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Joaquín Nijbe Joonide es la voz del pueblo nukak frente al Estado y los campesinos. Hace parte de los wayari muno, uno de los grupos que conforman esta etnia. Desde hace menos de un año es el representante legal del Consejo de Autoridades Tradicionales Mauro Muno, la organización que crearon para recuperar su autonomía y relacionarse con la institucionalidad y los kawenes (gente no indígena). Aunque este tipo de estructura no hace parte de su tradición como pueblo nómada, los nukaks se ajustaron al sistema con una sola intención: resistir para evitar su desaparición física y cultural, un peligro que los acecha desde hace décadas y está consignado en medidas cautelares, sentencias de la Corte Constitucional y hasta el Acuerdo de Paz.
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Nijbe tiene 33 años. Eso quiere decir que hace parte de esa generación que en 1988 salió de la selva y tuvo el primer contacto masivo con “los blancos”; es decir, la sociedad mayoritaria. En ese entonces se encontraron con hombres y mujeres que llegaron de otras partes del país a colonizar las llanuras y serranías del Guaviare. Por sus ojos han pasado las imágenes de riñas que encarnan el estigma de los colonos contra los indígenas de la Amazonia, el descubrimiento de la Coca-Cola y el dulce, la coerción que ejercieron en su contra grupos ilegales que utilizaron a los nukaks como raspachines en la bonanza cocalera o los desplazamientos masivos, por cuenta de yeumunus (paramilitares y Farc). Esos desplazamientos los apartaron de su territorio y los tienen viviendo en trece asentamientos en condiciones deplorables, a lo que se suma la reducción de su población por cuenta de enfermedades que ellos no tienen capacidad inmunológica para enfrentar, la muerte de sus mayores (y con ella la desaparición de sus costumbres), la violencia sexual contra niñas y mujeres por parte de fuerza pública y campesinos, el hambre, las drogas y el abandono del Estado.
El pueblo entero de Joaquín Nijbe Joonide ha visto y vivido toda esa tragedia. Aunque aún no existe un censo oficial, se estima que unas 850 personas componen la comunidad, según datos recopilados por la antropóloga Dany Mahecha Rubio, una de las investigadoras que ha acompañado y estudiado el proceso de contacto inicial en el que se encuentran los nukaks. Por eso, lo que pasó a finales de noviembre en la Maloka Panure, en San José del Guaviare, fue tan importante y trascendental.
De todos los encuentros y acercamientos entre indígenas y colonos, este fue memorable porque firmaron el primer acuerdo interétnico entre los asentamientos nukaks y las comunidades campesinas ubicadas en las veredas de Charras y El Capricho. Como nos dijeron varias personas en San José, el pacto es importante porque es un primer paso, una base, para que ambas poblaciones, que conviven en un mismo territorio y enfrentan problemas similares, puedan dirimir sus conflictos a través del diálogo y en paz.
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“Convivir no es fácil, pero ambos tenemos que aprender a hacerlo. El territorio nos lo han colonizado, no entendemos cómo vivir con los colonos; pero, de ahora en adelante, tenemos que mirar cómo hacerlo. Estamos luchando por el pueblo nukak”, dijo Nijbe como representante legal del Mauro Muno ante los campesinos que firmaron el acuerdo, y de la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU, las entidades que acompañaron desde 2020 las reuniones entre nukaks y “kawenes” para hacer posible el pacto mencionado. La necesidad de convivencia que manifestó Nijbe se da en un momento en que su etnia insiste en querer retornar a su territorio, pero conservando la posibilidad de moverse entre los asentamientos ya establecidos.
Para Manuel García, asesor de Nijbe y antiguo vocero del consejo de autoridades ancestrales, el acuerdo recoge un punto clave para garantizar realmente que tanto los campesinos como el Estado escuchen cómo quieren vivir los nukaks y viceversa. “Nosotros nos organizamos en el Mauro Muno porque muchas instituciones venían y no sabían con quién conversar. Ahora estamos organizados, nuestra asamblea es nueva (tiene cuatro años), pero hay avances. El acuerdo se trata de cuidar y defender. Pueblo nukak, cuidémonos. Campesinos, también cuidémonos”, dijo.
Lo que expresa Manuel García es crucial, pues, entre otras cosas, el acuerdo interétnico parte de la necesidad de que el mundo no indígena respete el gobierno propio de una población que está en total vulnerabilidad y debe ser escuchada. La Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo y la investigadora Mahecha Rubio coinciden en que esa falta de comprensión de la cosmovisión y cultura nukak ha generado no solo enfrentamientos entre ellos y los campesinos, sino también respuestas estatales asistencialistas y de corto plazo.
