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Gustavo Petro apenas llevaba dos días como presidente en funciones cuando se radicó el proyecto para reformar el Código Electoral. El acto contó con la participación del recién posesionado ministro del Interior, Alfonso Prada. “Uno de los compromisos es modernizar la legislación electoral y armonizarla con los nuevos requerimientos del país”, dijo el ministro en el momento de la radicación. La presencia de Prada mostraba que el gobierno estaba jugado con este proyecto, que, a simple vista, fue el mismo que meses antes hundió la Corte Constitucional por vicios de forma. La premura en su radicación hacía pensar que había afán para su aprobación. Y con toda razón, puesto que tiene varios puntos que serían implementados gradualmente desde las elecciones de 2023.
Sin embargo, desde su radicación, el proyecto no ha tenido ni un debate y no existe siquiera una ponencia oficial para su discusión. Hasta el momento, solo se han hecho tres audiencias públicas en las que distintos sectores han expuesto sus observaciones. La última se realizó este martes en la mañana. En teoría, se espera que se terminen radicando dos ponencias, una alternativa y otra mayoritaria, de acuerdo con fuentes conocedoras del trámite de este proyecto. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido y el tiempo apremia, pues las elecciones regionales están cada vez más cerca y no hay claridad sobre las reglas con las que se llevará a cabo dicho proceso.
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Al hablar con los ponentes frente al proyecto, algunos reconocen que apenas están comenzando su estudio juicioso. Otros, como el senador Alejandro Vega, comentaron a este diario que el trámite se ha venido dando y como muestra están las audiencias públicas en las que se ha tratado el tema. No obstante, Vega reconoció que la Comisión Primera de Senado ha tenido varios proyectos de acto legislativo que tenían prelación. A pesar de la congestión, aseveró que desde hace tres semanas se ha venido acelerando el trámite de esta iniciativa y que el tema de las audiencias públicas ha sido con la intención de “darle amplia discusión y que los partidos se pronuncien”. El senador liberal reveló que todas las observaciones de los últimos días han sido escuchadas y serán incluidas en una ponencia que “ya está prácticamente lista”.
Vega también trató de restarle importancia al afán al decir que se espera que el debate no sea tan extenso pues es casi el mismo “que ya fue tramitado y aprobado por el Congreso en 2020. Ya se había estudiado y gran parte de lo recogido es producto de los debates de ese entonces”. Este expresó que las mayores diferencias radican en el apartado de las modificaciones en el registro civil e identificación, que fueron incluidas por la Registraduría en esta ocasión. Salvo este punto, según el senador Alejandro Vega, el proyecto es prácticamente igual a Código Electoral que fue impulsado por Alexander Vega hace dos años y cuya aprobación fue apalancada por el gobierno de Iván Duque.
Precisamente la premisa de que es el mismo proyecto de hace dos años traerá un debate que se sentirá con fuerza cuando se discuta oficialmente en la Comisión Primera. Una de las primeras razones es que no deja de ser llamativo que el gobierno de Gustavo Petro sea el abanderado de esta propuesta dado que el primer mandatario se abstuvo de votarla en 2020, cuando Armando Benedetti fue su principal ponente. Por otro lado, hay varios sectores que aseguran que no es el mismo texto que fue aprobado a finales de 2020.
“No es cierto que es el mismo, revive los micos que habíamos hundido”, comentó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en la sesión de este martes. En un sentido parecido, la cabeza la Misión de observación Electoral (MOE) señaló que es “una equivocación gigantesca e imprecisa” decir que es el mismo código que tumbó la Corte Constitucional. “Nos preocupa que piensen así y de que se trata lo mismo de hace un año. Este código no incluye los ajustes que se le hicieron en el Congreso”, acotó Barrios, que rogó que esta supuesta falsa idea no termine haciendo que no haya un debate a conciencia. “Lo correcto es discutir el código electoral en su totalidad. Hay que debatirlo completo, hay que mirar los impactos”, concluyó la directora de la veeduría electoral.
