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“El paso que damos hoy nos permite reconocer que el Acuerdo de Escazú une y, como parte de la conversación nacional, para mí es muy grato escuchar muchas voces hoy que nos dicen que hay que pensar en Escazú. Si ustedes piensan así -y nosotros también- hay que dar el paso. No hay que demorarnos tanto”. Este fue uno de los apartados del discurso del presidente Iván Duque en la protocolización de la firma del Acuerdo de Escazú, tratado al que se acogió el país en respuesta al pedido de la Gran Conversación Nacional por el paro de 2019. El primer mandatario pidió al Congreso que la premura en el trámite fuera acompañada de foros de socialización y propuestas para la reglamentación. Luego pidió una fotografía con todos los asistentes para celebrar.
La ceremonia ocurrió el 12 de diciembre de 2019. Un año y medio después el Congreso dejó hundir, sin darle trámite, la ratificación del Acuerdo de Escazú. No importó si quiera un mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo ni el pedido de diferentes sectores para que se le diera el visto bueno. Pero, a decir verdad, desde el comienzo el tratado había estado en veremos. El primer obstáculo fue el inicio de la pandemia, que impidió que se radicara en el primer semestre de 2020. Luego, en el segundo semestre, las dudas crecieron.
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Varios miembros de la oposición insistieron en que se ratificara con premura, debido a que Colombia podía recibir la honrosa distinción de ser el undécimo Estado que lo ratificaba, lo que implicaba que sería el causante de que entrara en vigor a nivel regional. No obstante, desde la bancada de gobierno se comenzó a mover la tesis de que el Acuerdo afectaba la soberanía territorial e incluso podría trastocar al sistema de justicia interna. Esto fue acompañado de la queja de varios gremios que difundieron en diferentes espacios la tesis de que el Acuerdo de Escazú pondría en riesgo la seguridad jurídica para algunas actividades económicas. Por eso, a finales de 2020, todo indicaba que las comisiones segundas de Cámara y Senado iban a hundir el proyecto.
Ante las dudas, muchos de los congresistas anunciaron que votarían no a la ratificación. Para que esto no ocurriera, se puso sobre la mesa que se organizaran nuevas audiencias públicas y foros para discutir y despejar los temores. La oposición aceptó para que no se rechazara el tratado de tajo. Esto fue en noviembre de 2020 y, desde entonces, se llevaron a cabo múltiples espacios de diálogo sobre el tema, el último de ellos hace dos semanas. Varios señalaron esta determinación como el comienzo del “plan tortuga” con el que los opositores al tratado ambiental garantizaban que la ratificación se hundiera por falta de trámite.
Algunos miembros de las comisiones segundas, que pidieron reserva de la identidad, señalaron que no es normal que se convoquen a tantos foros y audiencias públicas para la ratificación de un acuerdo suscrito por el Ejecutivo, mucho menos que estas se hagan por solicitud de la bancada de gobierno. Esta postura fue compartida por Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que hizo seguimiento al trámite. Por otro lado, el senador Bérner Zambrano, de la U, comentó que la realización de los espacios de diálogo e informativos no fue extraña, pero sí siembra dudas de que “se nos llevó a unos foros muy distantes el uno del otro”. Además, esta distancia en el tiempo y los diferentes foros y audiencias habrían servido para que diferentes gremios llevaran a cabo un fuerte cabildeo y activismo en contra del Acuerdo de Escazú.
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Más allá de estos cuestionamientos, los grandes señalados por el hundimiento de la ratificación han sido el gobierno Duque y las mesas directivas de las comisiones segundas de Cámara y Senado. En el primer apartado, los reproches van directamente a la supuesta falta de acción del Ejecutivo para sacar el proyecto adelante. Aunque hubo un mensaje de urgencia, se habría quedado corto en impulsar el Acuerdo. Incluso, algunos han llegado a cuestionar si no hubo una contraorden para frenar el trámite. “Fue algo muy inusual. No se vio el interés del Gobierno, cuando deberían ser ellos los que se muevan”, comentó el senador Bérner Zambrano.
