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En el informe, se muestra que "el 99 por ciento de los proyectos productivos ejecutados por los desmovilizados eran inviables, pues presentaban diferentes fallas".
El Procurador, Edgardo José Maya Villazón, afirmó que la falta de apropiación de las autoridades para restablecer los derechos de los menores víctimas del reclutamiento forzado, y la participación de desmovilizados en operativos de la Fuerza Pública, son sólo dos de las fallas que encontró la Procuraduría en el proyecto de reinserción.
Este proyecto, que se realizó gracias al apoyo financiero de USAID a través de OIM, hace un seguimiento al otorgamiento de beneficios administrativos en los diferentes esquemas de desmovilización que ha utilizado el país durante los últimos 10 años (1997 – 2007).
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