Conflicto nukaks-“kawenes”
El primer punto del acuerdo se conoce por boca de los propios habitantes étnicos y no étnicos de la vereda El Capricho. En uno de los pocos encuentros que tuvieron antes de la firma del acuerdo, ediles y autoridades nukaks se intentaron escuchar. A pesar de que los campesinos no entendían el idioma nukak y muchos de los indígenas no comprendían el español, ambos grupos reconocieron cómo la colonización ha cercado su resguardo y ha puesto en riesgo su supervivencia.
“Cuando no estábamos desplazados, nosotros andábamos tranquilos en nuestro territorio. Recolectábamos frutas, pescábamos, mariscábamos. Hoy nos dicen que no podemos matar monos churucos porque sirven para (salir en) fotos turísticas. Los colonos nos dicen que para pasar por el territorio tenemos que pedir permiso. Nosotros no queremos dañar a los colonos, pero ellos no ven que con eso nos alimentamos. ¿No ven que eso hace parte de los usos y costumbres del pueblo indígena?”, les dijo Nijbe a los campesinos.
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Él es uno de los pocos líderes que sabe hablar español. Sus palabras dan cuenta de dos cosas: por un lado, los roces con los dueños de predios porque en su forma de vida no existía el término “propiedad privada”. Los nukaks habitaron la selva y recorrieron a pie las zonas entre el río Inírida y Guaviare cuando no había linderos que separaran la tierra. Por el otro, resalta la adaptación forzosa de esta etnia a los alimentos que se consumen en los centros poblados. Aunque su naturaleza es ser un pueblo cazador y recolector, el contacto con los mestizos y su permanencia en asentamientos —cerca a campesinos— ha instaurado la necesidad de aprender a cultivar y cocinar comida para no morir de hambre.
Están lejos de su comida tradicional, como la palma de seje y los monos churucos, porque los nukaks no han podido retornar a su resguardo, que comprende casi el millón de hectáreas. La presencia de las disidencias de las Farc, denuncian, hace que el Estado no brinde garantías para regresar a la selva. Además, la deforestación está acabado con su comida ancestral y la repoblación ha generado conflicto de tierras entre campesinos e indígenas. “Están acabando con la fruta silvestre. Tumban selva y con ella la palma de seje, la pepa guapichona. No saben qué es, la tumban y así se acaba con el alimento de los indígenas”, resumió Joaquín Nijbe.
Ernesto Rodríguez*, campesino de la zona, lo confirmó. “Tenemos la culpa porque invadimos su territorio y los fuimos arrumando. Los distingo hace más de cuarenta años, cuando llegué a Charras y, con otra gente, empezamos a tumbar el monte. Ellos llegaban a donde uno y nos quemaban los ranchos, pero nosotros volvíamos a armarlos. Luego ellos empezaron a salir de la selva y los trabajadores les violaban a las muchachas”, contó ante los nukaks. Rodríguez puntualizó que si bien los campesinos no son los autores de la alta tasa de deforestación en Guaviare, admitió que cercar el territorio de los indígenas repercutió en su salida de la selva. “Ellos vienen a comerse lo que sembramos porque tumbamos su comida. Debemos reconocer eso y compartir con ellos y que nos enseñen sus costumbres para tratar de asimilarlas con las nuestras”.
Lérida Lozano, secretaria de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, se refirió en ese mismo sentido. Lozano le manifestó a este diario que el acuerdo representa un paso importante para ellos como campesinos, porque antes no había un espacio para llegar a puntos en común con los nukaks y ahora podrán estar más comunicados para plantear las problemáticas que tienen con algunos indígenas. “Como pueblo blanco, nos ha faltado conocer cuáles son sus necesidades y tradiciones. No hemos hecho la tarea de averiguar y como comunidad nos hace falta educación sobre los nukaks. Cuando haya riñas o problemas de robos podremos dirigirnos a sus autoridades”, indicó.
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Agregó que con este acuerdo quiere relacionarse más con las mujeres del pueblo nukak: “Espero poder acompañarlas, porque siempre han sido víctimas de los hombres de la región. En las reuniones hay que plantear que aprendan a respetarlas. La comunidad ha sido machista y le echan la culpa a ellas por los abusos, y no se pone a ver que nuestros hijos y esposos son los que deben tener conciencia del abuso que ejercen los hombres de la comunidad”, dijo. La declaración de Lérida Lozano tiene sustento no solo en su experiencia como habitante de Guaviare, sino también en el informe sobre violencia sexual que en 2020 las nukaks entregaron a la Comisión de la Verdad. La entidad expresó que el documento demuestra cómo estos crímenes se han perpetrado de forma sistemática en contra de sus cuerpos y han “facilitado y propiciado el despojo del territorio de este pueblo indígena”.
