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En el Congreso hay aún una pelea que tiene toda la atención del Gobierno Nacional por el nuevo capítulo que se abrirá esta semana. Se trata de la elección de presidente en la comisión de Acusaciones, que desde el año pasado investiga al jefe de Estado Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en su campaña y que podría estar cerca de darle un nuevo vuelo al caso, pues en sus pasillos no solo se ha hablado de posibles acusaciones formales contra el mandatario, sino hasta del juicio político que busca la oposición.
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Quien llegue a la mesa directiva podrá influir en momentos decisorios de la investigación e incluso determinar, en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) formule cargos contra la campaña Petro y le compulse copias, si se abre un nuevo frente en la comisión de Acusaciones o si les entregan los hallazgos de los magistrados a los tres investigadores actuales del jefe de Estado (Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta del Pacto y Wilmer Carrillo del Partido de la U).
Los tres legisladores, que continúan reuniendo material probatorio, no solo han sido recusados por su presunta cercanía con el Gobierno, sino también, denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por el sector opositor debido a supuestas conductas posiblemente infractoras del ordenamiento penal.
Por todo lo que está en juego es que son varias las llamadas y acuerdos que han estado gestándose en los últimos días para definir quién quedará en la Presidencia, pues ya es un hecho que la Vicepresidencia le corresponde a la Alianza Verde, cuya única representante integrante que no ha estado en la mesa directiva es Katherine Miranda, lejana y crítica a la agenda de Petro y quien vio su derrota contra Jaime Raúl Salamanca (presidente Cámara) como una pelea que perdió, pero, ante el Gobierno.
La disputa está entre los representantes del Partido Liberal Leonardo Gallego (Valle) y Karyme Cotes (Sucre), quien sería la candidata del Gobierno, pero no necesariamente la de la coalición del Pacto Histórico, que ha estado un poco molesta por decisiones del Ejecutivo que califican de impuestas y egoístas con su proyecto política y las regiones que representan.
“Hay colectividades que tienen más representación en el Gobierno y territorialmente que el mismo Pacto. Hay un cansancio generalizado”, indicó un legislador de la coalición.
De hecho, fuentes cercanas mencionan que desde la semana pasada los tres representantes del Pacto, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo, habían decidido darle su voto a Gallego, quien al ser del Valle es más próximo a los dos últimos legisladores. Sin embargo, a último minuto desde el mismo Gobierno les habrían citado a una reunión, impidiéndoles asistir a la votación que estaba prevista para el martes pasado y fue aplazada por falta de quórum.
Han sido tales las tensiones y malestares que ha generado la votación de la presidencia que algunos de los 18 legisladores estarían pensando inclusive en ausentarse a la sesión de este 30 de julio para quitarse de encima tal responsabilidad, mientras que otros están analizando mejor votar en blanco. Las cuentas están apretadas.
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Cotes le dijo a El Espectador que aunque tiene mayorías al interior de la bancada liberal, “el respaldo solo será posible determinarlo en el momento de escrutar”. Mientras que Gallego ha preferido no pronunciarse hasta la votación. Lo cierto es que cada uno tiene asegurado un promedio de cinco votos y están intentando convencer en las últimas horas que les quedan a los representantes indecisos.
Desde la oposición no se sienten cómodos con ninguna de las dos opciones de presidente, quien tendrá el control de establecer a su antojo el orden del día y podría, incluso, llegar a influir en la investigación contra Petro. Eso sí, reconocen que Cotes es más cercana al Gobierno que Gallego, por lo que no descartan irse con él o como lo prefieren hasta ahora, votar en blanco.
La principal preocupación de los opositores es que el CNE formule cargos administrativos contra la campaña Petro y compulse copias a la comisión, pero que al haber una mesa directiva cercana al Gobierno no se abra un nuevo radicado entregándosele el caso a un representante, sino, que se acumule con los que lleva el trío, del que apuntan, no es el equipo ideal para investigar por su presunta cercanía con el presidente.
Y es que desde el Centro Democrático, por ejemplo, viene creciendo una presión para que Petro sea llamado a juicio político, un escenario que no ven tan fácil los legisladores de la comisión, pues solo los investigadores tienen la potestad de hacer la solicitud. A pesar de que este camino es improbable, el partido uribista está analizando estrategias para buscar abonar la ruta para una posible formulación de cargos por una supuesta violación de los topes de gasto, un hecho prohibido en la Constitución.
De hecho, vienen lanzándole advertencias a los investigadores Arizabaleta, Uribe y Carrillo, a quienes les han indicado que si no avanzan al ritmo esperado en sus indagaciones, lanzarán la ‘bomba’ del juicio político, que aunque no tiene procedimiento, “sí es rentable ante la opinión pública”, dijo un congresista.
Además, temen que si el nuevo presidente le ‘copia’ al Gobierno, este no distribuya de manera transparente las últimas denuncias que han llegado al despacho, sino que opte por acumularlas, como ha pasado hasta ahora. En suma, el último año de la legislatura estará en manos del Pacto Histórico.
Las llamadas y acuerdos seguirán dándose hasta el último momento en que los 18 representantes le entreguen su voto, sea a Cotes o a Gallego, y ronda la pregunta, incluso en el mismo Gobierno, de si el Pacto y los representantes de la coalición oficialista le votarán a su supuesta elegida.
Hasta el momento, el caso en el CNE está completamente frenado hasta que no se defina si tiene la facultad para investigar al presidente, algo que parece que quedará en poder de la Corte Constitucional. La investigación podría ser archivada por vencimiento de términos en 2025, ¿tendrá el mismo final este caso en la comisión de Acusaciones?
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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