‘Existe una preocupación por el proceso de paz’

Mejía, a pesar de que ha trabajado durante su vida para entidades como el Banco de Colombia y el Bank of America, se considera un hombre conocedor del campo, del manejo del ganado, de los cultivos y también de las cifras del agro. Además, cuenta que permanentemente está en contacto con lo que pasa en la vida rural del país.

En diálogo con El Espectador, Mejía dio a conocer que a los gremios agropecuarios del país les preocupa la falta de claridad del Estado en materia de políticas para el campo, el avance del proceso de paz, la seguridad jurídica del agro, el Pacto Nacional Agrario anunciado por el Gobierno, la misión para el desarrollo rural y por supuesto el tema de rentabilidad.

¿Cuál es la radiografía del sector agropecuario actual?

El año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario fue del 5,3%; sin café, fue del 2,6%. Entretanto, el área cosechada creció 1,9%. En café, el crecimiento de la producción fue de 40,6%.
O sea que con un incremento de 1,9% en área sembrada, se produjo más del doble en toneladas. Esto quiere decir que la productividad por hectárea del país mejoró. Después, seguimos con la producción pecuaria en toneladas y vemos que, exceptuando carne, todos los renglones tuvieron crecimientos modestos.

En el caso de importaciones agropecuarias, hay que mirar dos cosas: el valor (creció 0,2%) y el volumen (aumentó 3,4%). Se importó más, pero a un precio estable. Entretanto, las exportaciones —incluyendo café (en valor FOB)— aumentaron 0,1%, pero en volumen se redujeron 4%.
El crédito subió 7,6% en 2013, aunque los préstamos para capital de trabajo cayeron un poco. Entretanto, la compra de insumos y bienes para el agro se redujo 1,9% y el número de ocupados en el sector disminuyó 2%.

El tema de la rentabilidad ha sido detonante de paros en el campo…

La rentabilidad se cayó, lo dice el DANE. Acá los costos se suben y los precios se caen. Papa, café y arroz han tenido problemas. El maíz, igual. En el caso pecuario se repite la historia. El 30% del sector agrario dijo (en la encuesta de la SAC) que los precios son malos.

Los que dicen que la situación económica del sector es buena son los floricultores y los porcicultores. Quienes sostienen que es mala son: café, cultivos de clima frío, avicultura y leche. Entretanto, la inversión se cayó en maquinaria y otras cosas, pero los encuestados creen que va a aumentar.
Acá, las cifras económicas positivas no reflejan la rentabilidad negativa de los subsectores. Crecer 5,3% no significa que todos los productores estén bien. Seis cosas complicaron su rentabilidad: precios de venta, costos de producción, actitud negativa en materia económica, contrabando (las cifras son dramáticas), mal uso de los TLC y revaluación (la devaluación por un lado favorece formación de precios y exportadores, pero por otro, afecta costos de producción).

Todo esto nos lleva a decir que el sector lo que necesita realmente para ser estable es una política agraria de Estado que combine no sólo los factores favorables para el sector, sino el entorno macro como infraestructura (no sólo de transporte, sino de producción —riego, drenaje, etc.—).

La situación del sector es confusa. Hay unos paros de las dignidades agrícolas; la SAC dio la razón de los hechos por los cuales se producía el paro, pero condenó la situación de hecho de las protestas.

Tras las protestas, ¿qué ha pasado con el Pacto Agrario?

Todo lo anterior generó un pacto agrario que comenzó el 12 de septiembre pasado, propiciado por la SAC y los gremios. Invitamos a gremios de eslabones superiores, como aseguradoras, sector financiero, industria. La SAC llevó 21 propuestas al Gobierno más una matriz de política agropecuaria. Seguimos esperando que nos contesten. No se ha tenido en cuenta.

En el Pacto empezaron a intervenir el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, el ministro de Trabajo (Rafael Pardo) y el del Interior (Aurelio Iragorri). Por otro lado, al Gobierno se le ocurrió hacer una misión rural.

¿Por qué están los gremios tan disgustados con el Gobierno?

Nosotros desembocamos en una junta directiva que se hizo el pasado 26 de febrero. Allí, los integrantes de los gremios manifestaron su inconformidad con el Gobierno y con el ministro de Agricultura. Hubo un resentimiento hacia el Gobierno que no había visto en 13 años que llevo como presidente de la SAC.

Esa animadversión se vio plasmada en que con el presidente de la junta directiva de la SAC (Luis F. Londoño) pedimos una entrevista con el presidente Santos y nos dieron ocho días después una cita con la secretaria general. Consideran que el sector es intrascendente.

