, pues Velasco es accionista junto a su familia de la empresa San Francisco Popayán S.A.S., una firma de construcción de obras civiles que se consolidó en abril de 2012 y que tiene un capital de $600 millones. En su momento, la sociedad la constituyó el hoy ministro junto a su hermana, Jimena Velasco Chaves (actual secretaria de Planeación de Popayán), y su madre, María Nubia Chaves de Velasco.
El ministro del Interior tiene seis propiedades a su nombre: tres en Popayán, Cauca, de las cuales dos son lotes y otra es un local en el centro comercial Campanario. En Bogotá también tiene dos propiedades, un apartamento y un lote en el centro. Y en Cali, que tiene una casa campestre en un condominio en el corregimiento de Pance.
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Para Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, lo valioso de poder acceder a la información económica del alto Gobierno es poder comparar las declaraciones año a año de funcionarios públicos, para identificar variaciones en las ganancias o en el patrimonio. “Nuestra sorpresa al ver que Función Pública bajó los datos de la plataforma no solo es porque ya no podemos conocer las declaraciones actuales, sino que tampoco están cargadas en la página los documentos de años pasados, que son claves para hacer análisis más profundos”, afirmó.
Además, varios de los ministros del actual gabinete son funcionarios públicos por primera vez o no lo eran hace varios años, por lo que la información de su vida financiera pasada tampoco es pública y no es posible contrastarla. Como el caso de Juan David Correa, ministro de Cultura desde el 13 de agosto de 2023 y de quien no hay rastro público de sus declaraciones pasadas, pues antes trabajó como director editorial de la Editorial Planeta.
El ministro Correa, en su declaración ante la DIAN de este año, reportó tener un patrimonio de $224 millones y deudas por $33 millones. En el documento se detalló que recibió ingresos por sueldo u otros ingresos de trabajo por $203 millones durante 2022. También reportó haber recibido ganancias ocasionales por $45 millones durante ese año.
Sin embargo, el jefe de la cartera de Cultura no tiene ningún inmueble a su nombre, según sus reportes ante la Supernotariado. Es decir, su patrimonio puede estar representado en otro tipo de bienes. El contador Diego Bernal señaló que “es posible que tenga ahorros y que reciba regalías (ganancias de manera periódica) por la venta de sus libros”. En su declaración, al ministro le salió un saldo a pagar a la DIAN de $5,5 millones.
El otro integrante del gabinete que entregó su declaración de renta fue Ómar Andrés Camacho, de la cartera de Minas y Energía, quien también está casi estrenando su cargo, pues fue posesionado el 4 de agosto de 2023, después de la salida de Irene Vélez. Según el documento de la DIAN, tiene un patrimonio de $77,5 millones y deudas por $39 millones. La única propiedad a su nombre es una casa en Girardot, Cundinamarca.
De hecho, este año su declaración le arrojó un saldo a favor de $1 millón y sus ingresos no variaron significativamente en los últimos dos años. En 2021, cuando fue contratista del Fondo Colombia en Paz, reportó ingresos por $91,4 millones, mientras que en 2022, cuando estuvo en la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces representante María José Pizarro (hoy senadora) se ganó $120 millones en el año.
El ministro del Transporte, William Camargo, quien lleva menos de un año en el cargo, reportó que para 2022 recibió $245 millones entre sus salarios y otros ingresos laborales. También informó sobre tres deudas entre un crédito de libre inversión, uno de vivienda y otro préstamo que suman $240 millones.
De hecho, Camargo fue presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y es socio de una empresa de consultoría y desarrollo de aplicaciones tecnológicas llamada Cittis S.A.S., que fue creada en sociedad en 2021 junto a su hermana Claudia Astrid y a otras cuatro personas.
Eso explicaría por qué el ministro recibió $54 millones en honorarios en 2022, pero tiene ingresos por más de $191 millones por otros ítems laborales. “Cuando una persona tiene acciones o es socio de una empresa, lo que reciba en dividendos o rentas se suma a sus ganancias como si fuera salario”, explicó el contador Botero.
Hasta el cierre de esta edición, los otros 13 jefes de cartera no respondieron a la solicitud de dar a conocer sus declaraciones de renta. En el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, en junio de este año reportó haber tenido ingresos por $145 millones en 2022. Desde su oficina de prensa no enviaron la declaración de renta actual porque la mandataria estaba en Nueva York.
Y en el caso del presidente Petro, él mismo publicó el formulario de la Dian en enero de este año y reportó un inmueble de $519 millones, así como otros bienes por $839 millones.
En 2022, cuando se posesionó como presidente, obtuvo ingresos por $582 millones, una cifra no tan lejana de lo que llegó a ganar en 2019 como senador, cuando reportó ganancias por $448 millones.
Estos son los ingresos de los ministros en 2022 versus 2021
Hubo 13 jefes de cartera que no respondieron a la solicitud de El Espectador de dar a conocer sus declaraciones de renta, aunque el Departamento de la Función Pública dejó visible para consulta ciudadana el dato de los ingresos anuales de cada funcionario (ver infografía).
El caso más llamativo es el del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y exjefe del Dapre, quien reportó ingresos por más de $2.000 millones en 2021, cuando era senador. En 2022 sus ingresos fueron de $375 millones. Hasta el cierre de esta edición Lizcano aseguró que todavía no había presentado su declaración de este año.
Otro caso llamativo es el de la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien en 2021 recibió ganancias por $215 millones y en 2022 la cifra se triplicó y recibió $685 millones. Aunque eso no significa que el dinero represente el salario. El contador Diego Bernal explicó que en algunos casos los altos valores también pueden representar ganancias ocasionales como venta de inmuebles.
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Por Valentina Parada Lugo
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