En cambio, el senador Ariel Ávila, que ha sido uno de los que más ha criticado la reforma radicada, aseveró que sí se trata del mismo texto que fue aprobado hace dos años. “Es un código hecho por Alexander Vega sin mucho impacto”, aseveró el de la Alianza Verde, que señaló que la única razón por la que fue radicado de nuevo ha sido porque el registrador “lo vendió como la reforma del cambio”, pero que realmente tendría los mismos vicios que le fueron encontrados hace dos años y que llevaron a que buena parte de la oposición -hoy casi toda en el oficialismo- se opusiera a este. Ávila también negó el argumento que ha dicho la Registraduría y algunos a favor del proyecto de que la Corte ya le dio vía libre al texto de 2020: “lo que fue aprobado se calló fue por un vicio de forma no de fondo. La corte no lo ha aprobado”.
Además de si es el mismo proyecto que hace cuatro años, la discusión pasaría por algunos temas controversiales de dicha reforma. “Es una basura”, de esta forma resumió Ávila el texto radicado por Vega en agosto. “Se vendió como una gran transformación, pero no sirve de nada”, dijo el senador de centro, que complementó su idea con la tesis de que son más los peligros que los avances. Algunos de los reparos se relacionan con la autenticación, que quedaría en monopolio de la Registraduría. En otro apartado, Ávila cuestionó que se incluya un punto en que los registradores departamentales serían de libre remoción y nombramiento porque Alexander Vega, de acuerdo con el senador, ya habría demostrado que aprovecha dicha figura para hacer de la Registraduría un fortín de prebendas políticas. También rechazó otros temas como el voto remoto por correo y el del empadronamiento para eliminar la inscripción de cédulas. Ambos casos los consideró como peligrosos por el contexto colombiano. Por último, dijo que “cómo se va a cambiar la pintura si todavía no se tiene la casa”, haciendo referencia a que no es conveniente aprobar el código sin reforma política y electoral.
Desde la MOE también se expresaron varias reservas. Aunque reconocieron la necesidad de que un código que recoja las principales normas electorales y que armonice las funciones del CNE y la Registraduría, como lo señaló el ministro Alfonso Prada en la audiencia pública de este martes, rechazaron algunos puntos como que se incluya el tema de registro civil en una misma reforma. En un sentido parecido, Barrios dijo que debe garantizarse que no influyan en 2023, pues se está muy cerca para un cambio de reglas. Asimismo, cuestionó que se siga quitándole poder al CNE: “nos preocupa muchísimo que le den la Registraduría la potestad de abrir o cerrar puntos de votación”. También se cuestiona que sea un consejo asesor liderado por Alexander Vega el que aconseje sobre la adopción de tecnologías cuando esto debería venir del tribunal electoral.
Por otro lado, Barrios también habló del tema de las auditorías, en las que se contempla un tiempo muy corto para estudiar a fondo los softwares de cada certamen electoral. “Es muy importante que los tiempos de hacer auditorías sean más amplios de que lo piensa el código. Ya se debería tener un protocolo de auditorías con información abierta y completamente accesibles”, señaló la experta en temas electorales. Por otro lado, señaló que deben estar pendientes debido a que es un código muy largo y ya desde la bancada de gobierno se han dado señas de activar la aplanadora: Nos preocupa que el código, que es tan largo, sea despachado sin el debido debate. Esos debates no son para sacarlo al pupitrazo. Por último, sentenció: El código electoral debe armonizar toda la legislación, debe mantener el equilibrio de poderes del CNE.
Paloma Valencia expresó otras preocupaciones en la sesión de este martes. Para esta, el mayor problema que trae este código es que no “soluciona los problemas en las elecciones pasadas”. Al igual a lo que había comentado Barrios sobre la necesidad de usar el certamen de 2022 como referencia, la senadora del Centro Democrático aseveró: “No es cierto que el proyecto de la Registraduría solucione los problemas que vivimos en las elecciones pasadas. El proyecto no nos deja en tranquilidad a alguno de los partidos de oposición”. El mayor problema para Valencia es que el código no entra a solucionar dificultades evidenciadas en temas como los formularios E-14 y las inscripciones: “Todas esas dudas quedan”.
Ante tantas críticas, el senador Alejandro Vega trató de responder a los temores de la oposición y específico que “la intención es modernizar los protocolos electorales y este código será para evitar dificultades y que tengan toda la tranquilidad”. En este mismo sentido señaló que se han recogido las inquietudes expuestas en las audiencias públicas y estas servirán para ajustar el proyecto de la mejor forma posible. Por último, no descartó que no sea aplicable el Código para 2023. Sin embargo, señaló que no sería tan traumático que se usara de inmediato, puesto que solo se trata de reglas de procedimiento y no de fondo.
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