Por ello, el acuerdo también contempla que ambas poblaciones creen estrategias que reconozcan el rol de las mujeres nukaks y campesinas y “promuevan la eliminación de las violencias basadas en género, reconociendo que la guerra las ha impactado de manera diferencial y ha agudizado las formas de violencia contra ellas”, señaló la Comisión.
Respuesta de un Estado asistencialista
En abril, en una charla sobre los pueblos aislados de la Amazonia, de la Universidad Nacional, Dany Mahecha Rubio habló de los nukaks, siendo este el último pueblo de tradición nómada contactado oficialmente en Colombia. Mahecha sostuvo que el país lleva cincuenta años intentando entender cómo atenderlos. Es decir, que los primeros contactos se dieron mucho antes de que un grupo saliera de forma masiva en 1988 en el municipio de Calamar, Guaviare. Esos encuentros con lo “desconocido” para cada grupo (nukaks y colonos) marcó la relación entre ellos con el Estado.
La investigadora puntualizó que las acciones del Estado frente al pueblo nukak se han dado desde la inexperiencia y en un contexto en el que los indígenas han estado en desigualdad con su entorno. Prueba de ello es el trato de las comunidades campesinas, quienes los han utilizado como mano de obra para cultivar y servidumbre, pero con pagos indignos; e incluso el nombre que les han dado de “nukak-makú” es incorrecto, pues la palabra “makú” hace referencia peyorativa a los pueblos nómadas que fueron subordinados desde la Colonia hasta la actualidad. Otra evidencia es que a pesar de los esfuerzos de la institucionalidad, la etnia esté en peligro de desaparecer. Tan solo en septiembre la Contraloría informó que “el acceso a salud para el pueblo nukak es inexistente”.
Como contó Mahecha, el pueblo nukak seguirá teniendo un contacto permanente con la sociedad, pero tiene alta vulnerabilidad inmunológica, política, territorial y demográfica. “Esto no les ha dejado tomar decisiones en pleno. No se hizo una reflexión seria, lo que permitió que en los primeros diez años muchas acciones del Estado fueran a corto plazo, sin tener en cuenta que el territorio de los nukaks estaba rodeado de colonización. Eso ha generado abusos a una población desplazada, con diferencia cultural y una excesiva intervención estatal que no siempre articula sus acciones”, afirmó.
Desde 1995 los nukaks tienen derecho a recibir recursos provenientes de transferencias, pero nunca se han podido ejecutar. La antropóloga añadió que solo en 2010 se comenzó a pensar en políticas de Estado para los pueblos aislados y se les escuchó realmente para saber su situación y cuál era su voluntad. “Así las cosas, nuestro período de aproximación a políticas para ellos ha sido muy corto. Los pueblos indígenas en contacto inicial deben hacer parte de las comisiones que toman decisiones sobre su atención y ser cocreadores de soluciones. No deben ser excluidos. Si se hubiera dado un acercamiento más serio, la situación sería otra hoy”.
A ojos de Patricia Tobón Yagarí, comisionada de la Verdad, el acuerdo interétnico es un principio para que los nukaks sean escuchados y una oportunidad para que las instituciones acompañen a ambas poblaciones y determinen soluciones a las grandes problemáticas de la región.
“El acuerdo entre el pueblo nukak y los campesinos fue el único que priorizamos a nivel nacional, respondiendo a una solicitud de la Defensoría y la Procuraduría. El Ministerio del Interior y la Fundación Akubadaura ya venían abonando unos primeros acercamientos. Nosotros decidimos fortalecer esos diálogos. Los problemas que enfrentan los nukaks y las comunidades campesinas se deben resolver de manera intercultural e interétnica. El cumplimiento de los derechos indígenas no va a avanzar si no va de la mano con los derechos de los pueblos campesinos y viceversa. Si las comunidades no resuelven sus problemas entre ellas, es mucho más fácil para los actores armados entrar a hacerlo por medio de la violencia, siendo las instituciones relegadas”, expresó.
Aunque los conflictos que rodean al pueblo nukak y a las comunidades campesinas son más grandes que lo que puede sortear un acuerdo interétnico, líderes como Joaquín Nijbe y campesinos como Lérida Lozano y Ernesto Rodríguez* sostienen que apostarle a la convivencia es esencial para convivir en una tierra que comparten hace años, y para exigir soluciones por parte del Estado. Pueblo nukak y colonos dieron el primer paso. Ahora esperan el acompañamiento de las instituciones territoriales y nacionales.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
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