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Entre las demandas que hay ante distintos estrados judiciales, en las que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) actuó a favor de los pueblos indígenas yukpas en el Cesar, hay un asunto que ha generado tensión e inquietud entre los pobladores del municipio de Becerril. Se trata del proceso de restitución que se adelanta en un juzgado civil especializado de restitución de tierras de Valledupar desde 2018, pero que ha tenido pocos avances. El recurso judicial presentado por esa entidad estatal pretende que se les entregue a 14 asentamientos de esta etnia seminómada aproximadamente 55.000 hectáreas que ellos consideran como territorio ancestral del resguardo Sokorpa.
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El expediente se torna espinoso porque las tierras pretendidas son ocupadas por particulares: desde campesinos víctimas del conflicto hasta poderosos mineros, en un territorio en el que aún hay rastro de grupos criminales como el Eln. La última decisión importante del caso se dio en septiembre de 2020, cuando el juez del caso dictó una medida cautelar sobre 24.000 hectáreas que piden los nativos yukpas como parte de su territorio ancestral -pero que están por fuera del resguardo- y que, por ende, no podrán ser sujeto de ningún trámite ante las autoridades, como ventas, arrendamientos o mejoras, entre otras acciones.
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La postura de los campesinos
El abogado Jaime Luna, representante de algunos campesinos vinculados al caso, le dijo a este diario que “el resguardo Sokorpa ya tiene su territorio demarcado y alinderado (31.610 hectáreas), por lo tanto, pretender terrenos por fuera de dicho resguardo (las 24.000 hectáreas) es victimizar a un sector de propietarios no indígenas, campesinos, productores del sector ovino, con galpones de gallinas ponedoras, piscicultores, agricultures y ganaderos, con justo título del derecho de dominio amparado por la Constitución Nacional en su articulo 58 y con posesión de más de 20 años de buena fe exenta de culpa, donde el mismo Estado ha generado proyectos como el Plan Colombia, con el cultivo de palma y otros”.
Agregó que “se está causando un perjuicio que se torna irremediable al dictarse la medida cautelar por parte del juzgado de restitución de tierras de Valledupar al dejar por fuera del comercio los predios particulares con justo título de dominio, estando por fuera de dicho resguardo indígena y solicitados en restitución para la etnia yukpa por asunto ancestral”. También señaló que en uno de esos predios está la ampliación de la planta de tratamiento de agua que surte a la cabecera municipal del municipio y que iba ser ampliada, pero que con la medida cautelar esa obra no podrá ser ejecutada.
Los asesores jurídicos de los yukpas le contaron a El Espectador que “el Decreto 2164 de noviembre de 1995 del Ministerio de Agricultura da especial protección a los pueblos nómadas y seminómadas, y establece que los terrenos tradicionales usados por estos pueblos y que estén situados en reserva forestal (como el resguardo Sokorpa) solo serán destinados para tal fin. Lo que le hemos dicho a la URT es que en los predios que fueron titulados antes de expedido el decreto no se va a pelear como tal que haya una restitución de tierras, mientras no hayan sido sustraídos de la reserva forestal para otros fines que no fuera el uso de los integrantes del resguardo Sokorpa”.
Las comunidades señalan que desde 1994 no se debieron haber sustraído áreas de las zonas de Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones y del río Magdalena, pues su función solo es compatible para la Constitución y ampliación del territorio yukpa. “El Estado, desde agosto de 1994 a junio de 2019, sustrajo o despojó 10.176 hectáreas de la zona de reserva que son del territorio ancestral yukpa, para darle paso a la minería, que ha secado los ríos y matado a nuestros niños y niñas”, dicen los representantes de los yukpas. Los nativos denuncian que cada año decenas de sus niños mueren a raíz de las afectaciones ambientales y advierten que la situación sigue empeorando.
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Luna dice que Prodeco y Drummond se quedaron con las mejores tierras productivas del municipio, cerca de 30.000 hectáreas, y que esas tierras, por el impacto ambiental, quedaron inservibles. “Ahora se pretende, mediante la demanda de solicitud de restitución de tierras instaurada por la URT, entregarles por territorio ancestral 24.000 hectáreas a los yukpas, a sabiendas de que la mayoría de esas tierras que se encuentran por fuera del resguardo indígena tienen su título de dominio otorgado legalmente y se les quitaría a campesinos víctimas del conflicto con casos resueltos por la misma Unidad de Víctimas”.
