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Desde febrero de 2021, la Corte Constitucional tiene pendiente definir si revisa una tutela relacionada con un delicado expediente penal sobre la supuesta financiación que habría hecho un funcionario de una multinacional italiana a un grupo guerrillero. Se trata de la acción judicial presentada por el empresario argentino Roberto Jorge Rigoni, quien es señalado por la Fiscalía de, presuntamente, haber financiado al Eln, entre 2010 y 2013, mientras él dirigía la construcción del Oleoducto Bicentenario, entre los departamentos de Casanare y Arauca. Desde mayo de 2019, se encuentra con detención domiciliaria en Argentina, mientras las autoridades de ese país determinan si lo extraditan a Colombia.
Su captura se realizó el 10 de ese mayo de hace dos años, luego de que la Interpol emitiera una circular roja en su contra. Su detención causó tal revuelo, que el presidente Iván Duque destacó su captura y dos detenciones de miembros del Eln, en un contexto en el que el país todavía adelantaba investigaciones sobre el atentado perpetrado en enero de 2018 por ese grupo criminal a la Escuela General Santander en Bogotá, donde 22 miembros de la Policía murieron. Rigoni era parte de la multinacional Sicim, una reputada constructora de oleoductos fundada por el empresario Gian Pietro Riccardi, quien falleció hace un año en medio de la pandemia por el COVID-19.
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Aunque la Fiscalía dice que Rigoni era un alto funcionario de Sicim, su abogado, Jhonny Díaz Ortega, asegura que él cumplía labores de capataz en la obra de 230 km de oleoducto entre los municipios de Yopal (Casanare) y Saravena (Arauca). Quien sí fungía como alto directivo de la compañía en ese momento era el argentino Francisco Elizondo, CEO de Simci en Colombia, que era procesado por la Fiscalía, pero falleció hace cuatro años. Aunque en diciembre de 2019 un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires aprobó en primera instancia la extradición de Rigoni, la Corte Suprema de ese país no ha resuelto la apelación que presentaron los abogados del empresario para frenar su posible envío a Colombia.
La tutela
Ante un eventual aval de extradición de Rigoni por parte del alto tribunal, faltaría que el hoy presidente argentino, Alberto Fernández, aprobara su traslado a Colombia donde le imputarían cargos por los delitos de concierto para delinquir y financiación del terrorismo. Mientras tanto, en Colombia su defensa también se ha movido en los estrados judiciales. Desde febrero de este año, la Corte Constitucional tiene pendiente determinar si revisa o no una tutela que presentó Rigoni y que ya fue negada en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, en julio de 2020, al no encontrar que algún derecho fundamental pueda ser violado en medio del proceso penal.
Entre los argumentos presentados por Rigoni en su tutela está que el delito por el cual se solicitó su extradición es amnistiable “con base en lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017”, el cual le dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la propia Secretaría Ejecutiva de esta justicia señaló que “no tiene competencia respecto de las conductas cometidas por los miembros o colaboradores del Eln. Por ende, se carece de competencia para emitir cualquier tipo de pronunciamiento en relación con los procesos judiciales que se lleven a cabo contra Roberto Jorge Rigoni”.
Su defensa también alegó que una eventual extradición no tendría en cuenta “las especiales condiciones de salud y avanzada edad (78 años), en específico, presenta un estado de salud deteriorado -mediado por padecimiento de diabetes, un accidente cardio vascular, cáncer e hipertensión crónica-, es decir, circunstancias por las cuales fue alegado que se le impediría afrontar tanto el traslado hasta el país requirente, como el ser recluido en un establecimiento penitenciario en razón del estado de cosas inconstitucional que afronta Colombia. Además, la autorización de la extradición obviaría, de un lado, las actuales circunstancias de emergencia sanitaria que afronta el mundo por la pandemia del COVID-19”.
El abogado de Rigoni también argumentó que las garantías ofrecidas por la Fiscalía al juzgado federal argentino, que aprobó en primera instancia su extradición, son insuficientes “dado que nada se dijo acerca del traslado (de Rigoni) en un avión con atención médica especializada y, tampoco, porque no es dable asumir que a mi cliente le sea concedida la detención domiciliaria en Colombia. Ello, tanto por la prohibición expresa consagrada frente a los delitos por los cuales es investigado -concierto para delinquir y financiación del terrorismo-, así como porque el accionante no cuenta con un lugar de residencia en Colombia”.
