Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“El gobierno del presidente Álvaro Uribe está desperdiciando gran parte de la oportunidad para desmantelar las mafias paramilitares. Aunque ha habido avances en algunas áreas, algunas acciones del Gobierno amenazan con frustrar las investigaciones que tienen más posibilidades de generar cambios”. Esta es una de las conclusiones del informe presentado ayer por la organización Human Rights Watch (HRW), que hizo público un duro juicio a la situación que se ha venido presentando en Colombia por los conflictos entre el Gobierno y el poder judicial.
El documento ¿Rompiendo el control?, obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia plantea que durante las dos últimas décadas, alegando estar combatiendo a las “igualmente brutales guerrillas de izquierda”, los grupos paramilitares han devastado gran parte del país, no sólo eliminando físicamente a todo aquel que se opusiera a su control, sino alimentando sus arcas de los ingresos del narcotráfico, la extorsión y otras actividades de carácter delictivo.
En desarrollo de sus propósitos, según HRW, los paramilitares crearon alianzas mafiosas con poderosos terratenientes y empresarios en sus áreas de operación, con el apoyo de algunas unidades militares y funcionarios públicos, “incluida una gran cantidad de miembros del Congreso que recurrieron al poder de la corrupción y la intimidación de los paramilitares para obtener sus cargos”. A través de estas alianzas, “se han quebrantado los procesos democráticos y el Estado de Derecho”.
Sin embargo, dos circunstancias han contribuido para emprender la tarea de poner fin a la influencia de estas redes ilícitas, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices. En primer lugar, la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, creada en desarrollo del proceso de paz entre el Gobierno y las autodefensas, y en segundo término, las investigaciones sobre la llamada parapolítica, que han logrado avances sin precedentes en la revelación de la verdad sobre el alcance de la influencia paramilitar y el juzgamiento de sus cómplices y quienes los respaldan.
La organización Human Rights Watch plantea, sin embargo, que el gobierno del presidente Uribe, el cual se dice estar comprometido con revelar la verdad y desmovilizar a los ‘paras’, y que ha proporcionado a la Corte y a la Fiscalía recursos para lograrlo, también ha tomado cuestionables medidas que podrían atentar contra los avances logrados por estas mismas instituciones. En particular, HRW pone en tela de juicio los ataques del Primer Mandatario a la Corte.
“Si la administración de Uribe continúa por este camino, es probable que los enormes esfuerzos hechos por las cortes y los fiscales colombianos para investigar a los cómplices de los paramilitares, no logren el objetivo de romper el poder de estas mafias”. En especial, la ONG censura las reiteradas agresiones verbales, extrañas acusaciones públicas y llamadas telefónicas personales a magistrados de la Corte Suprema por parte del presidente Uribe y miembros de su gabinete, que crean un entorno de intimidación a los jueces.
En el informe se le recomienda al gobierno Uribe no apoyar proyectos de ley que permitan la impunidad por colaborar con los paramilitares, retirar la propuesta de que las investigaciones contra congresistas sean excluidas de la competencia de la Corte Suprema, abandonar los ataques verbales y acosos contra los magistrados y continuar aumentando los fondos para el sistema judicial y la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se pueda garantizar la contratación de nuevo personal y garantizar su seguridad.
El reporte de Derechos Humanos de HRW dedica un capítulo especial a evaluar los alcances y vacíos de la Ley de Justicia y Paz. Al tiempo que elogia el fallo de la Corte Constitucional, que transformó esta norma en un instrumento que promueve el derecho de las víctimas a la verdad y a obtener reparaciones, también objeta varios de los procedimientos de la Ley y advierte que las confesiones planteadas por los jefes ‘paras’ han resultado incompletas por problemas derivados de la misma ley y por la voluntad de los postulados.
En concreto, se advierte que las confesiones prácticamente no han hecho mención de delitos como el reclutamiento de niños para el combate, las torturas, la violencia sexual, los secuestros, el narcotráfico, el lavado de dinero, la intimidación a los votantes, las amenazas o el contrabando, y es claro que los grupos de autodefensas participaron en la comisión de dichos delitos. Asimismo, aunque algunos jefes paramilitares han realizado declaraciones muy significativas sobre sus cómplices en el Ejército y en el Gobierno, aún quedan muchos interrogantes por aclarar.
El documento detalla múltiples casos en los cuales, aunque los paramilitares han hecho declaraciones implicando a oficiales de la Fuerza Pública, la Fiscalía todavía no ha abierto investigaciones formales contra los implicados. De manera minuciosa, se señalan los vacíos judiciales en procesos como las masacres de La Rochela, Mapiripán, El Aro, El Salado y Chengue, entre otras. Un análisis que también se extiende a cuestionar las razones por las cuales se concedió la extradición de los jefes paramilitares, cuando el propio Estado fue laxo frente a sus conductas ilícitas.
Pero los cuestionamientos de HRW no solamente enjuiciaron conductas y omisiones del Gobierno, también se incluyen varios reparos a la forma como la Fiscalía General de la Nación ha participado en el juzgamiento de los jefes ‘paras’ o de los cómplices de sus redes mafiosas. Por eso, la ONG le recomienda a la Fiscalía asegurarse de que en todas las confesiones de los desmovilizados en las cuales impliquen asociados en acciones ilícitas, se abran investigaciones y éstas sean de carácter exhaustivo.
Finalmente, el informe de HRW insta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al Congreso de esta misma nación, a la comunidad internacional y al Fiscal de la Corte Penal Internacional, a trabajar mancomunadamente para que los jefes paramilitares no sean juzgados sólo por sus delitos de narcotráfico sino por los abusos de Derechos Humanos que cometieron en Colombia. En tal sentido, llama la atención sobre la urgencia de monitorear la Ley de Justicia y Paz y le pide al Congreso de E.U. que postergue la ratificación del TLC hasta que Colombia no demuestre resultados en la reducción de la impunidad.