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Aunque Enrique Low Murtra pudo ser el protagonista de un cuento de esos que narran grandes hazañas y exaltan los excepcionales valores de un héroe, a su historia le faltó un ingrediente: un final feliz. En Colombia, para los años 80, era bien sabido que enfrentar a los carteles del narcotráfico era firmar una sentencia de muerte y ese era un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Hoy se cumplen 30 años del magnicidio de un hombre con valentía que se le midió al cargo más temido de la época, desde el cual lideró una gestión sin tacha en contra de quienes sumieron al país en el horror. (Lea también: La época de Pablo Escobar: cuando la coca fue más grande que el Estado)
Enrique Low Murtra sobre todo fue un académico. Su papá, Rodolfo Low, era un científico colomboalemán que llegó a ser rector de la Universidad Nacional, así que la formación de Enrique Low tuvo mucho de ese mundo intelectual y disciplinado que conocen los apasionados por el conocimiento. Como era de esperarse, fue un estudiante brillante, se graduó de abogado y adelantó posgrados de economía en las universidades de Illinois y Harvard, en Estados Unidos.
Luego volvió al país y trabajó como contralor del Distrito, director de Impuestos Nacionales, secretario económico de presidencia, delegado de Colombia en el Banco Mundial y catedrático de la Universidad del Valle. Su sólida trayectoria llamó la atención del entonces presidente Virgilio Barco quien, a finales de septiembre de 1987, le propuso que asumiera el cargo más riesgoso de la época, el de ministro de Justicia. Otros ya se habían negado a ocupar esa cartera ministerial, pero Low Murtra aceptó, en tiempos en los que se recrudecía la arremetida del paramilitarismo contra la Unión Patriótica (UP). Apenas llevaba un par de semanas en el cargo cuando asesinaron a Jaime Pardo Leal, candidato presidencial del movimiento político de izquierda.
Días después, en un acto inusual para la época, Low Murtra dio una alocución por televisión para señalar al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, como el autor material del crimen de Pardo. El anuncio vino acompañado de varios avisos que ofrecían recompensas a cambio de información que permitiera las capturas de los principales narcoparamilitares del país. Precisamente, eso fue lo que develó Low Murtra: la alianza narcoparamilitar que financiaba el exterminio del movimiento político.
Dos meses después de su posesión como ministro, las autoridades capturaron a Jorge Luis Ochoa Vásquez, miembro del cartel de Medellín, cerca de Cali (Valle). De inmediato, el ministro Low Murtra lo hizo trasladar a Bogotá y lo encerró en La Picota. Su propósito era extraditarlo de inmediato, pero Pablo Escobar desató una ola de amenazas de muerte contra expresidentes, funcionarios, jefes de los partidos políticos y demás líderes del país si sacaban del país a su secuaz.
Esas acciones demoraron el trámite, y el 30 de diciembre, mientras el país celebraba las fiestas de año nuevo, Ochoa se voló saliendo por la puerta de la cárcel de La Picota. Esa fue una derrota para el entonces ministro quien, lejos de desanimarse, reaccionó rápidamente y en la primera semana de 1988 firmó cinco autos de detención con fines de extradición contra Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y los tres hermanos Ochoa, para que en caso de que los volvieran a coger, los pudieran extraditar de inmediato. (Le puede interesar: Un día triste para la justicia, se conmemora muerte de Lara Bonilla y Enrique Low Murtra)
La respuesta de Escobar fue el secuestro de Andrés Pastrana y el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos. El presidente Barco, siempre con Low Murtra como su soporte, replicó con la expedición del primer estatuto antiterrorista en Colombia, el decreto 180 de 1988, conocido como Estatuto para la Defensa de la Democracia, que dotó al Estado de herramientas legales para enfrentar la arremetida de los violentos. En junio de 1988, muy amenazado, Low Murtra salió del ministerio y para protegerlo lo enviaron como embajador en Suiza. Pero ni siquiera allí estuvo seguro.
El Gobierno lo previno de que se había descubierto un complot contra su vida orquestado por el narcotráfico, tal y como había ocurrido antes con el exministro de Justicia Enrique Parejo, quien se salvó de un atentado por parte de sicarios del cartel de Medellín que llegaron hasta Hungría, donde era embajador, para matarlo. Suiza tuvo que resguardar a Low Murtra, quien permaneció en ese país hasta el final del gobierno de Barco. Sin embargo, el nuevo presidente, César Gaviria, le pidió el cargo para designar a un nuevo embajador.
Low Murtra acudió a la Cancillería para que lo enviara a cualquier otro lugar, pues no podía regresar al país por temor a las amenazas que lo rondaban, pero no lo ayudaron y él no insistió. Lo curioso es que desde meses atrás el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tenía conocimiento de una grabación entre Pablo Escobar y el abogado Guido Parra en la que se hablaba de una especie de contrato que el narcotraficante había pactado con la banda terrorista Eta para asesinar a Low en cualquier lugar del mundo.
A pesar de esa evidencia, no hicieron nada para protegerlo y Low volvió a Colombia en enero de 1991. Lo contrataron como decano de economía de la Universidad de La Salle, donde trabajó hasta el 30 de abril de ese año, cuando las amenazas se volvieron realidad. Sus verdugos lo encontraron indefenso a la salida de la institución y, delante de cientos de estudiantes, lo asesinaron. Por este magnicidio cantado no hubo ningún condenado. (En contexto: Enrique Low Murtra o el deber)
La Procuraduría abrió una investigación que terminó archivada en 1992. Ese año, la familia de Enrique Low demandó a Colombia y el caso terminó en el Consejo de Estado que, cinco años más tarde, concluyó que Colombia le falló al ministro y que quien se arriesga por enfrentar una lucha del Estado, como mínimo tiene derecho a que le protejan la vida.
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