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En un año debería estar concluyendo otro capítulo en la historia del transporte público en Bogotá. Si todo sale como disponen los cronogramas, el 1° de enero de 2022 deberá estar implementado por completo el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), dando fin a más de medio siglo de Transporte Público Colectivo (TPC), que hoy opera bajo el nombre de SITP Provisional. Por la capital aún circulan unos 4 mil de esos buses y sus propietarios se dividen entre quienes agradecen el cumplimiento de los compromisos del Distrito y quienes creen que los quieren sacar “de afán”, perjudicando a un grupo que ya se vio afectado por la emergencia sanitaria.
El fin del TPC se viene vaticinando hace una década, cuando se puso en marcha el Sistema Integrado, que arrancó de manera formal con los primeros buses azules en 2012. Desde entonces, debido a la mala implementación y a la quiebra de tres de los nueve concesionarios, se viven líos con la operación, que han tratado de resolver las últimas tres alcaldías. Uno de los grandes retos ha sido la salida del sistema provisional. A la actual administración le tocó la fase final, así como algunos de los procesos más complejos: la chatarrización de los viejos buses y la negociación con los propietarios, tanto de los de buses que eran parte de los concesionarios liquidados (Tranzit, Coobús y Egobús), como de quienes aún operan con el viejo sistema.
La gestión con el primer grupo, según el Distrito y los transportadores, avanza a toda marcha. A la fecha han hecho 1.051 pagos por $166.609 millones a pequeños transportadores, que se vieron afectados por la liquidación de tres concesionarios, gracias a la autorización que le dio el Concejo a Transmilenio (TM) para establecer acuerdos de pago, como quedó consignado en el otrosí a través del cual se renegociaron los contratos con los operadores.
Y a la fecha esto se viene cumpliendo, como lo relata Betty Ángel, quien lidera a unos 100 transportadores que entregaron sus buses a Tranzit cuando comenzó a operar y quienes durante tres años no recibieron un peso por el alquiler de sus buses. “Hoy, al grupo de rentistas nos vienen cumpliendo. Además, hicieron convocatorias para que quienes siguen con el Provisional acuerden su salida”, dice. El proceso que aplaude Ángel lo adelantó el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio (FMCS), que empezó a operar en junio y que durante 2020 adquirió 58 vehículos del Provisional. En este momento están en proceso otras 41 negociaciones.
No obstante, otra es la realidad que relatan los propietarios que a la fecha no han negociado sus buses y cuya situación puede ser la gran dificultad para cumplir el propósito de tener el SITP al 100 % en 2022. El principal reparo es contra el Decreto 068 de febrero de 2019, que fija los lineamientos para la negociación. Aunque en el marco de este decreto se han recibido 1.300 postulaciones (883 aprobadas) y ya han comprado 467 vehículos, por los cuales han pagado un total de $71.338 millones, los gerentes de las viejas empresas de transporte creen que les están pagando menos por sus vehículos.
Jimmy Zuleta Ulloa, pequeño propietario y gerente de Cootranskennedy, dice que el gremio está en vilo y no sabe cómo proceder. “No es tan cierto que el proceso vaya viento en popa. El Distrito está tratando de decidir qué vehículos adquiere, según las necesidades de TM, y no explica hasta cuándo trabajamos y cuándo van a pedir cada vehículo”. A juicio de Zuleta, el Distrito debe ser más claro en el cronograma y el pago. “El Provisional ahora está reventado y hace falta claridad para que el pequeño propietario no tome decisiones apresuradas y sin conocimiento”.
Algo similar cree Juan Pablo García, gerente de Cootranspensilvania, quien califica como “absurdo” el proceso de cancelación de rutas del esquema provisional. “Se cancelan rutas y los vehículos deben ser comprados bajo las nefastas condiciones del Decreto 068. No se define la situación de la flota que operaba esas rutas y vamos a tener una cantidad de vehículos operando las rutas que nos van quedando. Ejemplo: nosotros tenemos cinco rutas, nos cancelan tres en unos meses y como la negociación se demora, tendremos todos los buses operando dos rutas”.
Sobre los efectos que consideran “nocivos” de este decreto, Édgar Torres, presidente de la Asociación de Propietarios y Trabajadores Vinculados al SITP (Asocscitp), explica que, a pesar de que TM busca agilizar la salida de los vehículos, si los propietarios en medio de su incertidumbre tardan mucho en acogerse, perderán más del 90 % del valor del carro. “Es una norma abusiva y TM tiene gran afán por implementar el SITP, pero hay cargos exagerados en contra de los pequeños propietarios. La gente está asustada. Se está creando pánico económico por la especulación”.
Respecto a estas dudas, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aseguró que por la pandemia se establecieron tres mesas de trabajo con el SITP Provisional, en las que se han realizado 25 reuniones con las empresas, propietarios y conductores para revisar temas como optimización de los trazados de las rutas, adquisición de vehículos, el proceso de implementación del SITP y desmonte de los servicios del esquema provisional.
“Producto de las mesas de trabajo logramos materializar acciones para aliviar la situación económica que generó la pandemia, como la adquisición de los vehículos a través del cumplimiento de las concesiones del SITP, con el fin de que estos vehículos que ya no estén operando en el SITP Provisional sean chatarrizados”, afirmó.
Los últimos meses de implementación del SITP serán claves, pues mientras los transportadores del Provisional sentirán el coletazo de la pandemia y apenas empezarán a recuperar recursos, el otro grupo avanzará con el proceso de pago y chatarrización de los vehículos que fueron postulados en la segunda convocatoria.
Por Felipe García Altamar
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