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La renovación del Estadio El Campín, después del metro y la PTAR Canoas, es la obra más grande que se proyecta Bogotá. Está a cargo del consorcio Sencia, que desde octubre tomó el control del escenario, con el objetivo de demoler el viejo Nemesio Camacho y entregar en 2029 un moderno complejo deportivo y cultural, con hotel, comercio y oficinas, que proyectan como todo un “hub” de entretenimiento, para 50.000 espectadores. Si bien, las primeras demoliciones serán en noviembre, hay un intenso debate por lo que implica esta transformación para el deporte y la zona, de tradición futbolera.
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En concesión
El 28 de diciembre de 2023, a tres días de entregar el cargo y a falta de otros oferentes, la alcaldesa Claudia López adjudicó la obra al grupo denominado Complejo Cultural y Deportivo El Campín (CDEC), que fueron los promotores de la Alianza Publico Privada y quienes durante seis años estructuraron y ajustaron el proyecto. Finalmente, el contrato lo firmó en junio pasado la alcaldía de Carlos Fernando Galán, luego de que el Distrito sorteara cuatro tutelas y tres acciones populares, que cuestionaban los cambios que se le hicieron al proyecto en la pasada administración y que modificaron casi por completo el original (radicado en la alcaldía de Enrique Peñalosa), que contemplaba espacios dedicados 100 % al deporte.
Hoy, luego de una cesión de contrato, las obras quedaron a cargo del concesionario Sencia, firma que nació de las entrañas de CDEC y que la conforman nueve empresas (tres españolas y una colombo panameña), que recuperará la inversión en la construcción y obtendrá ganancias a través de la operación del escenario por 29.2 años. Si bien, todo ya está en firme, persisten las preguntas, los descontentos y la vigilancia en torno a este contrato, en el que el privado, al menos hasta el año 15 de la concesión, se aseguró gran parte de las utilidades que dejará de recibir el IDRD.
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¿Autogol?
Desde que El Campín está en terreno de juego de Sencia, las preocupaciones han sido visibles: el pasado fin de semana, una protesta de trabajadores del Palacio del Colesterol acompañó la antesala del partido Millonarios vs. Medellín, con la bancada del Pacto Histórico, y esta semana, la concejala María Victoria Vargas (Partido Liberal) reunió en un debate de control político, diversas inquietudes alrededor de lo que viene para el proyecto. Desde contradicciones legales hasta un “autogol” financiero, alertó la cabildante.
Una de las grandes preguntas es ¿por qué el Distrito firmó con Sencia, lo que anteriormente había adjudicado al estructurador del proyecto CDEC? Según la cabildante, esta fue una “jugada” para que se pagaran $20.191 millones (como al parecer sucederá) por “costos de estructuración” al originador del proyecto, es decir, los mismos de Sencia.
Y es que, según el Parágrafo 4, modificado por el Art. 13 de la Ley 1882 de 2018, se pagará “el valor que la entidad pública competente haya determinado como costos de los estudios realizados para la estructuración del proyecto”, solo si el estructurador no resulta seleccionado, cosa que no ocurrió en este caso, pues el estructurador sí ganó el contrato. El IDRD argumenta que la creación de Sencia y las resoluciones que permitieron cederle el contrato, se hicieron bajo la norma y en fin de que se cumplieran los requisitos para asumir las siguientes etapas del contrato.
La cabildante señaló: “CDEC se dio la maña de ceder el contrato a Sencia. Si bien, no es ilegal, el IDRD le reconoce a Sencia S.A.S., en el flujo financiero de la estructuración, los $20.000 millones que gastó CDEC. Este tipo de jugadas, dejan mucho que pensar de lo que será el manejo de esta APP”, dijo.
Ahora, si el negocio es fructífero para la ciudad o no, el pacto es que el IDRD reciba el 1 % de las ganancias de la boletería en estos primeros años de concesión, valor que hoy día, Sencia estima en $118.000 millones anuales, monto atractivo si observamos que, solo el año pasado, gracias a los múltiples conciertos de Karol G, Paul McCartney, entre tantos otros, la entidad obtuvo $14.000 millones por el 12,5 % que le corresponde de la boletería.
El problema es que el 80 % de ese 1 % que recibirá el Distrito durante 15 años, según el literal (VIII) de la sección 3.2 del contrato, deben ser destinados a “la atención de riesgos a cargo del IDRD”. Esto “significa que los recursos que se perciban se destinaran a la misma concesión, la cual tiene por objeto la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura y la ciudad queda recibiendo solo $235 millones”, encontró la cabildante.
No obstante, el contrato sí contempla una contraprestación adicional del 22,6 %, pero con condiciones como que esto empezaría a partir del año 15 de la concesión y con otras que podrían dificultarle a la ciudad recibir estos aportes. Daniel García Cañón, director del IDRD señaló que el instituto “contrató la interventoría con miras a que se reciba efectivamente ese 1 % y, sabemos que ese porcentaje no compensa ni llega a recuperar el total de aportes que veníamos teniendo, pero sí nos dejará una estructura nueva para el instituto y los beneficios para la economía de la ciudad será enorme”.
“En la fase de construcción se invertirán más de $263 mil millones en empleos, mientras que en etapa de operación superan los $313 mil millones solo los empleados directos. En turismo, los cálculos señalan que habrá un gasto superior a los $129 mil millones, solo en el uso de bienes como hoteles y bienes asociados. En cuanto a impuestos, el beneficio directo e indirecto de los impuestos está estimado en más de 167 mil millones de pesos”, señaló Sencia.
Para concluir, todavía se está a la espera la resolución de un recurso de apelación, que instauró uno de los tres ciudadanos sobre el fallo en primera instancia de una acción popular, que problematiza el uso comercial que se le da a algunos predios que donó en 1937 Nemesio Camacho para el deporte, donación en la que, entre otras cosas, pedía que el nombre del estadio se mantuviera, pero el contrato nuevo ya cedió los derechos. A esto se suman las preocupaciones de los trabajadores del Palacio del Colesterol, que por más de 34 años vendieron en inmediaciones de El Campín, de quienes el director del IDRD dice que son los “protagonistas del componente gastronómico del nuevo complejo”.
Cañón hizo énfasis en el debate: “estamos trabajando, haciéndole seguimiento a más de 500 indicadores de servicios. Esta APP es una inversión fresca que el Distrito no habría podido realizar sin esta alianza privada. Para nosotros es muy beneficiosa, porque tendremos una sede administrativa propia. Además, está concebida para la cultura, como lo será la sede para la Filarmónica de Bogotá. Tener más equipamientos hizo posible el cierre financiero. Este puede ser el principal hub más relevante de cultura y entretenimiento de la ciudad”, concluyó.
“El proyecto sigue igual”
Sencia sobre supuesta demolición
Recientemente, circuló información sobre la posible demolición de El Campín para construir el nuevo en el área de El Campincito y de esta manera obtener un espacio para más anfitriones.
No obstante, el concesionario confirmó a este medio que los términos de la obra no han cambiado, aunque sí proyecta llegar a 50.000 espectadores y no 46,500 como se proyectó inicialmente.
La construcción del nuevo estadio se hará por etapas con la demolición y construcción de cada tribuna: primero se demolerá la tribuna oriental y se construirá la nueva gradería, y así sucesivamente con las restantes. Este proceso por etapas se ha realizado en otros estadios del mundo, lo que permite garantizar la continuidad de las actividades deportivas. En paralelo a la construcción del estadio serán construidas las restantes unidades funcionales del proyecto.
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Por Juan Camilo Parra
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