
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El objetivo está claro. Hoy en día, hay siete países con las condiciones de convertirse en las despensas agrícolas del mundo para 2030: República Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. La estimación es de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que resalta la posibilidad de extender la frontera agrícola y la posibilidad de contar con agua en abundancia, un requisito tan estratégico como básico, como las dos grandes ventajas del país en ese camino.
Uno que el Gobierno, en especial el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no ha perdido de vista. De ahí que el ministro Santiago Rojas saliera a reforzar el mensaje, justo en momentos en que gremios y organizaciones agrarios planean un nuevo paro sectorial para expresar su rechazo a la falta de una política clara. El mensaje oficial busca desvirtuar uno de los más fuertes argumentos de la contraparte: que los tratados de libre comercio, en especial el de la Alianza del Pacífico, son los responsables de buena parte de esa inconformidad.
“No va a haber ninguna desprotección del campo. En lugar de eso, se debería considerar a la red de acuerdos comerciales como una herramienta muy útil en la consecución de nuevos clientes para nuestros productos agrícolas, en especial países como Corea del Sur, cuyo tratado está siendo analizado por el Congreso, o Japón, país con el que estamos en proceso de negociación”, afirmó.
Las cuentas del Ministerio son claras, en especial en el caso de las Alianza del Pacífico: la zona de integración profunda de la que hacen parte Colombia, México, Perú, Chile y, posteriormente, Costa Rica. A ninguno de los cuatro países involucrados se le ha concedido condiciones más favorables de las que ya tenían en los acuerdos comerciales individuales firmados con anterioridad. En especial en productos de alta sensibilidad para el campo colombiano.
Por ejemplo, la carne de pollo. El principal competidor en este campo es Chile, país que actualmente cuenta con un arancel variable (su valor cambia de acuerdo a la oferta del producto cada mes) del 96%. Pero en el marco de la Alianza del Pacífico, se convino un arancel de 164% que se desmontará gradualmente durante 17 años (los tres primeros serán de gracia, en los cuales se mantendrá inalterado). La lógica es que, al inicio del tratado, los empresarios chilenos sigan acogiéndose al arancel bilateral y no al comunal, que utilizarán más adelante cuando su valor sea inferior.
Otro producto sensible es el fríjol mexicano. Aunque en estos momentos no es una amenaza crítica para el agro colombiano (México produjo el año pasado 1,2 millones de toneladas de las que nos vendió 23.000 toneladas), su arancel del 60% se desgravará en el mismo periodo de tiempo que el caso anterior. Una situación similar aplica para otros productos sensibles como el maíz amarillo (25% que se reducirá en 17 años de los que los primeros 12 son de gracia), maíz blanco (20% en iguales condiciones) o carne de cerdo (20% con 15 años de desgravación y cinco de gracia).
“Durante ese periodo necesitamos que el campo se fortalezca y que tenga estrategias de innovación. Para ello, debemos contar con una política agraria muy fuerte, un área en la que el Ministerio de Agricultura está trabajando con la realización del Censo Nacional Agropecuario y la definición de objetivos sectoriales”, comentó Rojas.
Estas son las líneas generales de una política que, por otra parte, cuenta con puntos concretos para temas coyunturales, como el mal estado de la economía de norte de Santander a causa de la crisis venezolana. Para ello, Proexport organizará una misión comercial entre el 24 y 25 de marzo con 40 empresas de la región que le expondrán sus productos a empresarios de Costa Rica y Guatemala. La lógica es que la solución se consolide no solo con medidas protectoras, sino con el fomento de nuevos negocios.