Para el Tribunal Superior de Bogotá, la extradición de Rigoni no depende de los tribunales judiciales colombianos, sino del pronunciamiento tanto del poder judicial como el ejecutivo de la República Argentina, que se desarrolla en el marco de un procedimiento internacional y bilateral con las autoridades colombianas (Gobierno y Fiscalía General). “La declaración definitiva en torno a la extradición a Colombia aún se encuentra sujeta a diversas condiciones, cuya configuración no se advierte hoy en día y los alegatos del abogado de Rigoni simplemente se tornan prematuros, anticipados y carentes de asidero”, puntualizó el tribunal.
Entre 2017 y 2018, cuando Rigoni ya estaba viviendo en Argentina, la Fiscalía pidió dos veces ante un juez que el proceso en su contra pudiera adelantarse sin el investigado presente (reo ausente). Sus abogados, en ese momento, señalaron que él no era persona ausente, ya que ellos lo representaban en Colombia. “La Fiscalía decidió tomar esta estrategia, pero ya ha sido rechazada. Pedimos que Roberto Jorge Rigoni fuera imputado, sin embargo, nunca sucedió. Si el proceso hubiera continuado, hoy tendríamos ya determinaciones judiciales de fondo, como ya ha pasado con otros investigados”, le dijo el abogado de Rigoni a este diario.
La investigación
El penalista Díaz Ortega se refiere al caso de Alexánder Tibacuy Laguado, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento de Arauca, miembro del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos. Su proceso está tan avanzado que ya fue absuelto en dos instancias luego de ser señalado de recibir millonarios pagos de la multinacional Sicim, considerados como cobros extorsivos o “vacunas”, para que la guerrilla del Eln les permita el paso de tractocamiones por Arauca en medio de la construcción del Oleoducto Bicentenario.
En 2012, a Rigoni le incautaron $180 millones que, según las autoridades, supuestamente le iba a entregar al Eln como pago de la llamada vacuna de protección. La investigación de la Fiscalía apunta a supuestos nexos de Sicim con las finanzas de dicho frente, comandado por alias Pablito, uno de los líderes más beligerantes de la estructura ilegal y que es parte del Comando Central (COCE). La Fiscalía explicó que este supuesto vínculo con los funcionarios de Sicim se produjo con alias la Gorda y Leidy, quienes crearon una fundación cívica en Arauca, a través de la cual habrían manejado personal y dinero de la guerrilla.
En medio de este proceso, también ha salido mencionado personal de Ecopetrol. La propia petrolera tuvo que despedir en 2015 a su gerente de transporte y logística de la estatal petrolera y que ofició como jefe de la construcción del Oleoducto Bicentenario. Su salida se dio porque habría recibido dinero por parte del CEO de Sicim Colombia, Francisco Elizondo, en un contexto que aún no ha sido aclarado por las autoridades, pero que, para la petrolera, viola el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo de Trabajo. El exgerente le dijo a la Fiscalía que sus reuniones con alias la Gorda fueron públicas y que no sabía de las supuestas conexiones que tenía con la guerrilla.
Fuentes del caso señalan que la supuesta relación de Sicim con la guerrilla ha girado en torno a si los pagos que se habrían hecho eran extorsiones o un pacto. Se trata de un viejo debate que también involucra a otras multinacionales como la Drummond, empresas bananeras y palmeras, que operaron durante años en regiones donde los grupos al margen de la ley eran la autoridad o se la disputaban con la Fuerza Pública. En el caso de Simci, varios de sus contratistas y operarios sufrieron atentados por parte del Eln. Por ejemplo, en 2012, dos funcionarias fueron secuestrados y un ingeniero fue asesinado.
Incluso, en cruce de correos entre altos mandos del Ejército en Arauca y directivos de la Sicim, quedó consignado el plan que tenía el Eln en 2012 de secuestrar a Rigoni, a otro argentino y a un turco que trabajaban para la multinacional. “Es clara y manifiesta la intención del Eln de secuestrar a personal extranjero de las compañías de la industria petrolera para presionar políticamente al Estado colombiano y además tener réditos económicos”, dice el correo electrónico de un alto oficial del ejército a la compañía italiana y recomienda que los empleados en riesgo sean reubicados y no se movilicen por tierra.
Por ahora, la extradición de Roberto Jorge Rigoni es toda una incógnita. Este diciembre se cumplen dos años desde que el juzgado federal de primera instancia avaló su extradición y la Corte Suprema de Argentina no ha tomado una decisión de fondo.
Por David Escobar Moreno
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