Economía de la decisión

Esta columna no se trata de discutir las facultades que la Constitución y la ley explícitamente le entregan a la Procuraduría para disciplinar a funcionarios y servidores públicos. Tampoco se trata de negar los recursos jurídicos que tiene el alcalde para su defensa y que, como hemos visto, son numerosos. Se trata de invitar a la institucionalidad que debe tomar una decisión definitiva y comprehensiva a que lo haga sin dilación, sin ambigüedades y con la oportunidad máxima posible. Lo anterior por cuanto lo que está en juego es el futuro de la ciudad y de su bienestar y porque los costos asociados a esta decisión pueden ser extremadamente altos.

Arranquemos con algunos costos sociales y económicos tácitos. Bien vale la pena preguntarse cuánto les vale al país y a la ciudad el uso y abuso de la figura de la tutela, que para muchos, al ver casos como el que se menciona, se ha convertido en un instrumento perverso. De hecho la propia Corte Suprema ha llamado la atención sobre este asunto. Y no es un hecho de poca monta. La tutela, adecuadamente utilizada, se ha convertido en instrumento para garantizar los derechos fundamentales de la persona en tristes realidades en la salud o la educación.

Un segundo costo asociado a no tomar una decisión definitiva pronta es la ineficiencia operativa y de gestión que cualquier funcionario público tiene por, legítimamente o no, dedicar demasiado tiempo a su defensa. Para no ir muy lejos, la CCI alertó en estos días sobre una muy pobre ejecución de la inversión en infraestructura vial en Bogotá en 2013, que sólo alcanzó el triste 20%. O, de igual forma, otras decisiones apresuradas que pueden tomarse equivocadamente, como la que ha expresado la veedora distrital sobre la denominada máquina tapahuecos que, se dice, genera sobrecostos del 50% en el reparcheo y en donde se habla de un eventual sobregasto de $11.500 millones.

Un tercer costo es la válida preocupación que han expresado algunos gremios en el sentido de que la inversión extranjera o privada en Bogotá puede disminuirse ante la incertidumbre del hecho. Hablamos hoy de deteriorar $2.300 millones anuales.

Un gigantesco cuarto costo, y casi hueco fiscal, es la posibilidad de que, de decidir en contrario a las facultades de la Procuraduría, estaríamos enfrentados a revisar y posiblemente indemnizar en más de $2 billones a muchos elegidos popularmente que fueron destituidos.

A lo anterior sumémosle, así sea por el mero ejercicio económico, el costo de la elección revocatoria que supera los $36.000 millones.

Sobra decir que en este ejercicio no se incluyen los posibles costos asociados a las decisiones administrativas sancionadas, como en el caso de las basuras, que, según un ejercicio de algunos senadores de la República, llega a los $20.000 millones, incluyendo volquetas que no se usaron, costos de exceso de personal no empleado y otros adicionales.

Este análisis preliminar podría significar más de $2,3 billones, lo que proporcionalmente representaría más del 10% del presupuesto de la ciudad y que sería más recomendable que se destinara a políticas de beneficio social y de desarrollo productivo, y no terminara siendo un sobrecosto a contribuyentes bogotanos y no bogotanos.

En síntesis, estamos aquí no sólo frente a un problema político o judicial, sino frente a un serio problema económico de implicaciones sociales para una ciudad que ve todos los días graves deterioros en movilidad, seguridad, desarrollo productivo y competitividad, y que requiere devolverle a muchos el sueño de vivir y producir en ella.

José Manuel Restrepo Abondado*