Otros legisladores cuestionaron que, cuando el Ejecutivo quiere pasar un proyecto, lo hace con invitaciones a desayunos, soluciones de dudas, seguimiento, llamadas y hasta “mermelada”, pero en esta ocasión no se reportó nada de ello, ni para aprobarlo ni para hundirlo. El trabajo del Gobierno se limitó a la exposición en los foros del ministro de Ambiente a favor del Acuerdo y unas intervenciones de la excanciller Claudia Blum que, a consideración de varios congresistas, habrían dejado dudas sobre el respaldo. El ministro del Interior, Daniel Palacios, rechazó estos comentarios y aseguró que el Gobierno sí lo impulsó, tanto con el mensaje de urgencia como la participación del minambiente en todas las instancias y espacios informativos.
En cuanto a las mesas directivas, las críticas les caen a los presidentes de las comisiones segundas: Juan David Vélez (Cámara) y Juan Diego Gómez (Senado). Ambos fueron criticados por supuestamente dilatar el trámite hasta lo último. Según los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, los dos estuvieron reacios a convocar al debate y la votación hasta que se amenazó con invocar el Estatuto de Oposición para ponerlo de primeras en el orden del día. Además, esta citación se hizo justo en la última semana, cuando la plenaria estaba depurando los temas represados. Asimismo, señalaron a Vélez de hacer “filibusterismo” junto con Paola Holguín, senadora uribista.
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El pasado miércoles se intentó votar a contrarreloj e incluso los ponentes a favor del Acuerdo redujeron sus intervenciones. Sin embargo, los congresistas del Centro Democrático extendieron sus intervenciones, hasta que comenzaron las plenarias de ambas corporaciones, lo que impidió votar e incluso anunciar el proyecto para que se tramitara en una siguiente sesión. En su defensa, Vélez dice que no hubo ninguna mala intención y que estaba en su derecho de tomarse su tiempo para dar las discusiones. “Hay sectores que exigen discutir tratados y ahora no quieren”, cuestionó el representante a sus críticos.
Luego de que no se pudiera votar el miércoles, se tenía hasta el domingo para tramitar ese primer y tercer debate conjunto, pero ni siquiera se llegó a anunciar el proyecto. En este punto, los señalamientos vienen de lado y lado. Algunos ven a Vélez como el gran culpable por nunca citar para anunciar el proyecto. No obstante, hay otros que hablan de una “jugadita” para bloquear el trámite por parte de Juan Diego Gómez, conservador, autodenominado ambientalista y el más opcionado para ocupar la presidencia del Senado en el próximo semestre. Varios, que pidieron la reserva de su nombre, calificaron la acción ejecutada por este como “desleal”.
El eje de los señalamientos es la convocatoria del pasado sábado para anunciar el proyecto. Se supone que Gómez tenía que citar a comisiones segundas de Cámara y Senado debido a que, por Ley Quinta, este se convierte en la cabeza de ambas cuando las sesiones son conjuntas. No obstante, solo citó a los miembros de su célula y envió una carta a Vélez para que citara por separado a los representantes de la segunda de Cámara. Esto, a consideración de muchos, habría viciado el trámite de haberse llevado a cabo. Además, el sábado, según varios miembros de las dos células, Gómez habría hecho hasta lo imposible por impedir la participación de los representantes en la sesión.
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Primero, este habría citado a las 7:00 de la mañana únicamente a su comisión y solo les habría enviado el link de Zoom a estos. Varios representantes intentaron entrar, pero fue corrida para las 10:00 de la mañana, por supuestos problemas personales de Gómez, según dijo. A esa hora ya no podían participar los miembros de la Cámara, pues la plenaria había sido citada para las 8:30, previendo que tenían la sesión de la comisión más temprano.
A las 10:00 de la mañana, algunos representantes, con permiso de la plenaria, intentaron participar de la sesión conjunta y cuestionaron la citación que habría hecho Gómez. También pidieron que se les permitiera dejar constancia de las posibles irregularidades a través de la secretaria de la comisión de Cámara. Sin embargo, Gómez la terminó de forma abrupta sin darles la palabra. Luego se insistió en la convocatoria para discutir el domingo y hasta Germán Blanco ofreció terminar la Plenaria de Cámara con ese fin, pero esto nunca lo hizo, lo que terminó por darle la estocada final a la ratificación del Acuerdo de Escazú. El Espectador trató de conocer la postura del senador Juan Diego Gómez frente a los cuestionamientos en su contra, pero este no quiso responder.
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