Hemos dividido en cuatro grandes áreas nuestra visión de qué está pasando: primera, proceso de paz y seguridad jurídica; segunda, pacto por el agro y el desarrollo rural; tercera, ‘revolcón’ institucional del sector anunciado por el Estado (bienes públicos versus subsidios directos), y cuarta, la misión de política para el desarrollo rural y agropecuario.

La junta directiva nos dio unas instrucciones, entre ellas reevaluar el proceso de paz y el apoyo que le ha dado la SAC desde que comenzó. No va a haber un cambio en el modelo económico y tampoco en la propiedad privada.
La SAC fue la que más apoyó el proceso, pero me preguntaron que si confío en este momento en el Gobierno y yo dije: “No”.

¿Qué tanto preocupan los diálogos de paz en La Habana?

Estamos preocupados por la seguridad jurídica y por lo que está pasando con el proceso de paz, ya que falta claridad y transparencia. Necesitamos información total de qué es lo que está pasando allá en Cuba. ¿Cuál es el modelo económico que va a adoptar el país? ¿Qué es lo que se ha negociado? ¿Cómo nos afecta? Entonces, ¿por qué el Gobierno presenta un proyecto sobre baldíos y lo retira?

Segundo, preocupa el pacto por el agro. Lo pusimos en desarrollo, pero nos han informado que el Gobierno ha dado prioridad a las dignidades agropecuarias. Estamos percibiendo que es un enfrentamiento entre la institucionalidad formalizada y lo informal. Las situaciones de hecho y la percepción de los gremios muestran que hay que pasar a situaciones de hecho.
Varios de los gremios de la SAC están en conversaciones para hacer alianzas con las dignidades agrícolas. Eso es peligroso para la institucionalidad, pero el Gobierno no ha querido sentarse a estudiar y a entender la economía agrícola del país.

Después nos enteramos de un ‘revolcón’ institucional del Gobierno sin saber cómo, cuándo y dónde. Dicen que van a desmontar los subsidios. Los apoyos directos hay que preservarlos y que se desmonten en el tiempo; a veces necesitan ser conservados.

El Ministerio de Agricultura se demora en tomar decisiones porque tienen que pasar por Presidencia. Y Presidencia no autoriza nada que no sea pasado por La Habana.

Este es todo el panorama. No hay un liderazgo para el sector agropecuario por parte del Gobierno. No hay una persona que diga: esta va a ser la política agraria de Estado que reclama el sector privado. Eso ya lo tuvo que aceptar el presidente Santos. Varios exministros me dijeron que había política, pero ninguno ha podido hacerlo. Todos los gobiernos dicen algo distinto y los agricultores son los afectados.

Cuando hablaba de proceso de paz y seguridad jurídica, hay una gran incertidumbre sobre la propiedad privada y la protección de la misma. En temas legales, una cosa dice la Superintendencia de Notariado y Registro, otra el Ministerio de Agricultura, otra la Contraloría y otra los privados. Hay un debate desde el inciso noveno y el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 que prohíbe acumular UAF inicialmente adjudicados como baldíos. La inversión en agroindustria está parada. El Gobierno es el que tiene la palabra, porque estamos esperando a que se pronuncie.

¿Y qué va a pasar con el cambio de gobierno? ¿Qué dicen los gremios?

Por eso quieren saber qué va a hacer este gobierno, para así ver qué posición van a tomar. No se sienten satisfechos con las respuestas del Ejecutivo; las quejas acá son concretas. A un gremio no se le puede decir que si no es rentable, cambie de actividad.

Además, al Gobierno se le ha preguntado qué es eso de agricultura familiar y de asociatividad (con sus formas jurídicas). No lo saben ni lo han definido.

¿Y la Alianza Pacífico?

Eso es un desastre. Es la peor que Colombia ha hecho. Sectores como el arroz, la leche y sus derivados, aceite, azúcar —que había sido excluido—, el maíz y el fríjol, salieron perdedores. Se quitaron las franjas de precios por ser una alianza plurilateral. Acabaron con los recursos que permite la OMC. Quedamos en una situación compleja. Esto fue poco transparente, ocultó cifras. Desde lo comercial, el Gobierno no ha logrado probar que es bueno. No es que la SAC esté en contra de los tratados.

Entre los gremios hay angustia frente al presupuesto de 2014 para el agro…

El Gobierno dice: tenemos un presupuesto de $5,2 billones. De esos, hay un compromiso de $4,1 billones y queda $1,15 billones. No se sabe cómo se va a usar la plata. Resulta complejo que el pacto por el agro lo están haciendo a espaldas del sector privado productivo y de los gremios. Lo más grave es que el ‘revolcón’ institucional’ y la misión rural van a dar líneas de política.