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La cocaína que producían en un laboratorio ubicado en las montañas de Ubalá generaba ganancias por $3.600 millones mensuales. A solo cuatro horas de Bogotá operaba un campamento, dedicado al procesamiento y distribución del alcaloide, que iba a parar a la capital, otros municipios de Cundinamarca y Boyacá.
Para llegar al laboratorio, desde el pueblo, tocaba caminar al menos siete horas entre un espeso bosque. Un sendero de herradura era el único acceso a este centro de ilegalidad, que estaba conformado por una cocina para elaborar el polvo blanco, un dormitorio con capacidad para veinte personas, además de amplias zonas de almacenamiento de insumos.
Aunque no se tiene claro cuándo empezó a operar, las autoridades dicen que podía producir hasta 600 kilos al mes. Lo que sí se podría afirmar es que por un tiempo estuvo bien camuflado, ya que revisando las cifras del Observatorio de la Policía, se evidencia que entre 2018 y 2019 no hubo incautaciones de cocaína en el municipio de Ubalá.
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Los decomisos comenzaron el 5 de octubre de 2020, cuando fueron retenidos 257 kilos de cocaína y 19 gramos de pasta de coca; siguieron en marzo de este año, con la incautación de 189 gramos de base de coca, y en noviembre, con el decomiso de cinco kilos.
A pesar de que no se confirmó que el alcaloide saliera de dicho campamento, las estadísticas evidenciarían que desde el año pasado aparecieron en el radar de las autoridades los primeros movimientos de esta sustancia en la población. Entonces, no se descarta que desde esa misma fecha el sitio esté funcionando, aun cuando la Policía insista en que llevaría escasos seis meses de instalado.
Otro aspecto que genera sospecha y está en el radar de las autoridades, por su posible vinculación al laboratorio, es que un mes antes de ser descubierto la Policía retuvo en Puente Aranda un camión con 1.010 galones de sustancias químicas líquidas y 650 kilos de sustancias químicas sólidas, elementos con los que se podrían producir hasta 4.761 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
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El laboratorio de Ubalá fue desmantelado. De no haber sido por un par de moradores de la vereda La Primavera, ubicada en la parte alta del municipio, quienes advirtieron a mediados de este año actividades extrañas, el sitio seguiría funcionando, a casi 130 kilómetros del corazón de Colombia.
Este reciente caso es similar al escándalo del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, dueño de una finca en Guasca (Cundinamarca), en donde se halló un laboratorio para producir cocaína, en febrero de 2020. A principios de este año, cuando los mayordomos del predio decidieron colaborar con la justicia, indicaron que el exfuncionario sí tenía conocimiento del lugar.
Estos dos laboratorios, separados por unos 80 kilómetros, demostrarían la veracidad de la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo en el primer semestre de este año. El documento señala que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo, como las Águilas Negras, Los Paisas y Los Boyacos, entre otros, se estarían disputando el control de nuevas rutas de tráfico de droga.
La alerta estableció, entre otras cosas, que estas redes delictivas habrían abierto corredores de expendio y transporte, que irían por la zona occidental de Bogotá, desde Sibaté hasta Chía, con el fin de ejercer control por medio de la instalación de laboratorios móviles para el procesamiento de estupefacientes. Medida que ya había sido empleada por los narcotraficantes, pues en mayo de 2018 cuatro hombres fueron capturados en Sibaté, por instalar un laboratorio móvil para procesar cocaína.
Además, el caso de Fernando Sanclemente y el del laboratorio en Ubalá dejarían ver que, a pesar de que la zona oriental de la capital fue señalada en la alerta, se estaría convirtiendo en el nuevo objetivo para la expansión de la criminalidad, o estas estructuras habrían migrado, debido al seguimiento que adelantan las autoridades.
Las incautaciones de cocaína se incrementaron en Cundinamarca en los últimos cuatro años, pasando de dos toneladas en 2018 a casi doce este año. Además, en el mismo período, Ubalá ocupó el tercer puesto, con 262.795 gramos de cocaína incautada, superada por Bogotá (con casi 19 toneladas) y Suesca (media tonelada). Estas cifras revelan que el alcaloide, además de estar siendo procesado en los municipios que rodean a la capital, se estaría distribuyendo en mayores cantidades en esas mismas zonas.
Según Camilo Niño, profesor de la Universidad de La Salle, el acercamiento de los laboratorios de procesamiento de droga a Bogotá respondería a las nuevas dinámicas de grupos al margen de la ley para operar alejados del foco de las autoridades. “En los cascos urbanos o en las ciudades más grandes, las hipótesis de fumigación, radicación y militarización, con el objetivo de acabar los cultivos, pierde todo sentido y significa que nos estamos enfrentando ante una manifestación que se puede entender como un repliegue del narcotráfico, como un repliegue de las plantaciones de cultivos ilícitos”, dijo el docente, quien aseguró que situaciones como estas dejan un mensaje de que la lucha contra el narcotráfico está perdida y por más de que “caiga Otoniel, o haya caído Pablo Escobar, o el mismísimo Osama bin Laden, ni el terrorismo, ni el crimen organizado van a desaparecer”, agregó Niño.
Lo dicho hasta ahora por la Defensoría del Pueblo encuentran respaldo en las acciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía con sus últimos hallazgos, con lo que la alerta toma mayor relevancia y obliga a buscar cómo blindar la región de manera oportuna. Hoy la labor de la Policía y el Ejército se concentra en ubicar a las organizaciones delictivas, atrapar a sus cabecillas, desarticularlas y así atacar sus brazos operativos. No obstante, la tarea se debe reforzar, pues, como quedó en evidencia, los grupos criminales siguen encontrando la manera de hacerle el quite a la ley, cada vez más cerca de Bogotá.
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