La marea parapolítica sigue…

Los abundantes testimonios e informes del CTI de la Fiscalía, aunados a las precarias explicaciones que reposan en el proceso, fueron determinantes para la inminente medida de aseguramiento que proferirá hoy el ente acusador en contra de los ex congresistas Salomón Saade Abdala, José Gamarra Sierra y el ex funcionario de la Registraduría del Magdalena Enrique Osorio de la Rosa quien, según el “ventilador” del DAS, Rafael García, fue “el genio del fraude electoral” maquinado en 2002 por el extraditado jefe paramilitar Jorge 40, del cual se beneficiaron una docena de parlamentarios que hoy están detenidos, procesados y condenados.

Según conoció este diario, varios informes contables de las campañas políticas que en 2002 adelantaron Saade Abdala y Gamarra Sierra, así como las atípicas votaciones que sacaron en dicha campaña electoral y la extensa y detallada declaración de Rafael García en su contra, fueron los elementos que consideró la Fiscalía para tomar esta trascendental decisión. Todos negaron sus vínculos con los paramilitares o, simplemente, explicaron que los conocieron “cuando eran gente de bien”.

Por ejemplo, en su diligencia de indagatoria José Gamarra Sierra explicó que sí conoció al señalado comandante del Frente Pivijay de las autodefensas, Saúl Severini, pero que su relación con él fue de lejana amistad y que siempre desconoció sus andanzas ilegales. Precisamente Severini fue capturado el 10 de diciembre de 2006 en una de las fincas de Gamarra en el departamento de Magdalena. Así lo certificaron además el entonces comandante de Policía de la zona, coronel Freddy Pacheco, y el director del CTI, Manuel Arias.

De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, los llamados distritos electorales que configuró Jorge 40 —que se repartieron entre los candidatos al Congreso de la República, en las elecciones de marzo de 2002— beneficiaron al veterano dirigente político magdalenense Salomón Saade, al condenado senador Dieb Maloof y al procesado parlamentario Luis Eduardo Vives. Según la Fiscalía, el apoyo del paramilitar fue tan evidente que permitió que Salomón Saade y José Gamarra Sierra obtuvieran en 2002 la primera y segunda votación en el departamento del Magdalena.

De igual manera, para la Fiscalía es por ahora un hecho el estrecho vínculo de Enrique Osorio de la Rosa con las autodefensas del Bloque Norte. Su principal verdugo, Rafael García, sostuvo que se le pagaron $4 millones para facilitar el fraude electoral que benefició a los políticos apadrinados por Jorge 40. No obstante, Osorio de la Rosa negó cualquier nexo con las Auc, aunque reconoció haber estudiado y conocido a Rafael García en Santa Marta.

Y, como si fuera poco, hace dos días la Fiscalía dictó orden de captura contra los ex congresistas Jorge Castro Pacheco y Miguel Ángel Durán. Castro es hermano de Augusto Tuto Castro, uno de los más temibles jefes paramilitares de la Costa Norte, y también fue acusado por García de sus vínculos con el grupo que comandaba el extraditado jefe de las autodefensas Jorge 40. La marea parapolítica tuvo su más reciente coletazo en la Fiscalía, entidad que deberá resolver el proceso del ex presidente del Partido Conservador Ciro Ramírez, a quien el martes la plenaria del Senado le aceptó su renuncia.

La Corte Suprema está a punto de definir si condena o no al senador Mauricio Pimiento, mientras extiende sus pesquisas para establecer si parlamentarios del Valle y Risaralda también se aliaron con jefes ‘paras’. No hay duda de que la justicia sigue rastreando los vínculos entre la clase política colombiana y los grupos de autodefensa. Más de 60 caciques políticos del Congreso enfrentan serios líos judiciales. No obstante, pese a los adelantos en el escenario judicial sobre los tentáculos ‘paras’ en la política, aún muchos se preguntan dónde están los procesos contra los altos oficiales y empresarios colombianos que también patrocinaron este grupo ilegal.