En 2018, el juzgado de restitución de Valledupar admitió la demanda y vinculó al proceso como terceros interesados a personas y empresas vinculadas al sector de la minería que se asientan en las tierras en litigio. Destacan dos: Drummond, la multinacional que durante décadas ha explotado varios títulos mineros en el Cesar, y Juan Manuel Ruiseco, expresidente del Grupo Argos y empresario fundamental para las administraciones del clan Char en Barranquilla, en su plan de expansión de infraestructura urbana de la capital del Atlántico. Tanto la empresa estadounidense como Ruiseco figuran como dueños de títulos mineros por 8.000 y 2.000 hectáreas, respectivamente.
Esta no es la primera vez que los yukpas entran en conflictos judiciales con las empresas carboníferas. A principios de abril, el Consejo de Estado dejó intacta una orden judicial que frenó un proyecto de extracción de hidrocarburos en zona protegida de la Serranía del Perijá, hasta que se haga una consulta previa con la comunidad indígena yukpa. El proyecto minero está encabezado por las sociedades Carbones de La Jagua S. A., Consorcio Mineros Unidos S. A. y Carbones El Tesoro S. A., quienes pretenden desarrollar en el área sustraída de las zonas de reserva forestal de Los Motilones y el río Magdalena, en el Cesar.
La justicia también se ha pronunciado a favor de los yukpas en otras dos oportunidades en temas relacionados con la restitución de tierras. La primera la emitió en abril de 2017 un juzgado de restitución de tierras de Valledupar y favoreció a los pobladores del resguardo Iroka en Codazzi, Cesar, que forma parte de los seis pueblos nativos de esa comunidad que pidieron al Estado colombiano que les retornaran territorios sagrados ocupados por colonos y escenarios de guerra entre grupos paramilitares, guerrilleros y la Fuerza Pública en la serranía del Perijá. Ese fallo, que ordena la ampliación del resguardo, no lo ha cumplido el Estado colombiano, según las comunidades indígenas.
La segunda decisión judicial, que también habría tenido la misma respuesta negligente de las autoridades, es la que emitió en 2016 el Tribunal Superior de Cartagena adjudicando cerca de 300 hectáreas y ordenando al Gobierno buscar tierras productivas para los resguardos de Menkue, Misaya y La Pista, ya que gran parte de las que tienen son improductivas e insuficientes para su supervivencia. El Tribunal le jaló las orejas al Estado colombiano porque, desde 2009, cuando la Corte Constitucional declaró al pueblo yukpa en riesgo de desaparición por los altos índices de morbi-mortalidad e inseguridad alimentaria -entre otros problemas- no había hecho nada para solucionar esa dramática situación.
A raíz de estas luchas por los territorios ancestrales de los yukpas, Esneda Saavedra, gobernadora del resguardo Sokorhpa, y el defensor de derechos humanos Edwar Álvarez denunciaron en marzo de 2021 intimidaciones y amenazas en su contra.. “La comunidad de Tierra Grata, (integrantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ECTR) afirman que los asesores de los yukpas somos del Centro Democrático (…) Nos señalan de estar en contra del proceso de paz por solicitar consulta previa a la instalación del ETCR y, por otra parte, la derecha nos señala por estar en desacuerdo por la forma como se hacen los proyectos minero-energéticos”, afirmó la líder a la revista Semana.
Becerril es uno de los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que fueron priorizados por haber sido tan afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Durante los años noventa, en esta zona las Farc, encabezados por Simón Trinidad e Iván Márquez, y los paramilitares de Jorge 40 se disputaron el municipio causando desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, funcionarios asesinados (entre ellos alcaldes y jueces). Un escenario de guerra que dejó heridas profundas y verdades ocultas que las autoridades, a paso lento, intentan esclarecer y resarcir.
El Espectador se contactó con la Drummond. La multinacional señaló que “a la fecha la compañía no ha sido notificada por parte de la Unidad de Restitución de Tierras sobre ninguna demanda que la involucre. En ese sentido, no es posible emitir un pronunciamiento puntual”.
Por David Escobar Moreno
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